La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, puso este martes el punto final al juicio sobre la operación de espionaje urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas. Tras 37 sesiones y más de tres meses después de que arrancara la vista oral. Los magistrados tendrán ahora que valorar todos los indicios que se han puesto sobre la mesa contra, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del Cuerpo. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión para ellos.
La vista sobre el ‘caso Kitchen’ acredita el espionaje al entorno del extesorero popular Luis Bárcenas
La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, puso este martes el punto final al juicio sobre la operación de espionaje urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas. Tras 37 sesiones y más de tres meses después de que arrancara la vista oral. Los magistrados tendrán ahora que valorar todos los indicios que se han puesto sobre la mesa contra, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del Cuerpo. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión para ellos.
La futura sentencia —que no tiene un plazo para publicarse— se enfrenta a muchas cuestiones que sobrevuelan este proceso de enorme calado político, por el que ha llegado a desfilar como testigo hasta el expresidente Mariano Rajoy. Aunque, ante ciertas preguntas, el propio juicio ya ha ofrecido respuesta.
¿Se ha probado el espionaje a Luis Bárcenas? A estas alturas, nadie pone ya en duda que la cúpula de la Policía Nacional activó una operación para vigilar a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a su entorno en 2013, cuando el extesorero entró en prisión preventiva. El tribunal ha escuchado en el juicio a más de una docena de agentes admitir que se sumaron a ese operativo por órdenes de sus superiores. Incluso, los propios acusados han reconocido su existencia. “Había que montar un servicio”, se justificó el comisario Eugenio Pino.
Es más, las partes han exhibido a los magistrados las actas levantadas (con fotografías incluidas) por los funcionarios que siguieron a la familia del excontable del PP, quienes llegaron a instalar una videocámara ante el despacho de su abogado para saber quién acudía allí. “Estuvimos haciendo seguimientos hasta octubre de 2013, que nos detecta Rosalía Iglesias”, precisó el jefe del área especial de seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que operaba bajo el mando del comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo. “Después, García Castaño nos pide hacer alguna vigilancia en el entorno del edificio del despacho del abogado de Bárcenas […] Hicimos un archivo y se lo dimos a García Castaño. No sé a quién se lo dio él”, narró este testigo.
¿Cuál era el objetivo del espionaje? Esta es una de grandes claves de la vista, sobre la que el tribunal deberá establecer una verdad judicial. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el resto de acusaciones (tanto la familia Bárcenas, como el PSOE y Podemos) lo tienen claro: la trama buscaba robar documentación “comprometedora” que el extesorero aún podía guardar sobre altos cargos del PP, para que así no llegara a los investigadores del caso Gürtel, que cercaban entonces al partido. Y esgrimen, entre otros indicios, los detalles de Kitchen que se reflejan en los audios y las agendas del comisario José Manuel Villarejo, que participó en la captación del chófer del excontable popular. En una de esas grabaciones, el policía insta al conductor a “darle al tarro para encontrar ese pendrive” donde Bárcenas almacenaba supuestas conversaciones con Rajoy y Javier Arenas sobre la caja b de la formación.
Todas las defensas niegan esa tesis y, perfectamente alienadas, han reiterado en sus alegatos finales que el despliegue policial respondió a una “operación de inteligencia” —un término muy repetido por los procesados— que trataba de localizar la fortuna que Bárcenas ocultaba en el extranjero, así como sus testaferros. “Nada de la prueba que se ha practicado permite inferir el gran titular que enmarca Kitchen. En la operación de inteligencia se pudo cometer alguna irregularidad, pero de ahí a afirmar que era una operación predeterminada por autoridades del Estado para ese fin [sustraer documentos del PP]… No ha quedado probado y no era así”, incidió el abogado del comisario Villarejo.
¿El ministro conocía Kitchen? Francisco Martínez, mano derecha de Fernández Díaz durante su etapa en Interior, constituye el principal hilo que conduce hasta el exdirigente del PP. El ex secretario de Estado de Seguridad ha vuelto a decir en el juicio que su superior estaba al tanto de la captación del chofer, aunque ha tratado de allanar la defensa de su antiguo jefe. En todo momento, Martínez ha obviado que hace un lustro entregó unos mensajes de teléfono en la Audiencia Nacional que, según dijo entonces, le envió el ministro. Esos SMS hacen referencia explícita al conductor de Bárcenas —“Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”— y al supuesto robo de los dispositivos electrónicos del extesorero para acceder a su contenido —“La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”—.
Para contrarrestar esas pruebas, el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, se lanzó a cuestionar su veracidad: “Mantenemos la tesis de que esos mensajes nunca existieron. Y si existieron, nunca fueron enviados ni reenviados por Jorge Fernández Díaz”. De hecho, el exministro ha repetido que nunca supo nada de Kitchen. Y, por ello, el letrado incidió en que los dos notarios que registraron los SMS no han podido acreditar al 100% que el político se encontraba detrás de ellos. Consciente de esa estrategia, Anticorrupción contraatacó y, en fase de conclusiones, expuso al tribunal que existen más elementos periféricos que sitúan al dirigente del PP en la cúspide del despliegue contra Bárcenas. Entre otros, según explicó, las anotaciones de las agendas de Villarejo que señalan que se le reportaba. “Y se aparta de la lógica que Martínez no le diera cuenta de todo a Jorge Fernández Díaz”, apostilló el fiscal César de Rivas.
¿Se informó a los investigadores del caso Gürtel? A esta pregunta respondió Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel como inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Según manifestó, nadie les comunicó que la cúpula del Cuerpo había activado una operación paralela contra Bárcenas, pese a que él dirigía las pesquisas contra el extesorero bajo la supervisión de la Audiencia Nacional. Esa es otra de las bazas de la acusación para echar por tierra las excusas de los procesados: si buscaban el dinero del extesorero, ¿por qué no informaron a los agentes que ya lo hacían a las órdenes del juez? “[Porque] fue una operación policial sin autorización judicial”, remachó Morocho.
¿Qué posición adopta el PP y Rajoy? Antes del juicio, los populares se habían mostrado muy cautos y habían tratado de marcar distancias con los acusados. Sin embargo, todo cambió con la declaración de Rajoy en la vista. El expresidente respaldó a su cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional; y, por primera vez, se adhirió sin ambages a las tesis de la defensa: “Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”, zanjó. Y el PP de Alberto Núñez Feijóo se sumó: “El tiempo y la justicia le darán la razón”.
¿Cómo queda la figura de Cospedal? El PSOE, personado como acusación popular, ha intentado que la Audiencia Nacional vuelva a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, por el caso Kitchen. Pero no ha tenido éxito. Al principio de la vista, los socialistas plantearon al tribunal que devolviera el caso a la instrucción para indagar en la “pata política” y, en concreto, en la posible implicación de la popular. Sin embargo, los magistrados rechazaron esa posibilidad e insistieron en que este juicio se acotaba exclusivamente al Ministerio del Interior, en línea con los límites marcados por el juez instructor Manuel García-Castellón, que archivó la causa contra Cospedal. Agotada esa vía, el partido de izquierdas ha lanzado ahora su ofensiva dentro de otra pieza de la investigación del caso Villarejo, donde el magistrado Antonio Piña ordenó este julio a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que busque “si, entre el material incautado” al comisario, se “identifican” conversaciones con la ex secretaria general y su expareja, el empresario Ignacio López del Hierro, que alberguen “contenido que pueda aportar indicios de criminalidad”.
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