La pandemia del COVID-19 fue mucho más devastadora en términos económicos en España que en ningún otro país de la Unión Europea, con una caída del 10,8% en el Producto Interior Bruto en 2020 (la mayor de la UE) que, fundamentalmente, se explica por el peso del sector servicios en nuestro país. Con la hostelería, el turismo y el comercio minorista cerrados por el temor al contagio, en apenas unas semanas se destruyeron 900.000 puestos de trabajo . Sin embargo, el golpe no fue igual de duro para todos.Entre el último trimestre de 2020 y el segundo de 2021, los menores de 35 años soportaron más del 50% de los empleos destruidos, y lo hicieron a pesar de que por entonces solo constituían el 26% de la fuerza laboral. Es más, durante esos meses de confinamiento la probabilidad de despido siguió una tendencia inversa a la edad, pues apenas el el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, frente al 77% de los trabajadores mayores de 50 años.Noticia Relacionada estandar Si Adecco estima que se perderán más de 200.000 empleos con el fin de la campaña de verano Jaime Mejías Asimismo, vaticinan que la tasa de paro caerá hasta el 9,6% en el cuarto trimestre, exactamente la misma tasa registrada en el primer trimestre de 2008, por tanto la más baja en 17 añosParadójicamente, además, los jóvenes fueron los que menos se beneficiaron de los planes de ayuda que desplegó el Gobierno , ya fueran los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) o la gama de compensaciones que existieron para los despedidos (pensiones, subsidios, prestaciones…). Valgan estos datos, y es que mientras la tasa de protección de los menores de 20 años se situó en el 51% y la de los de la franja entre los 20 y 24 años en el 73%, la de los mayores de 35 estuvo por encima del 90%. Es decir, que los jóvenes fueron despedidos masivamente y buena parte de ellos no recibieron ninguna compensación a cambio. Los datos son de Fedea –el ‘think tank’ de las empresas del Ibex–, que ayer publicó un estudio sobre el efecto de la pandemia sobre el empleo joven a partir de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).Que los jóvenes son la parte débil del mercado laboral es algo que en todo caso ya se sabe. Se emancipan de media a los treinta años y de media ganan 1.558 euros brutos al mes , un 27% por debajo del dato general. Hace unos meses, de hecho, Fedea publicó otro informe que revelaba que la renta de los menores de treinta años ha caído un 10% desde 2008, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8%. La novedad del informe publicado ayer, sin embargo, es que revela hasta qué punto los jóvenes están más expuestos a ‘shoks’ que los mayores y el sistema de protección laboral adolece de un sesgo que favorece a los segundos y penaliza a los primeros. Para explicarlo, los investigadores de Fedea distinguen entre los dos tipos de mecanismos que estuvieron al alcance de empresas y empleadores durante la pandemia, los ERTE y las demás prestaciones por desempleo. En el caso de los ERTE, la literatura científica es clara y estima que la tasa de paro en nuestro país en los meses posteriores a la pandemia hubiera sido hasta cuatro puntos porcentuales más alta de no activarse esa solución . Sin embargo, y ahí está la novedad, el estudio de Fedea ha descubierto cómo el mecanismo castiga a los que sufren contratos más precarios, que en nuestro país son los jóvenes. En el primer trimestre de 2020, justo antes de estallar la pandemia, el 47% de los trabajadores jóvenes tenía un contrato temporal, frente al 25% de media en el conjunto de la población, circunstancia que explica la escasa protección bajo el paraguas de los ERTE (con tasas de cobertura inferiores al 40%), además de un mayor riesgo de finalización automática del contrato sin derecho a indemnización. En segundo lugar, y por una multitud de factores que van desde la precariedad hasta la movilidad laboral, pasando por la ausencia de hijos, los jóvenes presentan trayectorias laborales más cortas y fragmentadas, «lo que limita su acceso a prestaciones contributivas por desempleo y los sitúa con mayor frecuencia en situaciones de desprotección», se lee en el estudio de Fedea. La conclusión evidente de estos datos es que el sistema de prestaciones en España penaliza a los que tienen trayectorias laborales más cortas o discontinuas , que de este modo sufren un doble castigo en momentos de ‘shock’. Durante la pandemia, el contrato indefinido fue determinante para determinar quién se acogía a un ERTE o no y la naturaleza de la prestación en caso de despido. Y los fijos-discontinuos no serán la solución, por cierto, pues los redactores del estudio advierten de que muchos de los nuevos contratos indefinidos reproducen los patrones previos de rotación y corta duración de los contratos temporales La pandemia del COVID-19 fue mucho más devastadora en términos económicos en España que en ningún otro país de la Unión Europea, con una caída del 10,8% en el Producto Interior Bruto en 2020 (la mayor de la UE) que, fundamentalmente, se explica por el peso del sector servicios en nuestro país. Con la hostelería, el turismo y el comercio minorista cerrados por el temor al contagio, en apenas unas semanas se destruyeron 900.000 puestos de trabajo . Sin embargo, el golpe no fue igual de duro para todos.Entre el último trimestre de 2020 y el segundo de 2021, los menores de 35 años soportaron más del 50% de los empleos destruidos, y lo hicieron a pesar de que por entonces solo constituían el 26% de la fuerza laboral. Es más, durante esos meses de confinamiento la probabilidad de despido siguió una tendencia inversa a la edad, pues apenas el el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, frente al 77% de los trabajadores mayores de 50 años.Noticia Relacionada estandar Si Adecco estima que se perderán más de 200.000 empleos con el fin de la campaña de verano Jaime Mejías Asimismo, vaticinan que la tasa de paro caerá hasta el 9,6% en el cuarto trimestre, exactamente la misma tasa registrada en el primer trimestre de 2008, por tanto la más baja en 17 añosParadójicamente, además, los jóvenes fueron los que menos se beneficiaron de los planes de ayuda que desplegó el Gobierno , ya fueran los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) o la gama de compensaciones que existieron para los despedidos (pensiones, subsidios, prestaciones…). Valgan estos datos, y es que mientras la tasa de protección de los menores de 20 años se situó en el 51% y la de los de la franja entre los 20 y 24 años en el 73%, la de los mayores de 35 estuvo por encima del 90%. Es decir, que los jóvenes fueron despedidos masivamente y buena parte de ellos no recibieron ninguna compensación a cambio. Los datos son de Fedea –el ‘think tank’ de las empresas del Ibex–, que ayer publicó un estudio sobre el efecto de la pandemia sobre el empleo joven a partir de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).Que los jóvenes son la parte débil del mercado laboral es algo que en todo caso ya se sabe. Se emancipan de media a los treinta años y de media ganan 1.558 euros brutos al mes , un 27% por debajo del dato general. Hace unos meses, de hecho, Fedea publicó otro informe que revelaba que la renta de los menores de treinta años ha caído un 10% desde 2008, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8%. La novedad del informe publicado ayer, sin embargo, es que revela hasta qué punto los jóvenes están más expuestos a ‘shoks’ que los mayores y el sistema de protección laboral adolece de un sesgo que favorece a los segundos y penaliza a los primeros. Para explicarlo, los investigadores de Fedea distinguen entre los dos tipos de mecanismos que estuvieron al alcance de empresas y empleadores durante la pandemia, los ERTE y las demás prestaciones por desempleo. En el caso de los ERTE, la literatura científica es clara y estima que la tasa de paro en nuestro país en los meses posteriores a la pandemia hubiera sido hasta cuatro puntos porcentuales más alta de no activarse esa solución . Sin embargo, y ahí está la novedad, el estudio de Fedea ha descubierto cómo el mecanismo castiga a los que sufren contratos más precarios, que en nuestro país son los jóvenes. En el primer trimestre de 2020, justo antes de estallar la pandemia, el 47% de los trabajadores jóvenes tenía un contrato temporal, frente al 25% de media en el conjunto de la población, circunstancia que explica la escasa protección bajo el paraguas de los ERTE (con tasas de cobertura inferiores al 40%), además de un mayor riesgo de finalización automática del contrato sin derecho a indemnización. En segundo lugar, y por una multitud de factores que van desde la precariedad hasta la movilidad laboral, pasando por la ausencia de hijos, los jóvenes presentan trayectorias laborales más cortas y fragmentadas, «lo que limita su acceso a prestaciones contributivas por desempleo y los sitúa con mayor frecuencia en situaciones de desprotección», se lee en el estudio de Fedea. La conclusión evidente de estos datos es que el sistema de prestaciones en España penaliza a los que tienen trayectorias laborales más cortas o discontinuas , que de este modo sufren un doble castigo en momentos de ‘shock’. Durante la pandemia, el contrato indefinido fue determinante para determinar quién se acogía a un ERTE o no y la naturaleza de la prestación en caso de despido. Y los fijos-discontinuos no serán la solución, por cierto, pues los redactores del estudio advierten de que muchos de los nuevos contratos indefinidos reproducen los patrones previos de rotación y corta duración de los contratos temporales
La pandemia del COVID-19 fue mucho más devastadora en términos económicos en España que en ningún otro país de la Unión Europea, con una caída del 10,8% en el Producto Interior Bruto en 2020 (la mayor de la UE) que, fundamentalmente, se explica … por el peso del sector servicios en nuestro país. Con la hostelería, el turismo y el comercio minorista cerrados por el temor al contagio, en apenas unas semanas se destruyeron 900.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el golpe no fue igual de duro para todos.
Entre el último trimestre de 2020 y el segundo de 2021, los menores de 35 años soportaron más del 50% de los empleos destruidos, y lo hicieron a pesar de que por entonces solo constituían el 26% de la fuerza laboral. Es más, durante esos meses de confinamiento la probabilidad de despido siguió una tendencia inversa a la edad, pues apenas el el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, frente al 77% de los trabajadores mayores de 50 años.
Paradójicamente, además, los jóvenes fueron los que menos se beneficiaron de los planes de ayuda que desplegó el Gobierno, ya fueran los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) o la gama de compensaciones que existieron para los despedidos (pensiones, subsidios, prestaciones…). Valgan estos datos, y es que mientras la tasa de protección de los menores de 20 años se situó en el 51% y la de los de la franja entre los 20 y 24 años en el 73%, la de los mayores de 35 estuvo por encima del 90%. Es decir, que los jóvenes fueron despedidos masivamente y buena parte de ellos no recibieron ninguna compensación a cambio.
Los datos son de Fedea –el ‘think tank’ de las empresas del Ibex–, que ayer publicó un estudio sobre el efecto de la pandemia sobre el empleo joven a partir de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Que los jóvenes son la parte débil del mercado laboral es algo que en todo caso ya se sabe. Se emancipan de media a los treinta años y de media ganan 1.558 euros brutos al mes, un 27% por debajo del dato general. Hace unos meses, de hecho, Fedea publicó otro informe que revelaba que la renta de los menores de treinta años ha caído un 10% desde 2008, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8%.
La novedad del informe publicado ayer, sin embargo, es que revela hasta qué punto los jóvenes están más expuestos a ‘shoks’ que los mayores y el sistema de protección laboral adolece de un sesgo que favorece a los segundos y penaliza a los primeros. Para explicarlo, los investigadores de Fedea distinguen entre los dos tipos de mecanismos que estuvieron al alcance de empresas y empleadores durante la pandemia, los ERTE y las demás prestaciones por desempleo.
En el caso de los ERTE, la literatura científica es clara y estima que la tasa de paro en nuestro país en los meses posteriores a la pandemia hubiera sido hasta cuatro puntos porcentuales más alta de no activarse esa solución. Sin embargo, y ahí está la novedad, el estudio de Fedea ha descubierto cómo el mecanismo castiga a los que sufren contratos más precarios, que en nuestro país son los jóvenes. En el primer trimestre de 2020, justo antes de estallar la pandemia, el 47% de los trabajadores jóvenes tenía un contrato temporal, frente al 25% de media en el conjunto de la población, circunstancia que explica la escasa protección bajo el paraguas de los ERTE (con tasas de cobertura inferiores al 40%), además de un mayor riesgo de finalización automática del contrato sin derecho a indemnización. En segundo lugar, y por una multitud de factores que van desde la precariedad hasta la movilidad laboral, pasando por la ausencia de hijos, los jóvenes presentan trayectorias laborales más cortas y fragmentadas, «lo que limita su acceso a prestaciones contributivas por desempleo y los sitúa con mayor frecuencia en situaciones de desprotección», se lee en el estudio de Fedea.
La conclusión evidente de estos datos es que el sistema de prestaciones en España penaliza a los que tienen trayectorias laborales más cortas o discontinuas, que de este modo sufren un doble castigo en momentos de ‘shock’. Durante la pandemia, el contrato indefinido fue determinante para determinar quién se acogía a un ERTE o no y la naturaleza de la prestación en caso de despido. Y los fijos-discontinuos no serán la solución, por cierto, pues los redactores del estudio advierten de que muchos de los nuevos contratos indefinidos reproducen los patrones previos de rotación y corta duración de los contratos temporales
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