A punto de cumplirse veinte años de la reforma del Estatuto valenciano, el balance del autogobierno invita a una reflexión serena. No basta con contabilizar leyes aprobadas ni con medir la intensidad de los discursos. Para valorar qué gobiernos han profundizado realmente en el desarrollo estatutario conviene distinguir entre tres planos: la producción legislativa, la capacidad de influencia política y la solidez institucional.
El verdadero desafío no es dirimir qué gobierno fue más autonomista, sino asumir que el autogobierno debe ser una política compartida y estable
A punto de cumplirse veinte años de la reforma del Estatuto valenciano, el balance del autogobierno invita a una reflexión serena. No basta con contabilizar leyes aprobadas ni con medir la intensidad de los discursos. Para valorar qué gobiernos han profundizado realmente en el desarrollo estatutario conviene distinguir entre tres planos: la producción legislativa, la capacidad de influencia política y la solidez institucional.
La reforma de 2006 supuso un salto cualitativo. Amplió competencias, reforzó la arquitectura de la Generalitat, incorporó nuevos derechos sociales y abrió la puerta a la recuperación del Derecho civil foral. Más que una actualización técnica, fue una redefinición del papel de la Comunitat Valenciana en el concierto autonómico.
Desde entonces se han sucedido tres etapas. La primera, tras la reforma, coincidió con el último ciclo de gobiernos populares. La legislatura iniciada en 2008 asumió el reto de convertir el nuevo Estatuto en normas efectivas. Se creó una dirección general específica y órganos técnicos consultivos para consolidar las nuevas competencias; coordinándose el trabajo interdepartamental a través de una primigenia estrategia gubernamental; impulsándose una agenda legislativa ambiciosa para ocupar el espacio competencial reconocido en 2006.
En ese contexto vieron la luz la Carta de Derechos Sociales y varias leyes civiles —sobre régimen económico matrimonial, uniones de hecho o custodia compartida— que aspiraban a reconstruir un ámbito jurídico valenciano propio. Aquella estrategia buscaba afirmar la capacidad normativa de la Generalitat. Sin embargo, la anulación de las principales normas civiles por el Tribunal Constitucional limitó su alcance y evidenció los estrechos márgenes del modelo consolidado.
Con el Botànic (2015-2023), el foco viró. El autogobierno dejó de articularse como una política específica con estructura propia, perdiendo intensidad legislativa pero ganando, como contrapartida, presencia en el debate público. La reivindicación de una financiación justa -que llegó a aglutinar un frente común y unido de casi la totalidad de fuerzas políticas valencianas- y las iniciativas para reformar la Constitución -primero en clave federal y, más tarde, aprovechando la oportunidad para la reintegración efectiva de la capacidad de la Generalitat para legislar en materia civil- situaron la agenda valenciana en el escenario estatal. A pesar de los esfuerzos, el resultado de ambas sería nulo sin que se llegasen a consolidar instrumentos estables que garantizasen su continuidad estratégica. En clave estatutaria, aunque se analizaron los rendimientos y perspectivas de actualización de la norma institucional básica de los valencianos, nunca se materializó ningún texto articulado que, tras cuatro décadas del originario y a casi la mitad del reformado, actualizase la puesta al día de nuestro autogobierno.
Desde 2023, primero en coalición y después con un Consell en solitario del PP, las políticas de fomento del autogobierno han quedado en un segundo plano. Persisten las reivindicaciones clásicas —financiación, señas de identidad, reintegración civil—, pero sin una hoja de ruta clara, ni tampoco una estrategia definida a pesar de que el grueso del plan legislativo del Consell ha sido impugnado por el Gobierno de la Nación. En un momento en que se debaten cuestiones cruciales como la financiación singular, el plurilingüismo y la protección de los derechos lingüísticos o, incluso, la presencia autonómica en las estructuras del Estado y en los organismos internacionales, la Comunitat no puede quedar al margen de tales debates.
Volviendo al título que resume este artículo ¿cuál ha sido el Consell más fiel a la profundización autonómica? Pues como todo, depende del baremo que utilicemos. Si se atiende al impulso legislativo y a la creación de estructuras específicas, la etapa 2008-2011 fue la más decidida. Si se valora la capacidad de trasladar y proyectar las reivindicaciones valencianas al debate estatal, el Botànic otorgó mayor visibilidad política al autogobierno. El periodo actual, por ahora, no ofrece un perfil bien definido, aunque todavía resta la posibilidad de que puedan reactivarse las alianzas para devolver al desarrollo estatutario y fomento del autogobierno la relevancia que merece en el programa gubernamental.
Dos décadas después, la Comunitat Valenciana sigue afrontando retos estructurales: una infrafinanciación persistente, la imposibilidad de desarrollar plenamente su Derecho civil foral y la ausencia de una estrategia institucional sostenida en el tiempo. La experiencia de territorios como el País Vasco o Cataluña demuestra que el autogobierno sólo se consolida cuando se convierte en una política eficaz, con abundancia instrumental y visión de largo plazo.
La lección de estos veinte años es clara: el autonomismo no se mide por la retórica ni por el número de normas aprobadas, sino por la capacidad de traducir el Estatuto en resultados tangibles y duraderos. El verdadero desafío no es dirimir qué gobierno fue más autonomista, sino asumir que el autogobierno debe ser una política compartida y estable. Solo así dejará de ser un argumento coyuntural para convertirse en un proyecto de país.
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