La Generalitat está reorganizando su patrimonio inmobiliario para volver a ser propietaria de sus edificios, ahorrarse los alquileres que paga actualmente y encontrar vías para conseguir ser eficiente en los gastos asociados a sus oficinas. Para hacerlo, se apoya en una instrucción de 2021, aprobada por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que obliga a que cada vez que un edificio público se renueve o que un servicio se traslade de oficinas, el espacio de trabajo tiene que reformarse para optimizarlo. Entre otras cosas, señala que, por norma general, solo pueda haber mesas de trabajo para el 70% de la plantilla, y que los empleados del sector público no tengan sitios fijos y tengan que hacer rotaciones, usando el teletrabajo como alternativa. La instrucción ya se ha aplicado en algunos edificios de la Generalitat, pero la previsión es que pueda afectar a 11.745 trabajadores en los próximos años solo en Barcelona, que son los que se tienen que reubicar de aquí a 2037 por el fin de los contratos de alquiler de los inmuebles.
La administración catalana prevé reubicar a 11.745 trabajadores hasta 2037 en un sistema de mesas libres y con ocupación de solo el 70% de las plantillas
La Generalitat está reorganizando su patrimonio inmobiliario para volver a ser propietaria de sus edificios, ahorrarse los alquileres que paga actualmente y encontrar vías para conseguir ser eficiente en los gastos asociados a sus oficinas. Para hacerlo, se apoya en una instrucción de 2021, aprobada por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que obliga a que cada vez que un edificio público se renueve o que un servicio se traslade de oficinas, el espacio de trabajo tiene que reformarse para optimizarlo. Entre otras cosas, señala que, por norma general, solo pueda haber mesas de trabajo para el 70% de la plantilla, y que los empleados del sector público no tengan sitios fijos y tengan que hacer rotaciones, usando el teletrabajo como alternativa. La instrucción ya se ha aplicado en algunos edificios de la Generalitat, pero la previsión es que pueda afectar a 11.745 trabajadores en los próximos años solo en Barcelona, que son los que se tienen que reubicar de aquí a 2037 por el fin de los contratos de alquiler de los inmuebles.
La instrucción que regula este ámbito, la orden VEH/49/2021, de 1 de marzo, se aprobó en 2021 en un contexto todavía muy marcado por la pandemia de covid 19. Los confinamientos convirtieron en imprescindible el teletrabajo, una modalidad que el Govern ya venía fomentando desde 2019, antes de la pandemia, y que terminó regulando a través de un decreto de 2020 y de varias resoluciones posteriores. Así, con el teletrabajo ya como una alternativa muy consolidada y reivindicada por las administraciones, la Generalitat decidió que esta tenía que ser también una herramienta útil para ahorrar en sus espacios y oficinas. Y lo plasmó en la instrucción que regula las reformas que se tienen que llevar a cabo cada vez que se compre o construya un nuevo edificio o se rehabiliten unas oficinas, o cada vez que un servicio tenga que trasladarse a otro lugar.
Y la previsión es que, en los próximos años, haya varias operaciones de este tipo que terminarán afectando a 11.745 trabajadores públicos. Según un documento del departamento de Economía y Finanzas, estas son las personas que trabajan en edificios cuyos contratos de arrendamiento terminan en los próximos años: 2.304 ya tienen una reubicación prevista, 1.091 están en inmuebles en alquiler que terminan entre 2027 y 2029; y 8.350 trabajan en edificios cuyos contratos vencen entre 2030 y 2037. El mismo documento indica que la política patrimonial de la administración tiene dos ejes principales: la reubicación en inmuebles de propiedad (según el acuerdo de Govern GOV/248/2023) y la búsqueda de eficiencia a través del trabajo híbrido (según la citada orden VEH/49/2021).
El primer acuerdo se refiere al compromiso de la Generalitat de volver a ser propietaria de sus inmuebles para ahorrarse los altos precios de alquiler que paga, especialmente en la ciudad de Barcelona. Para ello está aprovechando el fin de los contratos para comprar edificios y trasladar ahí sus departamentos y servicios. El objetivo de la Generalitat, que cuando sufrió la crisis financiera tuvo que malvender muchos de sus inmuebles, es pasar de ser el propietario de solo el 22% de las oficinas que tenía en 2023 —cuando pagaba 86 millones de euros en alquileres, 81 de los cuales solo en la ciudad de Barcelona— a poseer el 68% en 2038. El pasado mes de marzo, por ejemplo, la Generalitat compró la mitad de la sede del Banco de España por 58,4 millones.
Con este objetivo en mente, en todos los nuevos inmuebles, en las rehabilitaciones integrales o en los traslados de servicios se tendrá que aplicar la orden ejecutiva de 2021. Esta consiste en varias medidas para optimizar los espacios y ahorrar en la factura que la Generalitat tiene cada año en relación a sus oficinas, tal como reconoce la instrucción: “Se puede mejorar la eficiencia del gasto inmobiliario de la Generalitat de Cataluña a través de la aplicación de nuevas políticas de ocupación del espacio”. Entre las medidas que contempla están las siguientes: los sitios de trabajo individual se tienen que distribuir en la modalidad de planta abierta (solo pueden tener despachos privados los altos cargos); los sitios de trabajo no pueden asignarse a un trabajador concreto, sino que las mesas son libres y se tienen que reservar a través de un sistema informático; y, como máximo, habrá sitios de trabajo individual para el 70% de las plantillas, con algunas excepciones, entre otras medidas, que incluyen aspectos como la eficiencia energética y arquitectónica.
Desde que se aprobó esta orden, estos criterios se han aplicado en una quincena de edificios, según el documento del departamento de Economía y Finanzas, y el ahorro neto generado ha sido de 275,4 millones de euros. Son ejemplos de ello la optimización de dos edificios del departamento de Agricultura, la renovación del edificio donde se sitúa Infraestructures.cat, o la optimización de la sede de Derechos Sociales. También se aplicará en la reorganización de los servicios del departamento de Cultura, por ejemplo en el edificio que alberga el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que está actualmente en obras para acoger trabajadores de otros servicios. Esta reorganización hará que, cuando terminen las obras, los empleados públicos tendrán que repartirse y reservar mediante una aplicación informática las mesas de trabajo, usando los días de teletrabajo, repartidos y asignados con más antelación y orden, como la alternativa cuando no se pueda optar a un sitio físico.
Todo ello se está llevando a cabo, sin embargo, en un contexto en el que el Ejecutivo de Salvador Illa tiene como una prioridad incrementar la productividad en la Administración, y ha mostrado algunas señales de que opina que para lograr este objetivo es necesario fomentar más la presencialidad. Todavía no hay una instrucción concreta en este sentido, pero el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, decidió en enero de 2025 suprimir el teletrabajo a los altos cargos. Y, pese a asegurar que esta prohibición de teletrabajar no afectaría al resto de trabajadores públicos, en junio pasado tanteó a los sindicatos con una propuesta para que los funcionarios que renuncien al teletrabajo reciban una bonificación de hasta 200 euros. La propuesta no convenció a los sindicatos y el Govern la ha retirado. Según los datos del Govern, de los cerca de 280.000 empleados del sector público, actualmente unos 14.900 tienen permiso para trabajar a distancia dos o tres días a la semana, dependiendo del convenio.
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