Una de cal y otra de arena. El mismo día en que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno ha vuelto a tambalearse —tras unir Junts sus votos a los de PP y Vox para rechazar la reducción de la jornada labora—, el Ejecutivo saca pecho gracias al avance de otra norma. Los socios de investidura, incluida la formación de Carles Puigdemont, han tumbado el veto planteado por Vox al proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital.
Los socios rechazan el veto planteado por Vox y dan aire al Ejecutivo en el mismo Pleno en el que decae la reducción de jornada laboral
Una de cal y otra de arena. El mismo día en que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno ha vuelto a tambalearse —tras unir Junts sus votos a los de PP y Vox para rechazar la reducción de la jornada labora—, el Ejecutivo saca pecho gracias al avance de otra norma. Los socios de investidura, incluida la formación de Carles Puigdemont, han tumbado el veto planteado por Vox al proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital.
El partido de Santiago Abascal registró una enmienda a la totalidad del texto salido del Consejo de Ministros a finales de marzo acusando al Ejecutivo de “imponer una visión totalitaria” en niños y adolescentes a través de la futura norma. Aunque Vox ha aprovechado este miércoles el debate para acusar a su vez a los socialistas de desproteger a las “niñas violadas o agredidas sexualmente a manos de inmigrantes en los últimos meses”.
Pero el veto de Vox solo ha recibido el respaldo del PP en forma de abstención. Los populares, por su parte, han asegurado que el PSOE ha “utilizado” el debate de la norma como “tapadera” de los casos de corrupción del presidente, coincidiendo con “la citación judicial de la esposa de Sánchez”. Con el paso dado este miércoles en el Congreso al tumbar la enmienda a la totalidad de la formación de Abascal, la norma salva el primer obstáculo en la cámara, avanza en su tramitación parlamentaria y da algo de aire durante un duro pleno para la coalición.
El proyecto de ley señala como “crucial” la protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual por “los riesgos y perjuicios” que el uso de móviles y otros dispositivos puede conllevar. Entre ellos, problemas de salud físicos, psicológicos y emocionales, dificultades de interacción social o problemas en el desarrollo cognitivo, además de una insensibilización cada vez mayor ante la violencia ―especialmente la sexual―, el ciberacoso, el aumento de casos de explotación y abusos de menores, los gastos económicos para las familias por fraudes y la desinformación, la manipulación y la construcción de falsas creencias, cada vez más extendidas entre los menores, según los estudios de múltiples organismos nacionales e internacionales emitidos en los últimos años.
En la redacción de la ley han trabajado cinco ministerios (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Transformación Digital, Juventud e Infancia y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, e Igualdad). Durante el pleno de este miércoles, el encargado de defender su contenido frente al veto registrado por Vox ha sido el ministro del primer departamento, Félix Bolaños. “Ni siquiera la enmienda a la totalidad niega el problema de base: que existe un problema en la relación de nuestros menores de edad con los medios tecnológicos ―con los móviles, con las tablets―, que hay unos avances tecnológicos también en redes sociales, en el acceso a Internet, y que todo ello entraña riesgos para nuestros menores”, ha esgrimido el dirigente socialista en la tribuna.
“No se queda solo en sanciones o prohibiciones, plantea una estrategia nacional que atraviesa el ámbito educativo para enseñar a usar las tecnologías de forma responsable”, ha añadido luego el diputado de Sumar Nahuel González. “La clave es también dar herramientas a la infancia y a las familias para moverse con seguridad y con criterio en el mundo digital”, ha remachado. Desde el bloque de investidura también intervinieron el diputado del PNV, Mikel Legarda, y la parlamentaria de ERC, Pilar Vallugera. Ambos se pronunciaron a favor de la regulación de la ley. Aunque Legarda arrojó dudas sobre si suponía “injerencias” en competencias autonómicas o sobre la “proporcionalidad de ciertas medidas”. Mientras Vallugera destacó que debería haberse tramitado en la Comisión de Infancia y no de Justicia como finalmente ha ocurrido.
La nueva ley incorpora delitos nuevos al Código Penal y además amplía algunos que ya existen. También se agravan varias penas. Entre las novedades, se prevén sanciones contra los deepfakes ―imágenes, estáticas o en movimiento, o voces manipuladas tecnológicamente y que parecen reales― para adultos y menores ―aunque con especial protección para los segundos―; se persigue expresamente el grooming ―cuando un adulto se hace pasar por adolescente y, con una identidad falsa o usurpada, contacta con menores a través de Internet para lograr favores sexuales― o el ciberbullying. Y se establecen los 16 años como edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales. Así, la norma recoge la obligación de que los dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto ―que se activará en el momento de su configuración inicial― de servicios, aplicaciones y contenidos, que debe ser gratuito.
Rechazo de la oposición
Desde el lado de la oposición, Vox, responsable del registro de la enmienda a la totalidad de la ley, considera que se excluye a los padres del control de los dispositivos de los menores. “Por mucho que ustedes lo repitan, los hijos no son del Estado”, ha argüido la diputada ultra Blanca Armario, quien ha apuntado además hacia un “control político de Internet” por parte del Ejecutivo como motivo para fundamentar o su veto o porque el contenido del texto incluye otros asuntos “que nada tienen que ver con la infancia”, en referencia expresa a los deepfakes.
Por su parte, el Partido Popular también ha mostrado su postura en contra de la norma bajo el argumento de que el Ejecutivo pretende utilizar “esta ley como tapadera de los problemas de corrupción” de Sánchez coincidiendo con “la citación de la esposa del presidente” en los juzgados de Plaza de Castilla. Con esas palabras se ha expresado el diputado del PP Juan Luis Pedreño, asegurando que la norma supone una “desprotección” y “traición” a las familias porque su contenido no ataja el problema de manera adecuada, ha sostenido. “Si hubiera querido [el Gobierno], ya tendríamos la solución, pero el Gobierno no quiere, salvo que le salpique un nuevo caso de corrupción”, ha sentenciado Pedreño.
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