Donald Trump lo llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» . Su hipérbole tiene una virtud: obliga a mirar la letra pequeña. Y la letra pequeña cuenta una historia bastante menos espectacular. El Pentágono tomará un 35% de North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía privada que recibe derechos sobre 17 campos venezolanos con unos 65.000 millones de barriles. Washington tendrá además preferencia para comprar el 20% de la producción a coste. Sobre el papel, petróleo para un siglo. En la economía real, apenas petróleo para mañana.Según ‘The Wall Street Journal’ que cita a la OPEP, Venezuela produjo en junio 1,07 millones de barriles diarios, lejos de los 3,4 millones de 1998. Chevron, el mayor inversor extranjero, está cerca de los 300.000 barriles y proyecta invertir 7.000 millones de dólares en cinco años. Pero las grandes petroleras siguen reclamando lo que Caracas no ofrece: seguridad jurídica, estabilidad política e infraestructuras fiables. Exxon llegó a definir el país como «ininvertible». La geología tampoco obedece a Truth Social. Recuperar instalaciones deterioradas exige decenas de miles de millones; desarrollar nuevos campos, mucho más y durante años. El crudo venezolano, pesado y sulfuroso, necesita refinerías especializadas. Y la promesa de rellenar la Reserva Estratégica tropieza con otra ironía: sus cavernas están preparadas principalmente para crudos ligeros y medios. El petróleo puede estar bajo tierra y, sin embargo, quedar muy lejos del surtidor.Por eso el anuncio no abaratará la gasolina antes de las legislativas de noviembre . Irán y Ormuz son hoy mucho más influyentes en el precio que Venezuela. La cuestión sí tiene una dimensión geopolítica: varios campos antes operados por compañías chinas y rusas pasan a la órbita estadounidense. Eso importa, pero confundir influencia estratégica con alivio para el consumidor es propaganda, no política energética.Lo novedoso está en otro sitio. Ante la resistencia de las petroleras a invertir al ritmo que deseaba la Casa Blanca, el Gobierno decidió convertirse en inversor. Lo hace mediante la Office of Strategic Capital, una oficina del Pentágono creada para financiar capacidades vinculadas a la seguridad nacional. El Ejecutivo transforma así una herramienta militar-financiera en vehículo de capitalismo de Estado.La paradoja merece atención. Una Administración que prometió liberar a la energía de la intervención pública crea ahora un competidor respaldado por Washington, inquietando precisamente a las empresas cuyo capital necesita Venezuela. Y mientras el beneficio económico es remoto, el precedente institucional es inmediato: el Pentágono entra en el accionariado petrolero y el Congreso queda relegado.También queda la fragilidad venezolana. Las concesiones pretenden durar cien años, pero las otorga un Gobierno no elegido y su supervivencia dependerá de futuros ejecutivos. Un contrato gigantesco no sustituye instituciones capaces de hacerlo respetar mañana mismo. El gran acuerdo de Trump puede acabar siendo importante. Pero no por los barriles que saque mañana, sino por la frontera que acaba de cruzar hoy. Donald Trump lo llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial» . Su hipérbole tiene una virtud: obliga a mirar la letra pequeña. Y la letra pequeña cuenta una historia bastante menos espectacular. El Pentágono tomará un 35% de North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía privada que recibe derechos sobre 17 campos venezolanos con unos 65.000 millones de barriles. Washington tendrá además preferencia para comprar el 20% de la producción a coste. Sobre el papel, petróleo para un siglo. En la economía real, apenas petróleo para mañana.Según ‘The Wall Street Journal’ que cita a la OPEP, Venezuela produjo en junio 1,07 millones de barriles diarios, lejos de los 3,4 millones de 1998. Chevron, el mayor inversor extranjero, está cerca de los 300.000 barriles y proyecta invertir 7.000 millones de dólares en cinco años. Pero las grandes petroleras siguen reclamando lo que Caracas no ofrece: seguridad jurídica, estabilidad política e infraestructuras fiables. Exxon llegó a definir el país como «ininvertible». La geología tampoco obedece a Truth Social. Recuperar instalaciones deterioradas exige decenas de miles de millones; desarrollar nuevos campos, mucho más y durante años. El crudo venezolano, pesado y sulfuroso, necesita refinerías especializadas. Y la promesa de rellenar la Reserva Estratégica tropieza con otra ironía: sus cavernas están preparadas principalmente para crudos ligeros y medios. El petróleo puede estar bajo tierra y, sin embargo, quedar muy lejos del surtidor.Por eso el anuncio no abaratará la gasolina antes de las legislativas de noviembre . Irán y Ormuz son hoy mucho más influyentes en el precio que Venezuela. La cuestión sí tiene una dimensión geopolítica: varios campos antes operados por compañías chinas y rusas pasan a la órbita estadounidense. Eso importa, pero confundir influencia estratégica con alivio para el consumidor es propaganda, no política energética.Lo novedoso está en otro sitio. Ante la resistencia de las petroleras a invertir al ritmo que deseaba la Casa Blanca, el Gobierno decidió convertirse en inversor. Lo hace mediante la Office of Strategic Capital, una oficina del Pentágono creada para financiar capacidades vinculadas a la seguridad nacional. El Ejecutivo transforma así una herramienta militar-financiera en vehículo de capitalismo de Estado.La paradoja merece atención. Una Administración que prometió liberar a la energía de la intervención pública crea ahora un competidor respaldado por Washington, inquietando precisamente a las empresas cuyo capital necesita Venezuela. Y mientras el beneficio económico es remoto, el precedente institucional es inmediato: el Pentágono entra en el accionariado petrolero y el Congreso queda relegado.También queda la fragilidad venezolana. Las concesiones pretenden durar cien años, pero las otorga un Gobierno no elegido y su supervivencia dependerá de futuros ejecutivos. Un contrato gigantesco no sustituye instituciones capaces de hacerlo respetar mañana mismo. El gran acuerdo de Trump puede acabar siendo importante. Pero no por los barriles que saque mañana, sino por la frontera que acaba de cruzar hoy.
Donald Trump lo llamó «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial». Su hipérbole tiene una virtud: obliga a mirar la letra pequeña. Y la letra pequeña cuenta una historia bastante menos espectacular. El Pentágono tomará un 35% de North American Blue Energy Partners ( … NABEP), una compañía privada que recibe derechos sobre 17 campos venezolanos con unos 65.000 millones de barriles. Washington tendrá además preferencia para comprar el 20% de la producción a coste. Sobre el papel, petróleo para un siglo. En la economía real, apenas petróleo para mañana.
Según ‘The Wall Street Journal’ que cita a la OPEP, Venezuela produjo en junio 1,07 millones de barriles diarios, lejos de los 3,4 millones de 1998. Chevron, el mayor inversor extranjero, está cerca de los 300.000 barriles y proyecta invertir 7.000 millones de dólares en cinco años. Pero las grandes petroleras siguen reclamando lo que Caracas no ofrece: seguridad jurídica, estabilidad política e infraestructuras fiables. Exxon llegó a definir el país como «ininvertible». La geología tampoco obedece a Truth Social. Recuperar instalaciones deterioradas exige decenas de miles de millones; desarrollar nuevos campos, mucho más y durante años. El crudo venezolano, pesado y sulfuroso, necesita refinerías especializadas. Y la promesa de rellenar la Reserva Estratégica tropieza con otra ironía: sus cavernas están preparadas principalmente para crudos ligeros y medios. El petróleo puede estar bajo tierra y, sin embargo, quedar muy lejos del surtidor.
Por eso el anuncio no abaratará la gasolina antes de las legislativas de noviembre. Irán y Ormuz son hoy mucho más influyentes en el precio que Venezuela. La cuestión sí tiene una dimensión geopolítica: varios campos antes operados por compañías chinas y rusas pasan a la órbita estadounidense. Eso importa, pero confundir influencia estratégica con alivio para el consumidor es propaganda, no política energética.
Lo novedoso está en otro sitio. Ante la resistencia de las petroleras a invertir al ritmo que deseaba la Casa Blanca, el Gobierno decidió convertirse en inversor. Lo hace mediante la Office of Strategic Capital, una oficina del Pentágono creada para financiar capacidades vinculadas a la seguridad nacional. El Ejecutivo transforma así una herramienta militar-financiera en vehículo de capitalismo de Estado.
La paradoja merece atención. Una Administración que prometió liberar a la energía de la intervención pública crea ahora un competidor respaldado por Washington, inquietando precisamente a las empresas cuyo capital necesita Venezuela. Y mientras el beneficio económico es remoto, el precedente institucional es inmediato: el Pentágono entra en el accionariado petrolero y el Congreso queda relegado.
También queda la fragilidad venezolana. Las concesiones pretenden durar cien años, pero las otorga un Gobierno no elegido y su supervivencia dependerá de futuros ejecutivos. Un contrato gigantesco no sustituye instituciones capaces de hacerlo respetar mañana mismo. El gran acuerdo de Trump puede acabar siendo importante. Pero no por los barriles que saque mañana, sino por la frontera que acaba de cruzar hoy.
RSS de noticias de economia
