Los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, comenzará a aplicarse mañana , aunque se va a dar un mes de plazo a las entidades públicas «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes».La resolución especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas se aplicará a la Administración General del Estado (AGE) y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social . También a «los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE».No se aplicará, sin embargo, al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico. Asimismo, la instrucción también recoge que la nueva jornada «no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones». CSIF ha exigido la aplicación del recorte horario en todos los ámbitos del Estado, ayuntamientos y empresas públicas, «de lo contrario -aseguran- nos reservamos emprender medidas legales ».Noticia relacionada general No No La Justicia europea exige a España indemnizaciones más altas por abusar de la temporalidad en el sector público Susana AlcelayLa implantación de la nueva semana laboral se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano . La instrucción incide en que la implementación «se realizará garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias». Los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, comenzará a aplicarse mañana , aunque se va a dar un mes de plazo a las entidades públicas «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes».La resolución especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas se aplicará a la Administración General del Estado (AGE) y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social . También a «los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE».No se aplicará, sin embargo, al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico. Asimismo, la instrucción también recoge que la nueva jornada «no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones». CSIF ha exigido la aplicación del recorte horario en todos los ámbitos del Estado, ayuntamientos y empresas públicas, «de lo contrario -aseguran- nos reservamos emprender medidas legales ».Noticia relacionada general No No La Justicia europea exige a España indemnizaciones más altas por abusar de la temporalidad en el sector público Susana AlcelayLa implantación de la nueva semana laboral se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano . La instrucción incide en que la implementación «se realizará garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias».
Los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) trabajarán dos horas y media menos a la semana. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge una resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública que reduce la jornada laboral de estos … empleados a 35 horas a la semana, tal como se comprometió el departamento de Óscar López con CC OO, UGT y CSIF. El acuerdo, sellado el 27 de marzo, comenzará a aplicarse mañana, aunque se va a dar un mes de plazo a las entidades públicas «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes».
La resolución especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas se aplicará a la Administración General del Estado (AGE) y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. También a «los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE».
No se aplicará, sin embargo, al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico. Asimismo, la instrucción también recoge que la nueva jornada «no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones». CSIF ha exigido la aplicación del recorte horario en todos los ámbitos del Estado, ayuntamientos y empresas públicas, «de lo contrario -aseguran- nos reservamos emprender medidas legales».
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La implantación de la nueva semana laboral se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. La instrucción incide en que la implementación «se realizará garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias».
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