La presión para reducir las bajas laborales y la larga duración que tienen algunas de ellas en Cataluña amenaza con abrir un nuevo frente en el Govern. El departamento de Salud ha hecho público en los últimos días el nuevo acuerdo de Contraprestación por Resultados del CatSalut, un marco que establece mecanismos de financiación variable a los centros de atención primaria (CAP) según objetivos. La propuesta forma parte del convenio vigente entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Generalitat para el periodo 2025-2028, y prevé, entre otras cosas, que haya incentivos para los CAP que mejoren su eficiencia. Entre los indicadores que señalarían esta mejora se incluye la capacidad de hacer que las bajas laborales en salud mental y en patologías osteoarticulares no se alarguen más de lo necesario. Esta propuesta ha puesto en pie de alerta a los sindicatos y a grupos de la oposición, que este lunes han criticado duramente a la consejera de Salud, Olga Pané, al considerar que el acuerdo “coacciona el criterio médico” y “señala a los trabajadores”.
El departamento de Salud matiza que el objetivo es que las incapacidades “no se alarguen más de lo necesario”
La presión para reducir las bajas laborales y la larga duración que tienen algunas de ellas en Cataluña amenaza con abrir un nuevo frente en el Govern. El departamento de Salud ha hecho público en los últimos días el nuevo acuerdo de Contraprestación por Resultados del CatSalut, un marco que establece mecanismos de financiación variable a los centros de atención primaria (CAP) según objetivos. La propuesta forma parte del convenio vigente entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Generalitat para el periodo 2025-2028, y prevé, entre otras cosas, que haya incentivos para los CAP que mejoren su eficiencia. Entre los indicadores que señalarían esta mejora se incluye la capacidad de hacer que las bajas laborales en salud mental y en patologías osteoarticulares no se alarguen más de lo necesario. Esta propuesta ha puesto en pie de alerta a los sindicatos y a grupos de la oposición, que este lunes han criticado duramente a la consejera de Salud, Olga Pané, al considerar que el acuerdo “coacciona el criterio médico” y “señala a los trabajadores”.
La medida, de la cual ya se ha empezado a informar en los CAP, no afectará al presupuesto base de los centros, pero sí condicionarán que se perciba un fondo adicional a que se demuestren logros en los objetivos de eficiencia. Según fuentes del departamento de Salud, la propuesta no persigue acortar la duración de las bajas como un objetivo en sí mismo, sino que la finalidad es “mejorar la gestión”. El convenio establece mecanismos para detectar cuándo una baja se alarga “más de lo que sería esperable desde el punto de vista clínico y para activar medidas de apoyo”, y en base a estos mecanismos se fijan los objetivos.
Así pues, según Salud, la meta es que no se den bajas sin diagnóstico y que las bajas médicas duren el tiempo que sea necesario, sin que se alarguen por problemas organizativos, retrasos en las pruebas o dificultades para tener citas con especialistas, una serie de problemas que tiene el sistema médico y que puede generar sufrimiento en los pacientes porque se alarga el proceso de recuperación. La medida está enfocada en las bajas por salud mental y por patologías osteoarticulares porque son, según explica Salud, las que acumulan más días de baja en Cataluña.
Las explicaciones del departamento no convencen a la oposición y a los sindicatos, que interpretan el movimiento como una presión extra hacia los trabajadores y a los médicos para que se inhiban a la hora de valorar las bajas. La propuesta llega justamente en un momento con los ánimos caldeados en la sanidad catalana, cuando los médicos protagonizan una nueva huelga para pedir un convenio propio, una jornada de paros en toda España que en Cataluña también se repetirá el viernes. La posibilidad de que haya más recursos que se distribuyan desigualmente en los centros según los objetivos de eficiencia logrados ha enervado a unas plantillas que llevan años quejándose de la falta de recursos y el déficit sanitario. “La medida es muy coherente con el talante de la consejera, que habla con criterios economistas y de productividad, no de cuidados”, ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio Xavier Lleonard, secretario general del sindicato Metges de Catalunya.
A nadie de entre los detractores de la propuesta se le ha escapado este lunes una de las frases que ha dicho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la comparecencia matinal en la que ha escenificado su vuelta al trabajo después de un mes incapacitado precisamente por una baja médica: “No se puede poner precio a la salud”, ha dicho el president. “Mientras Illa dice que la nueva política es la de los valores, con énfasis en el sistema público de salud, su consejera incentiva a los CAP a que envíen a gente enferma a trabajar”, ha señalado en X Jordi Albert, diputado de ERC en el Parlament. “Incentivar económicamente que se acorten las bajas médicas es inaceptable. La salud no es un número ni una estadística”, ha dicho Gemma Tarafa, regidora de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de la ciudad, en un apunte en X.
La entidad Fòrum Català d’Atenció Primària (Focap) ya alertó el viernes pasado de que el Govern se había propuesto ejercer la presión presupuestaria para reducir las bajas laborales. El Focap rechaza la medida porque esta “atenta contra la confianza social de las personas hacia sus profesionales referentes de atención primaria” y porque “supone una vulneración del derecho de los trabajadores a que su baja sea valorada con ecuanimidad”, entre otros motivos. El rechazo es unánime entre los sindicatos: la secretaria general de CC OO en Cataluña, Belén López, ha pedido este lunes que se retire la medida porque “coacciona el criterio médico” y “señala a los trabajadores”, y asume “el relato que hace la patronal sobre el absentismo”.
Además, el sindicato señala que Cataluña es la segunda comunidad autónoma con la duración media de bajas laborales más corta, con el 52% de menos de tres días. “Es un debate interesado que quiere desviar el foco hacia las bajas, cuando el problema real es que las empresas no están haciendo la prevención de riesgos laborales que tocaría”, apunta el sindicato en un comunicado. En términos parecidos se ha expresado UGT Cataluña, que en un comunicado asegura que la propuesta “es una cortina de humo para esconder los graves déficits históricos que sufre la sanidad catalana, que profundizará, además, en la brecha existente en el sistema de salud”. UGT recuerda que el gasto sanitario por habitante ha caído en Cataluña, de los 1.770 euros por habitante en 2010 a los 1.426 euros, en un contexto de más envejecimiento y necesidad de cuidados.
La propuesta ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que tienen desde hace meses las patronales empresariales y los sindicatos. Las primeras consideran que las incapacidades temporales han crecido exponencialmente y que lastran la productividad: en un informe publicado en enero, por ejemplo, Pimec cifró en el 10,5% del PIB catalán el coste de oportunidad que tienen las bajas laborales. Estas incapacidades temporales, según Pimec, representan el 76,7% del total del absentismo laboral, cuando en 2013 solo representaba el 60%. Por todo ello, las patronales llevan tiempo pidiendo medidas para reducir las bajas y su duración, y proponen que las mutuas privadas puedan dar bajas y altas. Este lunes, Pimec ha valorado positivamente la propuesta de Salud, y cree que responde “a la necesidad de actuar con urgencia ante el impacto creciente de la incapacidad temporal sobre las personas trabajadoras y la competitividad del tejido empresarial”.
En este debate, los sindicatos tienen la posición contraria: creen que hablar de absentismo laboral señala al trabajador y ponen el foco en la falta de recursos públicos, que hace que las pruebas diagnósticas, los tratamientos y, en último término, las bajas, se alarguen. El choque entre patronal y sindicatos se hizo patente el pasado mes de enero, cuando aparecieron unos carteles en los ambulatorios, con el sello del departamento de Salud, en los que se pedía responsabilidad a médicos y pacientes a la hora de hacer uso de las bajas laborales.
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