La ONU ha mandado una carta al Gobierno de Portugal para evitar que se recorte la ley trans lusa, aprobada en 2018. En la misiva, el Alto Comisionado del organismo para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido a los diputados que reconsideren los cambios propuestos por los partidos de derecha a ley sobre identidad de género porque impactan en “el ejercicio de varios derechos humanos, consagrados en tratados ratificados por Portugal”.
El alto comisionado del organismo para los Derechos Humanos teme que se vuelva a “patologizar la identidad de género”
La ONU ha mandado una carta al Gobierno de Portugal para evitar que se recorte la ley trans lusa, aprobada en 2018. En la misiva, el Alto Comisionado del organismo para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido a los diputados que reconsideren los cambios propuestos por los partidos de derecha a ley sobre identidad de género porque impactan en “el ejercicio de varios derechos humanos, consagrados en tratados ratificados por Portugal”.
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Para Türk, la aprobación de esos recortes conlleva el riesgo “de volver a patologizar la identidad de género y afectar negativamente a los derechos a la privacidad, a la autonomía y a la autodeterminación de las personas trans”, ha detallado en el escrito, que fue remitido al Ejecutivo luso el 25 de agosto y fue desvelado por la edición portuguesa de Público. Unos argumentos similares a los que utilizaron las principales organizaciones de defensa de derechos LGTBIQ+ portuguesas para criticar el cambio.
La Asamblea de Portugal, con un 70% de escaños controlados por la derecha o la extrema derecha, aprobó en marzo iniciar los trámites para recortar la ley trans, en vigor desde hace ocho años. Las dos formaciones de la alianza gobernante, formada por el PSD junto al CDS-PP, así como los ultras de Chega presentaron diferentes propuestas para modificar la norma. Todas se aprobaron (con 159 votos a favor y 79 en contra, los de la oposición de izquierda junto a los liberales de Iniciativa Liberal).
El recorte defendido por el PSD ―el partido mayoritario de la coalición gobernante y al que pertenece el primer ministro Luís Montenegro―, prohíbe cualquier tipo de terapia de afirmación de género para menores, así como el cambio registral. A los mayores de 18 años se les obliga, además de a tener nacionalidad portuguesa, a ser diagnosticados con “incongruencia de género” para poder iniciar la transición.
“Una prohibición absoluta de los tratamientos de afirmación de género para los menores, independientemente de su edad, suscita preocupaciones en relación con un conjunto de derechos humanos, incluido el derecho a la salud y a la no discriminación, el derecho del niño a expresar libremente su opinión y a ser escuchado, así como a que su interés superior sea una consideración primordial, particularmente en lo que respecta al principio de proporcionalidad”, ha detallado el Alto Comisionado de la ONU.
La modificación de Chega ―segunda fuerza parlamentaria, por delante de los socialistas― sigue el decálogo tránsfobo de la internacional reaccionaria, y que en EE UU está aplicando el Gobierno de Trump. Así, plantean prohibir que las personas trans usen baños públicos (en Reino Unido se ha aprobado una medida similar) o que las mujeres del colectivo participen en competiciones deportivas o que, si tienen que cumplir una condena lo hagan en cárceles de mujeres. “Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer”, afirmó una de las diputadas ultras durante la exposición de su propuesta.
El líder de Chega, André Ventura, ha respondido a la carta del representante de Naciones Unidas afirmando que su partido no retirará en ningún caso su proyecto de ley. A esto añadió que no corresponde a la ONU decidir lo que puede aprobar o no el Parlamento portugués. Desde el CDS-PP han descrito la carta de Türk como “una injerencia inaceptable” y han mostrado también su negativa a retirar su propuesta, que, en sus palabras, “busca proteger los derechos de los niños”. El PSD, aunque crítico, ha mostrado más cautela. De hecho, la misiva del alto representante de la ONU va dirigida principalmente a los conservadores, que con sus votos pueden decidir el futuro del recorte.
En caso de que los diputados no retiren los recortes propuestos, Türk ha pedido una revisión del cambio legislativo mediante “consultas transparentes e inclusivas, con el fin de garantizar su conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Por su parte, la oposición ha celebrado la intervención de la ONU. Desde el Bloco de Esquerda, que presentó su preocupación al organismo internacional tras la aprobación en marzo de la propuesta de recortes, han pedido al gobernante PSD que reflexione y actúe “con conciencia” con respecto a las personas trans.
La ofensiva contra los derechos trans también ha llegado a España. El responsable de políticas LGTBI+ del PP, Jaime de los Santos, anunció en pleno Orgullo que para realizar el cambio de sexo su partido pedirá que “se demuestre una disforia de género” y un “informe psicosocial”. Para ello, se debería bien recortar la ley trans, bien derogarla y aprobar otra norma. Desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) criticaron ese anuncio: “Hay personas que dicen que su partido no va a consentir pasos atrás en los derechos LGTBI+, pero en realidad defienden recortes de las leyes vigentes”.
Estas propuestas, así como otros ataques a los derechos LGTBIQ+ defendidos por la ultraderecha y en ocasiones también por la derecha tradicional, se pueden enmarcar en los conceptos de biopolítica y biopoder, descritos por el filósofo y sociólogo Michel Foucault en los años setenta. En sus textos se define el biopoder como una manera de ejercer poder sobre la vida biológica de la especie humana mediante el control disciplinario de los cuerpos y los individuos. Para asegurarse ese control se aplican biopolíticas para vigilar y administrar a las personas.
Foucault introdujo estos conceptos al considerar que la noción básica de poder, definida en términos de soberanía y Estado, no recogía el impacto del mismo en ámbitos como la familia, la sanidad o el espacio laboral. En los regímenes autoritarios, el biopoder y las biopolíticas se aplican hasta el extremo, pues el Estado asume la máxima autoridad para la validación de las vidas y de los cuerpos.
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