Nuevo movimiento de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, para recuperar los mensajes que cruzó el día de esta catástrofe, el 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete y mano derecha del president Carlos Mazón.
La magistrada trata de recuperar la información que José Manuel Cuenca, que formateó su teléfono, cruzó con la cúpula de la Generalitat durante la catástrofe natural
LA INVESTIGACIÓN DE LA DANA
La magistrada trata de recuperar la información que José Manuel Cuenca, que formateó su teléfono, cruzó con la cúpula de la Generalitat durante la catástrofe natural
Nuevo movimiento de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, para recuperar los mensajes que cruzó el día de esta catástrofe, el 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete y mano derecha del president Carlos Mazón.
Tras acreditarse que este alto cargo formateó su móvil —un iPhone 14 Pro Max— antes de devolverlo a la Generalitat el pasado enero, la magistrada activó la maquinaria para rescatar sus comunicaciones durante la riada con la cúpula del Consell.
La jueza acuerda librar una orden de investigación europea a Telegram en Bruselas (Bélgica) y una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a WhatsApp en EE. UU. Trata así de recuperar los mensajes borrados por el ex todopoderoso jefe de gabinete con la exconsejera de Justicia e Interior y principal investigada en la causa, Salomé Pradas; el exdirector general de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso; o Cayetano García, que fue secretario autonómico de Presidencia, entre otros altos cargos.
Cuenca, que fue destituido en diciembre por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, adujó a la instructora que la información desapareció de su terminal tras un cambio de portabilidad. La magistrada le instó entonces a acudir al juzgado con su tarjeta SIM, pero los técnicos no consiguieron extraer su contenido. Un flujo de datos que resulta clave y desmonta la estrategia de defensa de este asesor de confianza de Mazón. Mientras que en el juzgado de Catarroja, durante sus dos declaraciones como testigo, sostuvo que jugó un papel secundario en la gestión de la emergencia (se presentó como periodista), los wasaps aportados por la exconsejera Pradas a la instructora en un acta notarial sitúan a Cuenca como un actor protagonista en la crisis. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, llegó a pedirle el jefe de gabinete a la consejera en lo peor de la tragedia.
La magistrada también ha acordado este lunes citar como testigos –una condición que obliga a decir la verdad- a los policías autonómicos que trabajaron en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo de Emergencias) durante la desgracia. Se trata del dispositivo de crisis que tomó decisiones clave, como el envío de la alerta masiva a móviles, Es Alert. Una notificación que -según la instructora- si se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas. La jueza también cita como testigos a dos operarios de la presa de Buseo (Chera, Valencia).
En una de sus últimas resoluciones, la magistrada desestima también la petición de una acusación particular para investigar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica- y la conexión con la tragedia de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas. “No existe relación causal” con los 230 fallecidos que dejó la riada de octubre de 2024, argumenta la instructora.
Al cerrar, una vez más, la puerta a indagar en la CHJ, la jueza desmonta, de nuevo, la teoría del apagón informativo que han defendido con vehemencia la Generalitat, el PP y los dos exaltos cargos de Mazón investigados: la exconsjera Pradas y quien fuera su número dos durante la riada, Emilio Argüeso. Su teoría apuntaba que, si la administración autonómica no reaccionó a tiempo ante la tragedia, fue porque organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la CHJ o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no reportaron a tiempo a la Generalitat la magnitud de la inundación más mortífera de España.
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