El PP ha alcanzado la tarde de este jueves un acuerdo con su antiguo socio de Gobierno, Vox, para reeditar la coalición en Extremadura. Ambas fuerzas han pactado 74 medidas, con especial foco en la inmigración, respondiendo los populares a buena parte de las demandas y el argumentario de la extrema derecha en este punto. El nuevo Ejecutivo pretende, entre otros objetivos, retornar a los menores migrantes no acompañados a sus países de origen, dar prioridad a los nacionales en el acceso a la vivienda social y limitar otras prestaciones y ayudas sociales para los irregulares. Ambas formaciones han acordado dar a los ultras una consejería con rango de vicepresidencia para Desregulación, Servicios Sociales y Familia y otra de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, además de un senador de designación autonómica. A cambio, los de Vox se comprometen a aprobar los cuatro Presupuestos anuales a lo largo de la legislatura. Estas son algunas de las medidas incluidas en el pacto.
El acuerdo de investidura y gobierno propone dar prioridad en el acceso a la vivienda a los españoles
El PP ha alcanzado la tarde de este jueves un acuerdo con su antiguo socio de Gobierno, Vox, para reeditar la coalición en Extremadura. Ambas fuerzas han pactado 74 medidas, con especial foco en la inmigración, respondiendo los populares a buena parte de las demandas y el argumentario de la extrema derecha en este punto. El nuevo Ejecutivo pretende, entre otros objetivos, retornar a los menores migrantes no acompañados a sus países de origen, dar prioridad a los nacionales en el acceso a la vivienda social y limitar otras prestaciones y ayudas sociales para los irregulares. Ambas formaciones han acordado dar a los ultras una consejería con rango de vicepresidencia para Desregulación, Servicios Sociales y Familia y otra de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, además de un senador de designación autonómica. A cambio, los de Vox se comprometen a aprobar los cuatro Presupuestos anuales a lo largo de la legislatura. Estas son algunas de las medidas incluidas en el pacto.
Inmigración. El Partido Popular asume las demandas más extremas de Vox en materia de lucha contra la inmigración, la gran bandera de la formación de Abascal, con medidas que van desde el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a la supresión de ayudas económicas para las ONGs que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida o la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos. Como punto de partida, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Tampoco destinarán un solo euro destinado a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora además el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.
Se comprometen también a crear una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para profundizar en el control de los empadronamientos de los inmigrantes y a suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Estas medidas tienen plazo de cumplimiento, fijado en el próximo mes de septiembre.
Okupación. Otro de los puntos que recoge la agenda política habitual de Vox se centra en las medidas contra la okupación. En concreto, los partidos abogan por “la aplicación firme del desalojo exprés” de viviendas okupadas y a desarrollar mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas “para garantizar la efectividad real de estos procedimientos”. Además, se “garantizará el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados”. El pacto especifica que “acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
Sanidad y ayudas sociales. El acuerdo contempla “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Esto implica, según explican fuentes del PP, que los inmigrantes no tendrán acceso a la renta básica extremeña de inserción, mientras queda en el aire si se acaba también con la sanidad pública universal y restringe a los extranjeros la posibilidad de tener asistencia sanitaria salvo para urgencias vitales. Fuentes del PP extremeño afirman que “el acceso a la sanidad es tal y como recoge la legislación vigente”, pero el texto del acuerdo es ambigüo y en otro apartado se habla de mejorar el sistema sanitario para “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”, o lo que es lo mismo, dejando fuera a los ciudadanos de origen extranjero, aunque tengan el permiso de residencia, una demanda de Vox.
Se acuerda una dotación adicional de 500 millones anuales en los Presupuestos desde este mismo año, que se consolidarán en todos las Cuentas anuales siguientes. Se menciona, sin precisar, “campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada” y un plan cuatrienal para contratar 1.500 nuevos profesionales sanitarios. En atención a mayores se habla de “más plazas en residencias y centros de día”, sin cuantificar.
Impuestos. El pacto contempla bajar progresivamente el IRPF en los dos primeros tramos autonómicos, a razón de 0,25% cada año, hasta alcanzar 1% al final de la legislatura. Se extiende Sucesiones y Donaciones “con la posibilidad de extender la reducción de 500.000 euros en la base imponible a favor de sobrinos”. Se añade una reducción general de tasas autonómicas y una reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Vivienda. Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social “inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos. Además se ”se promoverá la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada”, pero para el acceso a la vivienda protegida y alquiler social se establecerá “un sistema (…) inspirado en el principio de prioridad nacional” con “exigencia de arraigo (…) en Extremadura” de mínimo de 10 años para la compra y 5 para el alquiler.
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