Los altos funcionarios del Estado han decidido actuar contra el malabarismo normativo que ha usado el Gobierno para poder nombrar al nuevo director general del Tesoro, Pablo Sánchez-Blanco, modificando una ley para incluir una excepción que le permitiese realizar ese nombramiento. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha decidido estudiar acciones legales para recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del martes en el que se incluye una nueva excepción a la norma que rige a los directores generales: que sean funcionarios de carrera del nivel A1, una categoría que Sánchez-Blanco no ostentaba, pero a la que se le ha buscado un resquicio para situarle al frente del Tesoro.Fedeca considera que esta modificación normativa amplía de «forma injustificada» el alcance de una excepción que el legislador configuró como extraordinaria y estrictamente motivada, con el consiguiente «riesgo de desvirtuar la regla general» que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado a funcionarios de carrera. «No cuestionamos la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto», indica la organización.Fedeca, la asociación de los altos funcionarios, considera que estos cambios legales tan forzados «alteran el modelo» de las direcciones generales, en función de decisiones «al albur» del GobiernoEste nombramiento, que tiene numerosos tintes políticos al tratarse del marido de la dirigente socialista Pilar Sánchez Acera, trasciende cualquier caso concreto. Sánchez Acera fue una estrecha colaboradora de Moncloa y del ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, ejerce como número dos del PSM. Pero, sobre todo, porque ese inquebrantable apoyo al entorno del presidente del Gobierno le puso en la picota al verse envuelta en la polémica por los mensajes de texto que envió en su momento al que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que hiciera público en la Asamblea de Madrid, como adelantó ABC, los correos entre el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador y la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo sobre un presunto fraude fiscal. Un caso que finalmente ha acabado con la condena al ya ex fiscal General del Estado por la filtración de esos datos confidenciales.La organización que aglutina a los altos funcionarios considera que lo verdaderamente preocupante es «el uso y abuso de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones» que deben ser extraordinarias hasta el punto de «alterar progresivamente el modelo» de dirección pública profesional diseñado por la propia normativa. «Las excepciones no pueden convertirse en la regla y la profesionalización de la Administración no puede quedar al albur de cambios normativos» -indica la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca de la Cruz- que debiliten los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia que deben regir nuestras instituciones».Un giro normativo inesperadoEsa excepción a la que se ha aferrado Economía ha consistido en la modificación del real decreto que regula este tipo de nombramientos añadiendo al Tesoro a los organismos que pueden saltarse la exigencia de tener como director general a un alto funcionario, para así poder formalizar el cambio en la cúpula de quien controla la financiación pública.La legislación que hasta ayer estaba en vigor imponía, entre otras condiciones, que los nombramientos de los directores generales deben efectuarse «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1». Un requisito que Sánchez-Blanco no cumplía. Para poder cuadrar el círculo, el Gobierno ha modificado el real decreto 1009/2023 para incluir, en una disposición adicional, una nueva excepción entre los cargos que, aun no siendo funcionarios, pueden ejercer de director general, apuntando al Tesoro «en atención a las características específicas de las direcciones generales». Los altos funcionarios del Estado han decidido actuar contra el malabarismo normativo que ha usado el Gobierno para poder nombrar al nuevo director general del Tesoro, Pablo Sánchez-Blanco, modificando una ley para incluir una excepción que le permitiese realizar ese nombramiento. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha decidido estudiar acciones legales para recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del martes en el que se incluye una nueva excepción a la norma que rige a los directores generales: que sean funcionarios de carrera del nivel A1, una categoría que Sánchez-Blanco no ostentaba, pero a la que se le ha buscado un resquicio para situarle al frente del Tesoro.Fedeca considera que esta modificación normativa amplía de «forma injustificada» el alcance de una excepción que el legislador configuró como extraordinaria y estrictamente motivada, con el consiguiente «riesgo de desvirtuar la regla general» que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado a funcionarios de carrera. «No cuestionamos la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto», indica la organización.Fedeca, la asociación de los altos funcionarios, considera que estos cambios legales tan forzados «alteran el modelo» de las direcciones generales, en función de decisiones «al albur» del GobiernoEste nombramiento, que tiene numerosos tintes políticos al tratarse del marido de la dirigente socialista Pilar Sánchez Acera, trasciende cualquier caso concreto. Sánchez Acera fue una estrecha colaboradora de Moncloa y del ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, ejerce como número dos del PSM. Pero, sobre todo, porque ese inquebrantable apoyo al entorno del presidente del Gobierno le puso en la picota al verse envuelta en la polémica por los mensajes de texto que envió en su momento al que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que hiciera público en la Asamblea de Madrid, como adelantó ABC, los correos entre el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador y la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo sobre un presunto fraude fiscal. Un caso que finalmente ha acabado con la condena al ya ex fiscal General del Estado por la filtración de esos datos confidenciales.La organización que aglutina a los altos funcionarios considera que lo verdaderamente preocupante es «el uso y abuso de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones» que deben ser extraordinarias hasta el punto de «alterar progresivamente el modelo» de dirección pública profesional diseñado por la propia normativa. «Las excepciones no pueden convertirse en la regla y la profesionalización de la Administración no puede quedar al albur de cambios normativos» -indica la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca de la Cruz- que debiliten los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia que deben regir nuestras instituciones».Un giro normativo inesperadoEsa excepción a la que se ha aferrado Economía ha consistido en la modificación del real decreto que regula este tipo de nombramientos añadiendo al Tesoro a los organismos que pueden saltarse la exigencia de tener como director general a un alto funcionario, para así poder formalizar el cambio en la cúpula de quien controla la financiación pública.La legislación que hasta ayer estaba en vigor imponía, entre otras condiciones, que los nombramientos de los directores generales deben efectuarse «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1». Un requisito que Sánchez-Blanco no cumplía. Para poder cuadrar el círculo, el Gobierno ha modificado el real decreto 1009/2023 para incluir, en una disposición adicional, una nueva excepción entre los cargos que, aun no siendo funcionarios, pueden ejercer de director general, apuntando al Tesoro «en atención a las características específicas de las direcciones generales».
Los altos funcionarios del Estado han decidido actuar contra el malabarismo normativo que ha usado el Gobierno para lograr el nombramiento del nuevo director general del Tesoro, Pablo Sánchez-Blanco, modificando una ley para incluir una excepción que le permitiese realizar ese nombramiento. La Federación … Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha decidido estudiar acciones legales para recurrir el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del martes en el que se incluye una nueva excepción a la norma que rige a los directores generales: que sean funcionarios de carrera del nivel A1: una categoría que Sánchez-Blanco no ostentaba, pero a la que se le ha buscado un resquicio para situarle al frente del Tesoro.
Fedeca considera que esta modificación normativa amplía de «forma injustificada» el alcance de una excepción que el legislador configuró como extraordinaria y estrictamente motivada, con el consiguiente «riesgo de desvirtuar la regla general» que reserva determinados puestos directivos de la Administración General del Estado a funcionarios de carrera. «No cuestionamos la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto», indica la organización.
Fedeca, la asociación de los altos funcionarios, considera que estos cambios legales tan forzados «alteran el modelo» de las direcciones generales, en función de decisiones «al albur» del Gobierno
Este nombramiento, que tiene numerosos tintes políticos al tratarse del marido de la dirigente socialista Pilar Sánchez Acera, trasciende cualquier caso concreto. Sánchez Acera fue una estrecha colaboradora de Moncloa y del ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, ejerce como número dos del PSM. Pero, sobre todo, porque ese inquebrantable apoyo al entorno del presidente del Gobierno le puso en la picota al verse envuelta en la polémica por los mensajes de texto que envió en su momento al que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que hiciera público en la Asamblea de Madrid, como adelantó ABC, los correos entre el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador y la fiscalía para intentar llegar a un acuerdo sobre un pregunto fraude fiscal. Un caso que finalmente ha acabado con la condena al ya ex fiscal General del Estado por la filtración de estos datos confidenciales.
La organización que aglutina a los altos funcionarios considera que lo verdaderamente preocupante es «el uso y abuso de modificaciones normativas para ampliar el ámbito de excepciones» que deben ser extraordinarias hasta el punto de «alterar progresivamente el modelo» de dirección pública profesional diseñado por la propia normativa. «Las excepciones no pueden convertirse en la regla y la profesionalización de la Administración no puede quedar al albur de cambios normativos» -indica la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca de la Cruz- que debiliten los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia que deben regir nuestras instituciones».
Un giro normativo inesperado
Esa excepción a la que se ha aferrado Economía ha consistido en modificación del real decreto que regula este tipo de nombramientos añadiendo al Tesoro a los organismos que pueden saltarse la exigencia de tener como director general a un alto funcionario, para así poder formalizar el cambio en la cúpula de quien controla la financiación pública.
La legislación que hasta ayer estaba en vigor imponía, entre otras condiciones, que los nombramientos de los directores generales deben efectuarse «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1». Un requisito que Sánchez-Blanco no cumplía. Para poder cuadrar el círculo, el Gobierno ha modificado el real decreto 1009/2023 para incluir, en una disposición adicional, una nueva excepción entre los cargos que, aun no siendo funcionarios, pueden ejercer de director general, apuntando al Tesoro «en atención a las características específicas de las direcciones generales».
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