Y lo más triste de todo es que es legal. Es legal que un fondo compre un edificio entero de un barrio de Madrid, que durante meses e incluso años acose a sus inquilinos de renta antigua o reciente para que se marchen y así alquilar de nuevo esos pisos por dos o tres o cuatro veces más. Es legal que, durante todo ese tiempo, las administraciones públicas –todas, de todos los colores políticos– se desentiendan del asunto; unas, por clara connivencia con los intereses especulativos de un capital oscuro y voraz; y otras, por desesperante ineficacia. Es legal que un juez ordene a los antidisturbios de la Policía Nacional que monten una macrooperación de desahucio compuesta por decenas de furgonetas, centenares de agentes, helicópteros y drones para conseguir —después de toda una mañana de nervios, forcejeos, palos y gas pimienta— abrir con una maza la puerta del único piso de la planta sexta del número 46 de la calle de Sáinz de Baranda que tiene un pomo y una mirilla diferentes a las demás, o sea, la casa de Maricarmen, así, sin apellidos y todo junto, porque Maricarmen —a sus 87 años y en su silla de ruedas— se ha convertido muy a su pesar en la fotografía que necesitábamos para entender finalmente que no entendemos nada.
La voracidad de la especulación inmobiliaria es posible gracias a un sistema muy bien engrasado de intereses políticos y empresariales
Y lo más triste de todo es que es legal. Es legal que un fondo compre un edificio entero de un barrio de Madrid, que durante meses e incluso años acose a sus inquilinos de renta antigua o reciente para que se marchen y así alquilar de nuevo esos pisos por dos o tres o cuatro veces más. Es legal que, durante todo ese tiempo, las administraciones públicas –todas, de todos los colores políticos– se desentiendan del asunto; unas, por clara connivencia con los intereses especulativos de un capital oscuro y voraz; y otras, por desesperante ineficacia. Es legal que un juez ordene a los antidisturbios de la Policía Nacional que monten una macrooperación de desahucio compuesta por decenas de furgonetas, centenares de agentes, helicópteros y drones para conseguir —después de toda una mañana de nervios, forcejeos, palos y gas pimienta— abrir con una maza la puerta del único piso de la planta sexta del número 46 de la calle de Sáinz de Baranda que tiene un pomo y una mirilla diferentes a las demás, o sea, la casa de Maricarmen, así, sin apellidos y todo junto, porque Maricarmen —a sus 87 años y en su silla de ruedas— se ha convertido muy a su pesar en la fotografía que necesitábamos para entender finalmente que no entendemos nada.
O tal vez sí.
A las 12.59, la imagen de Maricarmen saliendo por última vez de su portal, en camilla, rodeada por un impresionante operativo policial, arropada por los cánticos de decenas de jóvenes que la han velado toda la noche y que, desde el amanecer, han intentado evitar el desahucio interponiendo sus cuerpos, se convierte en parte de un puzle muy revelador. Solo hay que ordenar las piezas un poco, ponerlas en contexto. Para empezar, es un aviso a navegantes. Da igual que te resistas. ¿Qué puedes hacer contra una maquinaria política, judicial y policial tan bien engrasada? No hay más que repasar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso solo 24 horas antes del desahucio, en las que vuelve a poner una alfombra roja a la inversión extranjera que ha encontrado —fundamentalmente en Madrid y principalmente en el mercado inmobiliario— una oportunidad fácil, segura y rápida para multiplicar sus beneficios.
Durante las muchas horas de espera en la calle del alcalde Sáinz de Baranda, se cruzan las historias de vecinos del barrio que, de camino o de regreso del mercado, cuentan que el de Maricarmen no es el primer ni el último caso, y que incluso hay familias —“con un buen sueldo ella y con un buen sueldo él”— que se han tenido que ir por la presión brutal de caseros sin escrúpulos —extranjeros y también nacionales— que recurren a todo tipo de estratagemas para que abandonen sus viviendas. El fenómeno no es nuevo, pero sí su voracidad y su connivencia, por activa o por pasiva, con las instituciones. A principios de este siglo, en Cádiz se acuñó el término “asustaviejas” para designar a un tipo muy particular de especuladores inmobiliarios. Eran los que se dedicaban a comprar los edificios más viejos de la ciudad para luego, valiéndose de abogados especialistas en desahucios y de matones disfrazados de técnicos de urbanismo, expulsar a los inquilinos —por lo general personas mayores y en especial mujeres— utilizando la presión y el engaño. Aquellos pioneros del acoso se han convertido ya en una verdadera industria que ahoga a los inquilinos más vulnerables, quienes solo encuentran apoyo y cariño en asociaciones o sindicatos de jóvenes como los que estos días han estado luchando por que Maricarmen conservara la casa donde vivió siempre. No deja de ser curioso —otra pieza para el puzle— que, aunque una persona se haya mostrado dispuesta a pagar el alquiler, el fondo prefiriese la foto del desahucio: un juez inflexible, centenares de policías parapetados como centuriones romanos y unos dirigentes políticos que ni están ni se les espera. ¿Quién es el próximo? Que pase.
La penúltima pieza la podemos encontrar en San Sebastián o en Sevilla. Para que el negocio sea próspero, los inversores quieren las ciudades limpias de pobres y dispuestas a alquilar su alma. En la capital vasca, el alcalde del PNV —con el apoyo del PP y también del PSE— ha ordenado a la Guardia Municipal que persiga a las vecinas que dan de cenar a las personas necesitadas, y, en Sevilla, el actual alcalde del PP se ha saltado las ordenanzas municipales y ha alquilado para una cena de pitiminí la plaza de la Virgen de los Reyes, justo al pie de la Giralda. ¿Las cosas del PP? No solo. El anterior alcalde, del PSOE, hizo lo mismo. Ya lo dijo aquel ministro de Aznar que terminó en chirona: “Es el mercado, amigo”. Y también lo advirtió aquel Papa que tan poco gustaba a la facción ultra de los católicos: “El actual sistema económico nos está llevando a la tragedia. Los ídolos del dinero nos están robando la dignidad. Estamos anestesiados ante el dolor de los demás”.
Cuando una ambulancia se lleva a Maricarmen al hospital, los jóvenes que la han protegido durante las últimas horas se abrazan; algunos lloran, otros le gritan con rabia a la policía antidisturbios: “Echándola a la calle, la vais a matar. Os vais a acordar toda la vida de lo que estáis haciendo ahora”. Solo le falta una pieza al puzle. La tenemos todos. Los resistentes, los que todavía no han vendido el alma, los jóvenes que son capaces de pasar una noche en vela por una mujer de 87 años que está a punto de perderlo todo.
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