Casi dos semanas después del ataque militar estadounidense contra una embarcación venezolana sospechosa de cargar droga, la información sobre el golpe, en el que murieron los 11 ocupantes de la lancha, sigue llegando con cuentagotas. Lo poco que se sabe multiplica los interrogantes sobre su legitimidad jurídica. Un grupo de senadores ha exigido explicaciones oficiales en una carta remitida al presidente Donald Trump, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que “esta Administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales”.
Un grupo de senadores exige a la Casa Blanca explicaciones sobre el porqué y el cómo de la ofensiva, que dejó 11 fallecidos. Lo habitual en estos casos es interceptar la embarcación, no destruirla
Casi dos semanas después del ataque militar estadounidense contra una embarcación venezolana sospechosa de cargar droga, la información sobre el golpe, en el que murieron los 11 ocupantes de la lancha, sigue llegando con cuentagotas. Lo poco que se sabe multiplica los interrogantes sobre su legitimidad jurídica. Un grupo de senadores ha exigido explicaciones oficiales en una carta remitida al presidente Donald Trump, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que “esta Administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales”.
Más allá del vídeo que Trump volcó en redes sociales, en el que se ve estallar la lancha, y una carta de notificación que por ley la Casa Blanca debe dirigir al presidente de la Cámara de Representantes, apenas se ha divulgado información pública sobre un incidente que ha puesto las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela al rojo vivo. Una sesión informativa en el Capitolio se pospuso en el último momento y, cuando finalmente ocurrió, fue muy breve: solo se invitó a un puñado de asesores y no se incluyó a ningún legislador. No se ha dado, tampoco, a conocer a los ciudadanos dónde exactamente ocurrió el golpe, las identidades de los muertos o qué droga era la que supuestamente había a bordo.
La escasa información aportada por el Gobierno da pie a más y más dudas. El día 2, Trump sostuvo que se había identificado con toda seguridad a los ocupantes de la embarcación como narcotraficantes de la organización Tren de Aragua. Se dirigían, dijo, a Estados Unidos. Al día siguiente añadió que se habían interceptado comunicaciones que lo confirmaban, aunque estas no se han hecho públicas.
En la sesión informativa, representantes de la Administración confirmaron que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra la embarcación múltiples veces, una vez que la lancha se dio cuenta de que era perseguida y había dado la vuelta, según han informado dos fuentes consultadas por la agencia AP.
El Pentágono defiende el ataque como un acto de legítima defensa contra narcotraficantes de un grupo incluido en la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras desde el pasado febrero. En esta versión, el ataque estuvo justificado porque la lancha presentaba “una amenaza inminente” contra EE UU, y el presidente —según esta Administración— tiene potestad de ordenar ataques militares contra ese tipo de amenazas sin necesidad de pedir la aprobación del Congreso.
La Casa Blanca insiste en que los ocupantes de la lancha eran miembros del Tren de Aragua y que, al dar la orden de abrir fuego, “el presidente se comportó de modo acorde a las leyes del conflicto armado”. En cambio, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, considera que se trata de una excusa para invadir su país y derrocarlo mientras la Administración Trump le acusa, una y otra vez, de ser un líder del narcotráfico. El Gobierno venezolano sostiene, además, que los 11 a bordo de la lancha eran civiles y no narcotraficantes.
Hay datos que no casan en el relato estadounidense. “Normalmente, en una narcolancha viajan dos o tres personas como mucho, el mínimo necesario para mover el producto, pues quieres dedicar el espacio a la mayor cantidad de carga posible”, apunta Sanho Tree, director del proyecto de lucha contra la droga del Institute for Policy Studies. En las zonas costeras caribeñas donde las comunicaciones por carretera son deficientes, recuerda, la navegación es el medio preferido de transporte, “sea para llevar coca o cocos”. Y la droga que entra en EE UU por mar suele hacerlo por el Pacífico, no por el Atlántico o el Caribe.
A juicio de Tree, la teoría de que la embarcación se dirigía a EE UU tampoco tiene mucho sentido: es un destino demasiado lejano para una barca tan frágil. “Te arriesgas a tormentas, a que se te inunde la lancha”, o a perder la carga o la vida, entre otras cosas. Tampoco está claro si llevaba fentanilo a bordo: desde Venezuela es mucho más habitual el tráfico de personas que el de ese narcótico, recuerdan los expertos.
Tras el ataque, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó inicialmente que el bote podría haberse dirigido a Trinidad y Tobago, una versión que enmendó después para alinearla con la del presidente y apuntar que probablemente sí se dirigiera a EE UU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llegado a apuntar que el ataque pudo producirse en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, donde la primera ministra, Kamla Persad-Bissesar, ha felicitado públicamente a la Administración Trump por la destrucción de la lancha.
Hasta ahora, había sido el Servicio de Guardacostas el encargado de interceptar los barcos sospechosos de transportar droga. El procedimiento habitual habría obligado a la lancha a detenerse. La embarcación y su cargamento habrían quedado incautados. Y sus ocupantes habrían sido interrogados, detenidos y juzgados. En este caso, “en vez de interceptarla, por órdenes del presidente, la hicimos estallar. Y volverá a ocurrir”, declaraba Rubio tras el incidente.
Carta de los senadores
“Esperamos las respuestas de la Administración, pero me temo que este acto fue ilegal”, aseguraba este miércoles desde su despacho en el Capitolio el senador por Virginia Tim Kaine, en respuesta a preguntas de este periódico. El demócrata de mayor rango en el subcomité del Senado para el hemisferio occidental es promotor de una carta al presidente estadounidense, firmada por 24 legisladores y enviada esta semana, en la que reclaman respuestas antes del miércoles sobre la legalidad del ataque, los datos de inteligencia que llevaron a decidir el golpe y los motivos para hacer saltar la embarcación por los aires en vez de interceptarla.
“Con la interceptación, muchas veces se puede descubrir a qué grupo pertenecen y cuáles son sus líderes. Podemos obtener información que podemos usar para tomar más medidas contra los narcotraficantes. Ahora esta Administración ha decidido el ataque. Y cuando se produce un ataque, y la gente muere, no podemos obtener esa información para su uso en otras acciones legales contra los narcotraficantes”, puntualiza Kaine en sus declaraciones, en un perfecto español.
En la carta, los senadores firmantes, todos demócratas, también reclaman información sobre las amenazas de la Administración de lanzar otros ataques similares en el Caribe y en Latinoamérica. Y recuerdan que en agosto varios medios de comunicación informaron de que Trump había firmado una “directiva secreta que autoriza el uso de la fuerza militar en la región, pese a la inexistencia de base legal alguna para un uso tal de la fuerza militar”.
“Asesinato premeditado de sospechosos”
Los defensores de los derechos humanos se suman a las denuncias de que la destrucción de la lancha fue “una ejecución extrajudicial”, como la describe Sarah Harrison, del International Crisis Group, una entidad dedicada a la prevención y resolución de conflictos. “Esto fue un asesinato premeditado de sospechosos de un delito”, apunta. Se recurrió, en fin, a una solución militar para un problema de mantenimiento de la ley y el orden. Harrison también recuerda que el delito de tráfico de droga en general no es castigado en Estados Unidos con la pena capital.
Por su parte, Daphne Eviatar, directora de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional en EE UU, añade: “Se puede designar a una organización como terrorista, pero eso no quiere decir que estemos en un conflicto armado con ese grupo, y la designación no provee ninguna autorización legal para matarlos”.
Los defensores de los derechos humanos recuerdan, asimismo, que en las primeras semanas del mandato de Trump el Pentágono cesó a los jefes de los servicios judiciales de cada rama de las fuerzas armadas, precisamente las personas que podrían haber alertado al Gobierno de lo problemático del ataque.
La Administración Trump “ha dado este paso sin aportar ningún argumento legal en absoluto, más allá de decir que respeta el derecho internacional”, coincide Sarah Yager, de Human Rights Watch. “Este presidente cree que puede matar a cualquiera, donde sea, bajo cualquier circunstancia, y que no tendrá que dar explicaciones, y tendrá impunidad frente a cualquier atisbo de rendición de cuentas”.
Por el momento, el Gobierno estadounidense insiste en que podrían llegar otros ataques similares, como parte de una campaña militar contra las organizaciones narcotraficantes que ha designado como terroristas. Ha sumado aviones F-35 en Puerto Rico a la flotilla que el Pentágono mantiene en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Tres buques anfibios desarrollaban maniobras militares en las cercanías de esa isla, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó por sorpresa esta semana. Allí, Hegseth recordó a los militares que no están para una misión de entrenamiento: están, dijo, desplegados en “la línea de frente” de una misión fundamental contra la droga.
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