El fantasma del posible pucherazo electoral que llevan meses avivando el PP, Vox y otras formaciones extraparlametarias de ultraderecha ha recibido este jueves un espaldarazo con el que pocos contaban hace unas semanas. Los argumentos empleados por el Tribunal Supremo para justificar la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos alimentan la tesis de la oposición hasta el punto de justificar la restricción de un derecho fundamental en “un peligro fundado, real y serio” de que un “incremento extraordinario” del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) altere “el resultado deseado por los españoles” en unos futuros comicios.
El tribunal justifica la suspensión del derecho al voto de los nuevos nacionalizados en un incremento “excepcional” del censo que fundamenta “la incertidumbre sobre el resultado electoral”
El fantasma del posible pucherazo electoral que llevan meses avivando el PP, Vox y otras formaciones extraparlametarias de ultraderecha ha recibido este jueves un espaldarazo con el que pocos contaban hace unas semanas. Los argumentos empleados por el Tribunal Supremo para justificar la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos alimentan la tesis de la oposición hasta el punto de justificar la restricción de un derecho fundamental en “un peligro fundado, real y serio” de que un “incremento extraordinario” del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) altere “el resultado deseado por los españoles” en unos futuros comicios.
Los cinco magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que acordaron esa medida ponen el foco en el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el censo de votantes residentes en el extranjero. Según los datos del Gobierno, hasta el pasado 31 de mayo 333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, mientras que otros 238.065 nuevos españoles han solicitado estarlo.
El Supremo no usa ese dato sino otro algo superior que aportó en su recurso Iustitua Europa, que cifró en 408.262 los nuevos censados desde las elecciones generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026. El tribunal lo da por bueno con el argumento de que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado los ha cuestionado y pone de ejemplo la circunscripciones electorales de Madrid, con 115.572 electores más, o Barcelona, con 43.439 electores nuevos censados, que, según la sala, “revelan un incremento excepcional de electores inscritos en el CERA, que no se había producido con anterioridad”.
El relato del tribunal, que advierte de que a este incremento ya consolidado se le suma “la circunstancia de que tal número está en constante aumento”, dibuja la imagen de un censo electoral fuera de control que requiere la adopción de una medida cautelar tan excepcional como es retirar el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la ley de nietos. Lo contrario, argumentan los jueces, podría “afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral”.
Además de dar recorrido a los recursos presentados por Vox y Iustitia Europa, la decisión del alto tribunal da alas a las tesis del PP que el pasado mes de julio lanzó una ofensiva política contra la ley de nietos, con el líder del PP acusando al Gobierno de pretender “fabricar nuevos votantes” con la “ingeniería electoral” construida por esta norma. “Ninguna cosa de lo que hace Sánchez es ingenuidad”, argumentó el líder del PP, con la tesis de que el presidente quería aprobar esa norma solo por aumentar el número de personas con derecho al sufragio activo y no por conceder esa prerrogativa a los nietos de los exiliados por el mero hecho de su condición, sino para “fabricar nuevos votantes”.
Llovía sobre mojado. En una carta dirigida a 90.000 interventores, apoderados y afiliados el PP de Madrid ya había planteado una idea parecido: “Tenemos ante nosotros a un PSOE, liderado por Pedro Sánchez, cuyo historial nos obliga a estar más vigilantes que nunca. Son capaces de todo”, recogía la misiva que explicaba que “los recientes procesos de regularización masiva y de nacionalizaciones van a alterar sustancialmente el censo”. La carta la firmaban el secretario general, Alfonso Serrano, la vicesecretaria de organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña.
Aunque el PP ha hecho equilibrismos para defender después que, en el fondo, los populares sí estaban de acuerdo con otorgar la nacionalidad a los descendientes de emigrados españoles “con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos”, lo cierto es que los populares se han ido contagiendo del discurso de la ultraderecha sobre las insinuaciones de fraude electoral. De hecho, en junio pasado, Vox planteó ante el pleno una iniciativa para reformar las normas que rigen el voto por correo a partir de una premisa expuesta por su diputado Ignacio Hoces: “Sánchez es el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen del 78”.
Tras la decisión del Supremo, el PP ha retomado el discurso más duro, con insinuaciones de pucherazo electoral, en plena batalla con Vox por rentabilizar el revés del alto tribunal. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, quien lideró internamente la pelea por este asunto, ha defendido que el Gobierno pretendía “con todo descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”, pero “se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona”.
Solo uno de los seis miembros de la sala que ha estudiado el caso, la magistrada Alicia Millán, se ha opuesto a la solución acordada por la mayoría del tribunal. Esta jueza, que se incorporó al alto tribunal en febrero del año pasado, considera que sus compañeros no han “ponderado” de forma correcta los intereses en juego al optar por privar a decenas de miles de ciudadanos de “de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española: la participación en los procesos electorales en los términos establecidos por las leyes”.
Las dudas sobre la decisión del alto tribunal se han alimentado también por la composición mayoritariamente conservadora de la sala que la ha acordado, entre los que hay magistrados que participaron activamente en la protesta contra las reformas legales del Gobierno que se celebró a las puertas del Supremo en junio de 2025, como José Luis Requero. El ponente de los autos, Antonio Narváez, fiscal de carrera y exmagistrado del Tribunal Constitucional, participó en una cena con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el 18 de abril en el hotel Claridge de Madrid con medio centenar de fiscales vinculados a la asociación mayoritaria, de tendencia conservadora. En ese encuentro, según diversas fuentes consultadas en su momento por EL PAÍS, Narváez llegó a expresar su deseo, a título personal, de que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno y puso bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra.
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