Los médicos de toda España están llamados durante esta semana a una huelga para reivindicar mejores condiciones laborales que se plasmen en un estatuto propio que les diferencie del resto de los sanitarios. Los servicios mínimos garantizan la atención a procesos urgentes; el resto pueden verse comprometidos, aunque es imposible anticipar exactamente cómo.
Los servicios mínimos garantizan los procedimientos urgentes. El seguimiento es imprevisible, y las anteriores convocatorias tuvieron un respaldo muy dispar
Los médicos de toda España están llamados durante esta semana a una huelga para reivindicar mejores condiciones laborales que se plasmen en un estatuto propio que les diferencie del resto de los sanitarios. Los servicios mínimos garantizan la atención a procesos urgentes; el resto pueden verse comprometidos, aunque es imposible anticipar exactamente cómo.
El Sindicato Médico Andaluz, uno de los convocantes, recuerda que por ley la huelga es un derecho individual y que los que la secunden no tienen por qué avisar. Pueden decidir ir al paro incluso el mismo día y es ilegal que sus superiores les pregunten para planificar el servicio.
Esto hace que probablemente se repitan escenas que ya se han visto en otras huelgas médicas (esta es la cuarta en un año): personas que acuden a sus centros de salud o al hospital y que allí mismo se enteren de que les cancelan la cita que tenían.
En las convocatorias previas, el seguimiento ha sido muy desigual: en multitud de centros ni siquiera se ha notado, mientras que otros veían mermada su actividad. Varía según las comunidades autónomas, incluso en distintos servicios dentro de las mismas ciudades pueden darse situaciones muy distintas.
La última huelga de facultativos ―el pasado 14 de enero― tuvo un respaldo muy discreto, según los datos oficiales que proporcionaron las comunidades autónomas. En los lugares con mayor respaldo apenas llegó al 20%, como fue el caso de Galicia y el País Vasco.
El panorama es ahora todavía más incierto, ya que comenzó como una medida de presión contra el Ministerio de Sanidad en la negociación del Estatuto Marco, que rige las relaciones laborales de casi un millón de sanitarios en España, pero este borrador ya ha sido acordado con los principales sindicatos del sector.
Mónica García firmó un acuerdo el pasado 28 de enero con las principales centrales: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, mientras se quedó fuera CIG-Saúde, el quinto con representación en el ámbito. En la mesa de negociación no tienen presencia (por no tener suficientes apoyos) los sindicatos médicos, que siguen protestando en contra del texto en una unión que tiene pocos precedentes.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) convocaron un calendario de paros que comienza esta semana y que tiene previstas nuevas huelgas en los meses siguientes.
Además del paro nacional, se solapan otros específicamente convocados en algunas comunidades autónomas (Madrid, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha) que buscan presionar a sus gobiernos regionales, ya que son ellos los que tienen las competencias para satisfacer muchas de las demandas de los médicos, como las relativas a los salarios.
Lo que para los sindicatos mayoritarios ha sido un avance para la mejora de las condiciones de los sanitarios (como la mejora de la carrera profesional, o la reducción de guardias a un máximo de 17 horas, en lugar de las 24 en vigor), para los médicos es claramente insuficiente.
Más allá de reclamar un estatuto propio, una de las claves está en las guardias: piden que sean voluntarias (ahora son obligatorias hasta los 55 años), que estén mejor remuneradas y que computen para la jubilación, cosa que ahora no sucede.
Además, piden una clasificación profesional y de carrera que recoja niveles acreditados de formación y responsabilidad con efectos retributivos, así como reducir las jornadas reales de trabajo, entre otras medidas.
El Ministerio de Sanidad ha descartado en numerosas ocasiones crear un estatuto propio para los médicos, así como las guardias voluntarias, argumentando que de esa forma sería imposible garantizar la asistencia sanitaria. “Rompería el sistema”, ha afirmado la ministra, Mónica García, en una entrevista publicada este lunes en EL PAÍS.
Con respecto a las guardias, García subraya que la mejora a 17 horas es un máximo, y que los servicios pueden organizarse para que sean menos horas, pero nunca más, a no ser que los profesionales accedan voluntariamente. La ministra argumenta que el resto de las reivindicaciones, sobre todo las salariales, son competencia de las comunidades autónomas.
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