Los grupos de la izquierda han elevado la presión este lunes para evitar que el nuevo decreto —o decretos— que podría aprobar el Consejo de Ministros este mismo martes, deje fuera las medidas del escudo social. La semana pasada, el PP, Vox y Junts hicieron caer la norma que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables, entre otras iniciativas. Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont se han posicionado a favor de lo primero, pero justifican, sin embargo, que la moratoria de los desahucios favorece la okupación —algo que niega el Ejecutivo—, y advierten de que no la apoyarán. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, se ha abierto este lunes a que el escudo social y las pensiones vayan en decretos distintos, pero rechaza separar los acuerdos en el tiempo. Es decir, aprobar solo las pensiones mañana y dejar para más adelante la prohibición de los desahucios.
Sumar se abre a que la medida vaya en dos decretos separados, pero quiere que el Ejecutivo los apruebe a la vez. El PNV reclama que el escudo social se amplíe a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler
Los grupos de la izquierda han elevado la presión este lunes para evitar que el nuevo decreto —o decretos— que podría aprobar el Consejo de Ministros este mismo martes, deje fuera las medidas del escudo social. La semana pasada, el PP, Vox y Junts hicieron caer la norma que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables, entre otras iniciativas. Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont se han posicionado a favor de lo primero, pero justifican, sin embargo, que la moratoria de los desahucios favorece la okupación —algo que niega el Ejecutivo—, y advierten de que no la apoyarán. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, se ha abierto este lunes a que el escudo social y las pensiones vayan en decretos distintos, pero rechaza separar los acuerdos en el tiempo. Es decir, aprobar solo las pensiones mañana y dejar para más adelante la prohibición de los desahucios.
El PNV, también con reticencias y que ya reprochó al Gobierno la forma en la que había llevado las medidas, ha advertido este lunes que el Gobierno debe “replantearse” el decreto ampliando el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, “dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad”, según reclama en una nota de prensa. “Esta responsabilidad no puede recaer sobre estos pequeños propietarios, la Administración debe ayudar a estas personas que se han quedado sin recursos, pero sin perjudicar a los que tienen una única vivienda adicional en alquiler”, defiende la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, en el comunicado. “Trabajar sin dejarnos llevar por populismos beneficia a la ciudadanía vasca a la que representamos”“, concluye la diputada.
Dirigentes de Sumar, Podemos y ERC han apretado este lunes tanto a los socialistas como a las derechas para que se recupere la medida. “Queremos que vaya todo junto”, ha insistido el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se ha mostrado abierto a negociar cambios para lograr el sí de otros partidos, con la condición de que no afecten al núcleo del decreto. “La mano tendida para ver de qué manera podemos ajustar la medida, siempre y cuando no se ponga en cuestión la protección de las familias”, ha afirmado en rueda de prensa sobre posibles ayudas a propietarios, una carta que ya jugó el Gobierno el año pasado para atraer a Junts. Los independentistas se quejan de que estas compensaciones no llegan a toda la gente afectada.
También desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido esta mañana en TVE, no ceder al “chantaje” de las derechas y ha asegurado que la fórmula de ese nuevo decreto aún no se ha terminado de concretar. “La forma está por ver, hay que dialogar y conseguir que salga adelante. Pero no hay que ceder a este chantaje que ha pretendido sacrificar en nombre de los pensionistas a la gente más vulnerable”. Tanto Bustinduy como Urtasun han defendido públicamente que el “cómo importa menos que el qué”. “El qué es protegerles y no ceder también ante esta operación ideológica que pretende discriminar y decir: apoyar a los pensionistas, sí; apoyar a la gente que menos tiene, a los pobres, no”, ha afeado el titular de Derechos Sociales.
“Es triste que hablemos de elegir entre pensiones o el resto del escudo social. ¿A quién dejamos caer? La respuesta es a nadie”, ha defendido en la misma línea desde Izquierda Unida su responsable de Organización federal, Eva García Sempere. En tono similar, Alberto Ibáñez, de Compromís, ha afirmado en el Congreso que se intentará “que entre todo”, también la exención del pago de la tributación de las ayudas por la dana.
Fuentes del socio minoritario de la coalición añaden que las negociaciones con los grupos están siendo intensas estos días y que en esta cuestión, su objetivo es compartido con el del PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desvelado que los contactos con el Gobierno se iniciaron anoche y ha sido categórico en su defensa del decreto. “Por nosotros no será. Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de las cosas buenas, simplemente porque algo no te gusta. Es como en un menú quedarte sin comer porque un plato no te gusta”, ha justificado en declaraciones a los medios en la Cámara baja.
Un paso más allá ha ido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha afirmado que si el PP, Vox y Junts no quieren apoyar las medidas antidesahucios, el Gobierno puede llevar al Consejo de Ministros un decreto nuevo cada mes. Si no está dispuesto, ha sugerido, la otra opción es “pagarle a las personas vulnerables el alquiler” para evitar los desahucios. “Le corresponde al Gobierno buscar la fórmula que entienda más eficaz para que se apruebe la revalorización de las pensiones. Siempre estaremos a favor y querríamos que subiesen más”, ha señalado sobre la otra medida fundamental que cayó el martes pasado y afecta a cerca de 10 millones de jubilados.
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