Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una modificación de la legislación ambiental que dará a los ayuntamientos capacidad para pronunciarse sobre la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. El cambio ha salido adelante con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox.
La reforma de la Ley de Evaluación Ambiental obligará al pleno de cada municipio afectado a expresar formalmente si está de acuerdo o no con el proyecto. Hasta ahora, la participación municipal se centraba principalmente en informes urbanísticos y técnicos.
Con el nuevo procedimiento, si el Ayuntamiento da su conformidad, la tramitación podrá continuar. Si rechaza la instalación mediante una decisión motivada, el expediente finalizará y la planta no podrá ejecutarse en los términos planteados.
El diputado socialista Francisco Barato ha defendido que los municipios deben poder decidir sobre proyectos con efectos directos en el tráfico, los accesos, los olores, el territorio, la agricultura o la ganadería. Según ha señalado, los ayuntamientos dejarán de limitarse a ser informados o consultados para fijar una posición con consecuencias sobre la tramitación.
El PP y Vox han votado en contra de la modificación. El diputado popular Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno regional de trasladar a alcaldes y concejales una responsabilidad que corresponde a la Junta, además de utilizar a los ayuntamientos como «escudo político» ante proyectos que generan rechazo social.
Desde Vox, Francisco José Cobo ha advertido de que la reforma puede aumentar la burocracia y provocar problemas cuando una planta afecte a varios municipios y sus plenos adopten decisiones diferentes.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que el cambio refuerza la autonomía municipal. También ha asegurado que los ayuntamientos podrán solicitar asesoramiento a las diputaciones provinciales y al Gobierno regional para analizar los proyectos.
El balance de la ley LGTBI sale adelante con críticas de la oposición
El pleno también ha aprobado el informe trienal sobre el cumplimiento y el impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. El documento ha recibido los votos favorables del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de Vox.
La diputada socialista Rosario García Saco ha valorado los avances conseguidos durante los tres primeros años de aplicación de la ley, aunque ha reconocido que todavía quedan medidas por desarrollar.
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha señalado que el 84 % del articulado ya ha comenzado a aplicarse, pero ha admitido que todavía es pronto para medir el impacto de unas políticas recientes.
El PP ha reclamado datos objetivos para conocer si la ley ha mejorado la vida de las personas y ha criticado que algunos órganos y planes previstos sigan sin funcionar. Vox, por su parte, ha cuestionado la utilidad de los organismos y subvenciones vinculados a la norma.
Sin acuerdo entre los grupos sobre la siniestralidad laboral
PP y Vox han reclamado más inversión y medidas concretas para reducir los accidentes laborales en Castilla-La Mancha. Ambos grupos han sostenido que las cifras demuestran que las políticas actuales no están ofreciendo los resultados esperados.
El PP ha pedido un nuevo plan de choque, más presupuesto y una evaluación de la actividad del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Vox ha defendido ayudas para que las empresas puedan invertir en maquinaria segura, formación, equipos de protección e inspecciones.
Las propuestas de ambos grupos han sido rechazadas. La resolución del PSOE ha salido adelante con sus votos y la abstención de PP y Vox. El texto apuesta por mantener el diálogo social, reforzar la prevención y comenzar los trabajos para un nuevo acuerdo estratégico.
PSOE y PP coinciden sobre el agua, pero no apoyan sus propuestas
El debate sobre la planificación hidrológica ha dejado una coincidencia política que no se ha trasladado a las votaciones. PSOE y PP han expresado su respaldo a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias Asaja y UPA, aunque después han rechazado las propuestas presentadas por el otro grupo.
La resolución socialista ha sido la única aprobada, con la abstención del PP y el voto contrario de Vox. El PSOE ha defendido las más de cien alegaciones presentadas por el Gobierno regional a los planes hidrológicos y ha asegurado que incluyen las reclamaciones de las organizaciones agrarias.
El PP ha pedido que el Gobierno de Castilla-La Mancha adopte íntegramente el documento elaborado por Asaja y UPA y lo traslade al Gobierno de España, las confederaciones hidrográficas y las instituciones europeas.
Vox ha defendido un plan nacional del agua basado en nuevas infraestructuras y en la interconexión de cuencas. Su propuesta también ha sido rechazada.
La dependencia vuelve a enfrentar al Gobierno y a la oposición
El sistema de dependencia y la atención a las personas mayores han centrado otro de los debates del pleno. El PP ha presentado un «Pacto por los mayores» con doce medidas, entre ellas una mayor financiación de las residencias, apoyo a las viviendas de mayores y una estrategia contra la soledad no deseada.
Vox ha respaldado la necesidad de reforzar la atención a los mayores y ha reclamado políticas que faciliten la conciliación familiar y garanticen plazas residenciales.
El PSOE y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han defendido la recuperación de servicios, programas, plazas y profesionales desde 2015. Las resoluciones del PP y Vox han sido rechazadas, mientras que la del PSOE ha salido adelante.
Rechazada la auditoría de Vox sobre Geacam
La mayoría socialista también ha rechazado la petición de Vox para realizar una auditoría sobre los trabajos y la gestión presupuestaria de Geacam. El PP ha apoyado la propuesta, aunque sus votos no han sido suficientes.
Vox ha acusado a la empresa pública de falta de transparencia y ha pedido explicaciones sobre el uso de sus recursos. El PP ha reclamado más información sobre la gestión y sobre los medios destinados a sus trabajadores.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha defendido la labor de los profesionales de Geacam y ha recordado que la empresa ya está sometida a controles y auditorías. El PSOE ha acusado a Vox de oportunismo por activar ahora una iniciativa registrada hace quince meses.
La mayoría socialista ha sacado adelante la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental en un pleno que también ha abordado la siniestralidad laboral, el agua, la dependencia, la ley LGTBI y la gestión de Geacam
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una modificación de la legislación ambiental que dará a los ayuntamientos capacidad para pronunciarse sobre la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. El cambio ha salido adelante con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox.
La reforma de la Ley de Evaluación Ambiental obligará al pleno de cada municipio afectado a expresar formalmente si está de acuerdo o no con el proyecto. Hasta ahora, la participación municipal se centraba principalmente en informes urbanísticos y técnicos.
Con el nuevo procedimiento, si el Ayuntamiento da su conformidad, la tramitación podrá continuar. Si rechaza la instalación mediante una decisión motivada, el expediente finalizará y la planta no podrá ejecutarse en los términos planteados.
El diputado socialista Francisco Barato ha defendido que los municipios deben poder decidir sobre proyectos con efectos directos en el tráfico, los accesos, los olores, el territorio, la agricultura o la ganadería. Según ha señalado, los ayuntamientos dejarán de limitarse a ser informados o consultados para fijar una posición con consecuencias sobre la tramitación.
El PP y Vox han votado en contra de la modificación. El diputado popular Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno regional de trasladar a alcaldes y concejales una responsabilidad que corresponde a la Junta, además de utilizar a los ayuntamientos como «escudo político» ante proyectos que generan rechazo social.
Desde Vox, Francisco José Cobo ha advertido de que la reforma puede aumentar la burocracia y provocar problemas cuando una planta afecte a varios municipios y sus plenos adopten decisiones diferentes.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que el cambio refuerza la autonomía municipal. También ha asegurado que los ayuntamientos podrán solicitar asesoramiento a las diputaciones provinciales y al Gobierno regional para analizar los proyectos.
El pleno también ha aprobado el informe trienal sobre el cumplimiento y el impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. El documento ha recibido los votos favorables del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de Vox.
La diputada socialista Rosario García Saco ha valorado los avances conseguidos durante los tres primeros años de aplicación de la ley, aunque ha reconocido que todavía quedan medidas por desarrollar.
La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha señalado que el 84 % del articulado ya ha comenzado a aplicarse, pero ha admitido que todavía es pronto para medir el impacto de unas políticas recientes.
El PP ha reclamado datos objetivos para conocer si la ley ha mejorado la vida de las personas y ha criticado que algunos órganos y planes previstos sigan sin funcionar. Vox, por su parte, ha cuestionado la utilidad de los organismos y subvenciones vinculados a la norma.
PP y Vox han reclamado más inversión y medidas concretas para reducir los accidentes laborales en Castilla-La Mancha. Ambos grupos han sostenido que las cifras demuestran que las políticas actuales no están ofreciendo los resultados esperados.
El PP ha pedido un nuevo plan de choque, más presupuesto y una evaluación de la actividad del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Vox ha defendido ayudas para que las empresas puedan invertir en maquinaria segura, formación, equipos de protección e inspecciones.
Las propuestas de ambos grupos han sido rechazadas. La resolución del PSOE ha salido adelante con sus votos y la abstención de PP y Vox. El texto apuesta por mantener el diálogo social, reforzar la prevención y comenzar los trabajos para un nuevo acuerdo estratégico.
El debate sobre la planificación hidrológica ha dejado una coincidencia política que no se ha trasladado a las votaciones. PSOE y PP han expresado su respaldo a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias Asaja y UPA, aunque después han rechazado las propuestas presentadas por el otro grupo.
La resolución socialista ha sido la única aprobada, con la abstención del PP y el voto contrario de Vox. El PSOE ha defendido las más de cien alegaciones presentadas por el Gobierno regional a los planes hidrológicos y ha asegurado que incluyen las reclamaciones de las organizaciones agrarias.
El PP ha pedido que el Gobierno de Castilla-La Mancha adopte íntegramente el documento elaborado por Asaja y UPA y lo traslade al Gobierno de España, las confederaciones hidrográficas y las instituciones europeas.
Vox ha defendido un plan nacional del agua basado en nuevas infraestructuras y en la interconexión de cuencas. Su propuesta también ha sido rechazada.
El sistema de dependencia y la atención a las personas mayores han centrado otro de los debates del pleno. El PP ha presentado un «Pacto por los mayores» con doce medidas, entre ellas una mayor financiación de las residencias, apoyo a las viviendas de mayores y una estrategia contra la soledad no deseada.
Vox ha respaldado la necesidad de reforzar la atención a los mayores y ha reclamado políticas que faciliten la conciliación familiar y garanticen plazas residenciales.
El PSOE y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han defendido la recuperación de servicios, programas, plazas y profesionales desde 2015. Las resoluciones del PP y Vox han sido rechazadas, mientras que la del PSOE ha salido adelante.
La mayoría socialista también ha rechazado la petición de Vox para realizar una auditoría sobre los trabajos y la gestión presupuestaria de Geacam. El PP ha apoyado la propuesta, aunque sus votos no han sido suficientes.
Vox ha acusado a la empresa pública de falta de transparencia y ha pedido explicaciones sobre el uso de sus recursos. El PP ha reclamado más información sobre la gestión y sobre los medios destinados a sus trabajadores.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha defendido la labor de los profesionales de Geacam y ha recordado que la empresa ya está sometida a controles y auditorías. El PSOE ha acusado a Vox de oportunismo por activar ahora una iniciativa registrada hace quince meses.
Castilla-La Mancha – enTomelloso.com
