Hace ya tiempo que el debate público en España apenas se ocupa de asuntos en teoría candentes como la carestía de la vivienda, los servicios públicos o las relaciones internacionales. Lo que acapara día tras día las disputas de los partidos o las tertulias políticas son los autos judiciales, las imputaciones, las sentencias y los comportamientos de este o de aquel juez. Es como si el centro de la conversación política hubiese migrado de los escaños del Parlamento a los banquillos de los juzgados.
La alarma cunde en las altas instancias judiciales ante la creciente desconfianza ciudadana en las actuaciones de los tribunales. Juristas y sociólogos opinan sobre el alcance de la politización
Hace ya tiempo que el debate público en España apenas se ocupa de asuntos en teoría candentes como la carestía de la vivienda, los servicios públicos o las relaciones internacionales. Lo que acapara día tras día las disputas de los partidos o las tertulias políticas son los autos judiciales, las imputaciones, las sentencias y los comportamientos de este o de aquel juez. Es como si el centro de la conversación política hubiese migrado de los escaños del Parlamento a los banquillos de los juzgados.
La semana que acaba ha dejado otra ristra de ejemplos. El Gobierno sufrió una nueva derrota en el Congreso en lo que pretendía ser un primer paso para unos Presupuestos con un corsé fiscal más holgado y a la vez lograba aprobar la mayor reforma de la ley de dependencia desde su implantación. Casi ni se le ha prestado atención. Todo lo ha ocupado la condena al hermano de Pedro Sánchez, la apertura de juicio a su mujer o el aval del Tribunal de Justicia de la UE a una ley de amnistía que el Supremo se resiste a aplicar en todos sus términos.
Una palabra se ha apoderado del vocabulario político: lawfare, la guerra judicial. El Gobierno y los partidos de izquierda lo esgrimen para denunciar una supuesta actuación de distintos jueces con el fin de socavar al gabinete de Sánchez. Los socialistas hasta se han convencido de que la intensidad del asedio, en lugar de perjudicarles, puede ayudar a la movilización de su electorado. Para la derecha, todo es una cortina de humo con el fin de neutralizar el impacto de las investigaciones por corrupción. En esta atmósfera, dos encuestas recientes, una de Ipsos para La Vanguardia y otra de 40dB. para EL PAÍS y la SER, han revelado datos muy similares: una mayoría de los españoles, por encima del 60%, cree que la justicia está contaminada por intereses políticos.
En las más altas instancias judiciales ha cundido la alarma ante esta creciente desconfianza ciudadana. Manuel Marchena, el más influyente de los magistrados del Supremo, lo ha lamentado en público: “Es una tragedia”. Lo dice Marchena, que ha figurado en primera línea de algunos de los casos que más polvareda política han levantado. Fue uno de los cinco magistrados conservadores que, contra la opinión de otras dos progresistas —una de esas divisiones ideológicas en los tribunales que han contribuido al estado de opinión evidenciado por las encuestas—, inhabilitó al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También presidió el tribunal que condenó por unanimidad a los líderes del procés independentista catalán. Y en 2018 estuvo a punto de asumir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un pacto entre PSOE y PP, aunque acabó renunciando tras otro episodio muy sonado: la filtración de un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía que con ese acuerdo se iba a “controlar desde atrás” la Sala Segunda del Supremo, la que juzga los asuntos que afectan a políticos.
El temor a las consecuencias para el sistema democrático de la extensión de la sospecha sobre uno de los tres poderes del Estado aflora entre juristas y profesores consultados para este reportaje. Si en algo coinciden también, más allá de perspectivas divergentes, es en rechazar generalizaciones. Incluso una voz muy crítica con algunas actuaciones judiciales como la de Gemma Ubasart, politóloga y exconsellera catalana de Justicia, deja sentado: “La mayor parte de jueces y magistrados hace una actividad impecable. Los otros son muy minoritarios”.
¿Existe el lawfare? “En vista de actuaciones bastante representativas —inexplicables solo en términos de derecho—, la respuesta es sí”. Categórico, Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Supremo, detalla casos: “Pienso en la tremenda persecución y condena del fiscal general del Estado y en su ejecución de alta velocidad; en las insólitas actuaciones de [Juan Carlos] Peinado, a veces propias de un lego; en la problemática criminalización del nombramiento de David Sánchez… Pienso en las aparatosas manifestaciones de jueces y fiscales, togados y en horario de trabajo, contra una amnistía que no era siquiera anteproyecto de ley. Son actitudes difíciles de explicar al margen de lo ideológico. Y pienso, en fin, en la gravísima politización partidista del Consejo”.
Ubasart también ofrece una respuesta positiva, aunque con una distinción. “El lawfare es la instrumentalización de los tribunales con fines político-partidistas. Ahí se encuadrarían casos como el del fiscal general o la guerra judicial contra Podemos. Y luego está el activismo judicial, un concepto que acuñó en los años 70 el jurista italiano Luigi Ferrajoli. En estos casos, el juez se erige en un combatiente, asume una obligación casi moral de actuar en defensa del Estado. Eso se ve claro en la respuesta judicial al procés”.
“Lawfare es un término hueco”, replica, en posiciones antagónicas, José Juan Toharia, catedrático de Sociología, presidente de Metroscopia y autor de varios estudios sobre la cuestión, el último, El juez español, 1975-2025 (Cinca). “Pretender que hay una conjura judicial tan transversal que va de los jueces de instrucción al Supremo es paranoico. Al margen del ruido, el 99,9% de los jueces hace su trabajo todos los días pese a que no tienen medios”. Según sus encuestas, solo el 3% de ellos declara haber recibido presiones políticas. “Lo que existe es una judicialización de la política, no una politización de la justicia. Los políticos meten a la justicia a resolver sus problemas por incapacidad para resolverlos ellos. Y eso daña a la justicia”, concluye.
Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atribuye el clima de desconfianza a una “saturación de los medios de comunicación que vuelven una y otra vez sobre los mismos temas”. Coincide en parte con otro catedrático, este de Derecho Civil, Vicente Guilarte, 10 años vocal del CGPJ a propuesta del PP: “Esto es algo coyuntural, viene de cuatro casos mediáticos sobre los que se está machacando en un sentido o en otro”. Mapelli subraya que muchas de las opiniones que se divulgan sobre la cuestión adolecen de “desconocimiento del derecho”. Constata que apenas ha habido condenas de jueces por prevaricar, y eso “a pesar de que, entre todos los operadores del sistema penal, el juez es el más controlado, mucho más que la policía o los funcionarios de prisiones”. A un juez instructor “se le puede ir la mano”, reconoce, pero siempre hay instancias superiores para corregirlo.
“Afirmar que las prácticas judiciales no están influidas por aspectos ideológicos es como decir que la gente es buena: nadie es bueno del todo”, ejemplifica Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Andalucía. “¿Hay lawfare en Francia o en Italia? Pues estoy seguro de que sí, pero lo importante es el cuánto y el cuándo”. El también profesor de la Universidad de Granada y autor de El oficio de decidir (Debate) ofrece una opinión muy matizada. Sostiene que cuando alguien critica una sentencia “es más fácil que lo haga desde su propio sesgo y no porque la resolución esté politizada”. El redactor del fallo, resalta, es quien ha seguido el juicio, escuchado los testimonios y examinado las pruebas.
Otra cosa son las instrucciones previas en las que, admite este magistrado, “hay mucho juez y poco juicio”. Ahí se trata de investigaciones que a veces nacen “instrumentalizadas por una querella con interés político”. Aun así, existe por encima “un sistema muy bien construido” que puede llegar hasta instancias internacionales. Pasquau reclama más modestia a las asociaciones judiciales cuando salen en defensa corporativa de todos los encargados de impartir justicia: “Es tan fácil equivocarse, es tan fácil tomar decisiones influidos por nuestros propios sesgos, sin darse cuenta, sin prevaricar…”
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña y magistrada sustituta en algunos periodos, Ana Aba Catoira se resiste a la idea de que la política domine las actuaciones judiciales. Y critica las actitudes de los partidos: “En los casos que afectan a la familia del presidente se está opinando constantemente. Hace falta cautela, contención, lealtad por parte de las fuerzas políticas”. Lo que sí concede es que, según se sube en el escalafón judicial, “se generan más dudas” sobre la politización. “Para llegar al Supremo no solo pesa la carrera judicial, pesan otros elementos”, constata. Y eso sucede porque a sus magistrados los nombra directamente el CGPJ, “en manos de las fuerzas políticas”.
La cúpula politizada. Vicente Guilarte llegó en 2013 al órgano de gobierno de los jueces de la mano del PP, pero trató de mantener su independencia. Cuando, una década después, le tocó presidir el CGPJ, los populares cumplían ya cuatro años de bloqueo. Decidió tomar la iniciativa. Presentó una propuesta que perseguía evitar que la “política meta mano” en el nombramiento de los vocales del Consejo, no solo a través de los partidos, también de las asociaciones judiciales. No encontró eco. Ya fuera de ese avispero, ahora coincide en que la imagen de politización tiene mucho que ver con lo que “se irradia desde la cúpula judicial”. Allí el factor clave es el nombramiento de los magistrados del Supremo. “Y lo que quieren los políticos son adeptos”, cuenta a la luz de su experiencia.
La contaminación política del órgano de gobierno de los jueces resulta incuestionable para todos. Perfecto Andrés Ibáñez lo describe con crudeza: “El Consejo es una institución devastada, convertida en un espacio más de la política general, lo que no podía dejar de inducir esa misma indeseable politización partidista en la judicatura. Pero la cosa no va solo de política. Cuenta además con un importantísimo factor subterráneo: el actual sistema de selección de jueces y fiscales, que viene arrastrándose desde el siglo XIX. Su precariedad desde el punto de vista formativo y, en general, cultural, predispone a la adopción acrítica de actitudes como las evocadas”.
Ubasart es otra de las que clama contra la vigencia de ese mecanismo de selección “de otro siglo”. El Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto para reformarlo, muy contestado por los sectores conservadores, y bloqueado en el Congreso por el boicot de Junts. Pasquau cree que ese vetusto proceso, que prima lo memorístico sobre la competencia argumentativa, influye no tanto en la selección ideológica como en el tipo de habilidades que se fomentan en los jueces.
La toga es conservadora. Las cifras de afiliación a las asociaciones judiciales no dejan dudas sobre la inclinación ideológica. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta con 1.412 miembros, la autodefinida como moderada Francisco de Vitoria, 933, y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, 436. El colectivo más numeroso, sin embargo, es el de los no afiliados, el 42% del total de 5.416 jueces que hay en España.
Pasquau, uno de estos últimos, observa que el conjunto de la judicatura “es un poco más conservador que la media de la sociedad española o al menos de lo que esta era hasta ahora”. No lo ve como un gran problema: “Conozco muchos jueces conservadores tomando café que luego hacen el esfuerzo de no verse condicionados en sus decisiones”.
Un cierto conservadurismo es inherente a la judicatura, aducen varios de los consultados. “Los jueces tienen como misión conservar la ley”, expone Toharia. “El innovador es el legislativo. El que es radical no se mete a juez”. “El derecho es conservador”, reafirma Mapelli. “En la Ilustración pretendían que no se interpretase el derecho; Montesquieu decía que la ley era la boca del juez. Pero la ley se interpreta. Y eso no es malo”. Coincide Catoira: “Que en las sentencias haya opiniones divididas no es un problema en sí mismo. Las normas permiten margen para interpretarlas y eso depende de la visión del mundo de cada uno”. Aunque la profesora sí advierte un sesgo en la judicatura: “El de género”. Lo atribuye a que la profesión aún está dominada por hombres entrados en edad.
Los profesionales de la denuncia. Otra de las cuestiones que suscita poca discusión es el papel a menudo distorsionador de todos esos grupos que se han especializado en ejercer la acción popular con denuncias que persiguen instrumentalizar políticamente el proceso judicial. Son en su mayoría entidades ultraconservadoras, aunque también los partidos de todo signo recurren a menudo a este instrumento contemplado por la Constitución cuando se trata de asuntos que golpean a sus rivales. El propio Marchena ha reclamado que se impida a las fuerzas políticas ejercer la acción popular. Así lo prevé ya otro proyecto legislativo varado en el Congreso y que ha despertado gran controversia por una cláusula que podría abrir la puerta a revertir procesos abiertos en su día por iniciativa de la acción popular, como es el caso de los que afectan a la familia del presidente. Mapelli propone otras medidas, como conceder atribuciones a la Fiscalía a fin de que filtre ese tipo de iniciativas. Pasquau recuerda que los jueces ya disponen de instrumentos para ponerles coto, como establecer “fianzas disuasorias” o simplemente inadmitir querellas con escaso fundamento.
La alarma. Que se socave la fe ciudadana en los tribunales golpea al corazón mismo de la democracia. “Lo más preocupante es que se genera una desconfianza en un elemento nuclear del Estado social y de derecho”, reseña Ubasart. Mapelli lo vincula con una tendencia que va más allá de España: “Estamos en un momento muy delicado, porque el poder judicial es el último bastión que queda. El poder ejecutivo se lo está comiendo todo, también el legislativo. Lo que no sé es si esto es un síntoma o una patología. A lo mejor es un reflejo de que el Estado de derecho está en crisis, o el mismo sistema democrático. Algo está fallando”. Pasquau remacha: “Me preocupa muchísimo porque esto es síntoma de algo más: el descrédito general de las instituciones. El sistema judicial debe ser un espacio neutro para dirimir conflictos. Y estamos viendo su descrédito alimentado por la polarización política y mediática”.
Feed MRSS-S Noticias
