Todos los países de Europa han sido contaminados por el movimiento antifeminista y contrario a los derechos LGTBIQ+. Además, el impacto del lobby contra las políticas de género no ha dejado de crecer en los últimos 25 años en los 47 países analizados, según una investigación publicada este jueves y elaborada por la organización Forbidden Colours, especializada en democracia y derechos LGTBIQ+ y con sede en Bruselas. “Desde el año 2000, los avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en Europa han eclipsado un movimiento antigénero que se ha ido organizando en contra”, resume Vincent Reillon, responsable de la investigación. Además, el experto alerta de que esa reacción “es ahora lo suficientemente fuerte como para bloquear nuevos progresos e incluso revertirlos”.
Una investigación de la organización Forbidden Colours analiza la influencia del ‘lobby’ contrario a las políticas de género en 47 países europeos
Todos los países de Europa han sido contaminados por el movimiento antifeminista y contrario a los derechos LGTBIQ+. Además, el impacto del lobby contra las políticas de género no ha dejado de crecer en los últimos 25 años en los 47 países analizados, según una investigación publicada este jueves y elaborada por la organización Forbidden Colours, especializada en democracia y derechos LGTBIQ+ y con sede en Bruselas. “Desde el año 2000, los avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en Europa han eclipsado un movimiento antigénero que se ha ido organizando en contra”, resume Vincent Reillon, responsable de la investigación. Además, el experto alerta de que esa reacción “es ahora lo suficientemente fuerte como para bloquear nuevos progresos e incluso revertirlos”.
Ese “movimiento antigénero”, como define la pionera investigación, engloba a todos aquellos actores que llevan a cabo actividades que buscan limitar, cuestionar o atacar los derechos reproductivos de las mujeres, como el aborto, y los derechos LGBTIQ+. Se trata de una constelación de instituciones religiosas, partidos políticos, think tanks, organizaciones especializadas en judicializar cualquier avance (como Abogados Cristianos), colectivos de la sociedad civil o medios de comunicación que comparten una inquina contra lo que denominan “ideología de género”, según se explica en el informe, titulado Observatorio del odio: cómo el movimiento antigénero se expande en Europa, 2000-2025 (The Hate Review: How the Anti-Gender Movement Spread Across Europe, 2000–2025).
En los últimos diez años, ese movimiento contrario al feminismo, al aborto o a los avances LGTBIQ+ ha pasado de ser una reacción en las calles a instalarse en los parlamentos, a formar parte de coaliciones de gobierno e incluso a controlar el Ejecutivo en algunos Estados. “Hace dos décadas, el movimiento antigénero tenía éxito en menos de un tercio de sus propuestas. En el período más reciente, su tasa de éxito supera el 50%”, alerta la investigación, que ha analizado todos los países que forman parte del Consejo de Europa (46) más Rusia. Para ello se han basado en más de 3.200 elementos fuente, “actividades y actores antigénero identificados de manera individual”, que pueden ser desde la presentación de un proyecto de ley que recorta derechos, el inicio de un proceso judicial, la celebración de una manifestación o el recorte de la formación sobre feminismo o diversidad en centros educativos.
El trabajo establece un baremo con siete niveles, que van desde el conservadurismo estructural, el más bajo (1), hasta el secuestro del Estado por parte del movimiento antigénero (7). Islandia, el país más resiliente al odio de los estudiados, está en el nivel dos ―es decir, una movilización significativa del lobby antigénero―, como Luxemburgo y Noruega. Rusia, Turquía o Georgia se sitúan en el nivel más alto. España, con una “consolidación moderada”, está en el nivel cinco. “Es uno de los países más fuertemente contaminados en 2025”, recoge el informe, “junto a Italia, Rumania y el Reino Unido, con Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Portugal muy cerca”.
Esta disonancia entre políticas públicas ―España es el país europeo más garantista de los derechos LGTBIQ+, según el Mapa Arcoíris que elabora anualmente la organización internacional ILGA― y el auge de discursos e iniciativas antifeministas y lgtbifóbicas no es una paradoja. “Los avances legales y en derechos de las últimas décadas son precisamente aquello contra lo que se organizó el movimiento antigénero y la base de su crecimiento”, detalla Reillon, responsable de políticas públicas de Forbidden Colours y con experiencia como analista político en el Serviciode estudios del Parlamento Europeo.
La investigación también traza la evolución de este movimiento acotada en tres fases. Así, establece que entre los años 2000 y 2010 construyeron una estructura dentro de la sociedad civil. En el caso de España, el punto de partida es 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario y las organizaciones ultraconservadoras Foro de la Familia y Hazte Oír, con el apoyo de la Conferencia Episcopal y el Partido Popular, convocaron manifestaciones e iniciaron iniciativas legales para declararlo inconstitucional.
A partir de 2010, la agenda antifeminista y contraria a la diversidad sexual y de género ya llegó a la política, “con unos 52 partidos políticos antigénero fundados en 32 países, en su mayoría formaciones de extrema derecha y nacional-populistas”. Vox se presentó en sociedad en 2013 y cuatro años después, HazteOír, con su autobús tránsfobo como estandarte, se internacionalizó bajo la marca CitizenGo. En la última década ha sido cuando el lobby antigénero ha tocado el poder, expandiendo su retórica en parlamentos regionales y estatales, gobernando en coalición con partidos conservadores, como los acuerdos de PP y Vox en múltiples comunidades y ayuntamientos españoles, o haciéndose con el control del Gobierno central, como actualmente en Italia o previamente en Polonia y Hungría.
A pesar de ese empuje,dos de cada tres proyectos de ley de corte antifeministas y de recorte de derechos LGBTIQ+ siguen siendo rechazados o retirados ―como los intentos de Madrid y Valencia de recortar sus leyes regionales de protección al colectivo, que fueron paradas por el Tribunal Constitucional tras sendos recursos del Gobierno central―. Sin embargo, otras vías sí han mostrado mayor eficacia, pues las regulaciones, como el veto en un municipio de la Comunidad Valenciana a los libros LGTBIQ+ por parte de Vox, no solo han salido adelante, sino que han sido cinco veces más frecuentes que las leyes aprobadas.
Otra de las claves del informe es que la contaminación antigénero, una vez establecida, no retrocede: en los 25 años que abarca el análisis, ninguno de los 47 países ha registrado una disminución de esta. Aunque sí se recoge el caso de Polonia ―que tras una década de gobierno de la extrema derecha, en dos periodos, y con profusión de leyes machistas y lgtbifóbicas,acabó perdiendo las elecciones en 2023― y menciona Hungría, que en las últimas elecciones, de este año, no apoyó mayoritariamente al ultra de Viktor Orbán, tras 16 años en el poder; el texto destaca que “el impacto del movimiento antigénero en las instituciones y la legislación se ha movido poco”.
“Un marco jurídico garantista de derechos no constituye una protección”, añade Reillon: “Las leyes [feministas o LGTBIQ+] pueden ser atacadas y revertidas, y en varios de los países examinados ha ocurrido. Lo que protege a un país no es una buena legislación, sino la ausencia de un movimiento antigénero con capacidad para desmantelarla”. La base de esa complejidad para deshacerse del odio subyace en la “fuerte correlación” entre el auge del movimiento antigénero en un país y la degradación de la democracia en el mismo. “A medida que este se afianza, desmantela los medios de comunicación independientes, cercena las libertades cívicas y elimina los controles sobre el poder”, destaca el responsable de la investigación.
El trabajo apunta que, para contrarrestar a este lobby del odiode forma duradera, se requiere de una actuación temprana, antes de que logre inocular su discurso de odio en la sociedad, además de una coordinación internacional de los defensores del feminismo y los derechos LGTBIQ+, del mismo modo que ya hace la internacional reaccionaria.“El análisis recoge acciones colectivas más que individuales. Por tanto, un aumento de estas acciones refleja un aparato bien estructurado”, destaca Reillon.
Aunque en el Observatorio del odio ahondan en el crecimiento país por país del lobby antigénero, lo que podría parecer 47 historias nacionales independientes en realidad es “un único movimiento europeo conectado”, constata el investigador, que ha aplicado los principios de la política comparada y ha contado con el apoyo de una veintena de ayudantes. Además, el trabajo ha sido revisado por 36 pares externos, con especialistas en los países analizados.
“El movimiento antigénero no es únicamente una amenaza para las personas LGTBIQ+, las mujeres y los derechos reproductivos”, añade el director del trabajo: “Se ha convertido en una amenaza para la democracia europea y el Estado de derecho”.
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