En Teruel explotan la historia de sus amantes, con mausoleo propio, fiestas y recreaciones medievales; y también la de sus dinosaurios, con parque temático incluido —Dinópolis— y exhibiciones paleontológicas por media provincia. Sin embargo, la capital del sur de Aragón tiene una asignatura pendiente con uno de los capítulos más sangrantes de su historia: la Guerra Civil y la batalla que lleva su nombre. Una asignatura que el Gobierno de Aragón intenta aprobar sin éxito desde hace 10 años con un proyecto de museo sobre la contienda.
La oposición teme que el Ejecutivo de Azcón, que derogó la ley aragonesa de memoria histórica, cambie el contenido diseñado por dos expertos cuando el PSOE gobernaba
En Teruel explotan la historia de sus amantes, con mausoleo propio, fiestas y recreaciones medievales; y también la de sus dinosaurios, con parque temático incluido —Dinópolis— y exhibiciones paleontológicas por media provincia. Sin embargo, la capital del sur de Aragón tiene una asignatura pendiente con uno de los capítulos más sangrantes de su historia: la Guerra Civil y la batalla que lleva su nombre. Una asignatura que el Gobierno de Aragón intenta aprobar sin éxito desde hace 10 años con un proyecto de museo sobre la contienda.
Ahora mismo no está claro sobre qué versará el museo de Teruel, si será sobre la guerra o sobre la concordia. Nació amparado bajo la Ley de Memoria Democrática en la legislatura del fallecido presidente socialista Javier Lambán, pero, tras ser derogada esa norma autonómica por el Gobierno de Jorge Azcón (PP), el recinto se desarrolla ahora bajo el llamado Plan de Concordia. Se trata de un texto de 27 folios que en ningún momento cita ni a la dictadura franquista ni a la Guerra Civil ni a sus víctimas. Con este plan sustituyó Azcón, nada más llegar al poder y de acuerdo con Vox, la ley de memoria. Y bajo su amparo “tendrá que integrarse todo”, dicen fuentes de la Dirección General de Cultura sobre un proyecto en el que, admiten, “se sigue trabajando en los contenidos” aunque niegan que se estén redefiniendo.
Las alarmas se encendieron el pasado 12 de junio en un pleno de las Cortes de Aragón. La vicepresidenta Mar Vaquero —y también consejera de Cultura— afirmó que “existe ya un anteproyecto de contenidos del museo elaborado por los historiadores Carlos Gil y Jose Luis Ledesma”. Puntualizó que que “se está trabajando en seguir ampliándolo” porque en la propuesta de los dos expertos que recibieron el encargo durante el Gobierno socialista se han “encontrado importantes deficiencias”. Según Vaquero, lo que quiere el Gobierno aragonés es “completar y abrir un museo que no solo sea un centro de interpretación”. Así contestaba la vicepresidenta de Jorge Azcón al diputado del PSOE por Teruel, Pedro Polo, que quería saber por qué el Ejecutivo de coalición de PP y Vox retrasaba la apertura de este centro cuyo edificio ya está terminado. “El hecho de haber acabado la obra”, replicó ella, “no significa que se pueda poner en marcha”. Y añadió que está trabajando “para poder abrir un proyecto museístico con rigor y que permita también recoger la participación de asociaciones y de ciudadanos para completarlo”.
El PSOE no tardó en reaccionar. “Tengo mis sospechas de si lo que están haciendo, ahora que están en fase in love con Vox, tirados al monte y abrazados después de su pacto, es convertir un museo basado en la memoria y en la democracia, en un museo que justifique el alzamiento nacional”, advirtió Polo en el pleno. El socialista subrayó que el proyecto “es el resultado de una década de trabajo institucional, académico y social”, y lamentó su parón, nueve meses después de la entrega del edificio, “porque sería el primer museo monográfico sobre la Guerra Civil en España y, además, en Teruel”.
El Gobierno de Aragón lo desmintió después aludiendo a una “mala interpretación” y asegurando que las “deficiencias” a las que aludió la vicepresidenta se referían en realidad al edificio y su carencia de espacios polivalentes o técnicos. En una comparecencia posterior, el pasado 22 de junio, el director general de Cultura, Pedro Olloqui remataba alabando la figura de los dos historiadores que elaboraron el proyecto museístico en la legislatura socialista: “Es un proyecto excelente con virtudes extraordinarias”. Y para justificarlo dio dos razones: “Porque reconoce en primer lugar las dificultades de la República, que no tuvo la hegemonía suficiente para desarrollar su programa político, y porque reconoce que la violencia fue un elemento de todos los autores de la época”.
La intervención de Olloqui ha disparado las sospechas de que el Ejecutivo de Azcón introducirá más de un cambio al proyecto. Este cargo autonómico defendió como fundamental incluir en el proyecto la cuestión de Sijena, en referencia a la pugna del Ejecutivo aragonés con Cataluña por las pinturas murales de este monasterio que están en el MNAC, y Belchite, escenario de la dura batalla que protagonizó la ofensiva republicana y acabó con el pueblo en ruinas.
Los historiadores responsables de la memoria del proyecto museístico, Carlos Gil y José Luis Ledesma, tampoco las tienen todas consigo. De hecho, según ha podido saber EL PAÍS, el pasado 22 de junio registraron una carta para la vicepresidenta del Gobierno de Aragón interesándose por “las deficiencias” que ella había señalado referidas supuestamente al proyecto y pidiéndole información. La misiva, hasta este momento, no ha tenido respuesta.
Gil y Ledesma son historiadores formados en la Universidad de Zaragoza, que actualmente ocupan puestos de docencia en La Rioja y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ambos son expertos y tienen numerosas publicaciones sobre la Guerra Civil. El catedrático aragonés Julián Casanova dirigió sus tesis doctorales y los define como “las personas más idóneas para este proyecto”.
El Museo de la Guerra-Batalla de Teruel se concibió en la primera legislatura del expresidente socialista Javier Lambán. En 2018 se registró y se creó un comité de expertos para empezar a trabajar. La infraestructura buscaba ser “un espacio para la reflexión, que mostrara lo que ocurrió en la ciudad y en todo el país durante el conflicto bélico”. En los comunicados del Gobierno de entonces se hablaba de un museo que mostraría la Guerra Civil hasta llegar a la posguerra, con otros módulos donde se vería lo que ocurrió en la Batalla de Teruel y sus ataques contra la población civil entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938. Unos módulos que iban a ser temáticos “pero sin diferenciar —decían textualmente— en ningún caso entre bandos porque el museo quiere llamar a la reflexión y a la lucha contra el odio y la intolerancia”. El Ejecutivo de Lambán pretendía que demostrara su compromiso con la memoria democrática, pero ahora Azcón apela a la concordia. Falta saber cómo se traduce y si habrá que esperar otros 10 años más.
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