Una empresa de cerámica consume gas para alcanzar temperaturas de 1.200 grados con las que cocer las arcillas y sintetizar sus productos. Asociada a la combustión del gas, esta empresa emite 8.000 toneladas de CO₂ al año. Su proceso industrial está sujeto al Régimen Europeo de Derechos de Emisión, por lo cual está obligada a pagar en el mercado European Energy Exchange por sus emisiones, en este caso por un valor aproximado de 600.000 euros al año, a 75 euros por tonelada de CO₂.
Si una compañía expulsara esta cantidad de gas carbónico, estaría obligada a pagar 363 millones de euros en el mercado europeo de derechos de emisión
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Si una compañía expulsara esta cantidad de gas carbónico, estaría obligada a pagar 363 millones de euros en el mercado europeo de derechos de emisión
Javier Álvarez del Castillo
Una empresa de cerámica consume gas para alcanzar temperaturas de 1.200 grados con las que cocer las arcillas y sintetizar sus productos. Asociada a la combustión del gas, esta empresa emite 8.000 toneladas de CO₂ al año. Su proceso industrial está sujeto al Régimen Europeo de Derechos de Emisión, por lo cual está obligada a pagar en el mercado European Energy Exchange por sus emisiones, en este caso por un valor aproximado de 600.000 euros al año, a 75 euros por tonelada de CO₂.
Este verano se han quemado 88.000 hectáreas de bosque entre Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Valencia, que han liberado a la atmósfera en siete días 4.840.000 de toneladas de CO₂. Esto es equivalente a lo que emiten 660 empresas cerámicas, o a dos veces las emisiones anuales de toda la ciudad de Valencia, o a dos veces las emisiones anuales de toda la industria cerámica española. Si una empresa o particular emitiera esta cantidad de CO₂, estaría obligada a pagar en el mercado europeo de derechos de emisión de CO₂unos 363 millones de euros.
La ley de montes estatal y sus equivalentes autonómicas obligan a la gestión y limpieza de los bosques. Una comunidad que no haya limpiado bosques, que durante lustros haya recortado presupuestos en emergencias, o que mantenga en precario y mal pagados a los bomberos, no abona ninguna cantidad ―a pesar de que su responsabilidad es evidente― y tampoco será sancionada como lo sería cualquier empresa de Europa que incurriera en estas emisiones.
Por otro lado, los incendios han golpeado principalmente la economía rural. Las pérdidas económicas directas se cuantifican en alrededor de 800 millones de euros. En cuanto a la pérdida del capital natural, cabe decir que recuperar un bosque en su diversidad requiere entre dos y cinco generaciones humanas. Si sumásemos a esos 800 millones de euros el capital natural calcinado, el impacto económico total podría ascender a varios miles de millones. El daño patrimonial y emocional para dos generaciones es incalculable.
Todo ello ha sucedido en comunidades autónomas en las que sus responsables políticos niegan públicamente de palabra el cambio climático, porque no puedo creer que en conciencia desconozcan una realidad tan contrastada científicamente desde hace décadas y empíricamente comprobada por todos en los últimos años.
Las élites mundiales negacionistas del cambio climático y sus voceros, los políticos locales afines, saben que neutralizarlo significará un cambio de modelo socioeconómico que no van a consentir, porque son un sector social privilegiado. Su interesado posicionamiento discursivo respecto al cambio climático les lleva a la desidia en el cuidado de bosques y fincas ganaderas, al que están obligados por ley, perjudicando así gravemente a la población, provocando daños irreversibles en el medio y generando emisiones que la Unión Europea no permite. De estos incendios se deriva responsabilidad civil y penal, y la fiscalía y la judicatura deberían actuar de oficio, ya que, este sí, es un caso relevante y de interés público.
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