Puigdemont pide apartar a tres magistrados del Constitucional y retrasa la decisión sobre su amnistía

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado una recusación contra tres magistrados del Constitucional, lo que retrasará alrededor de un mes la tramitación del recurso de amparo que formalizó ante el órgano de garantías el julio último. El tribunal iba a admitir este martes el recurso, por considerar que tiene relevancia constitucional, y al mismo tiempo estaba prevista la denegación de la medida cautelarísima pedida por Puigdemont para que se levante su orden de detención en España. Esta orden seguirá en vigor, y en paralelo se tramitarán las recusaciones contra los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, del sector conservador del tribunal. El recurso contra la no aplicación de la amnistía al delito de malversación se empezará a analizar ya en octubre próximo.

Fuentes del Constitucional informan que cuando se hayan resuelto las recusaciones —que con toda probabilidad serán rechazadas— se producirá sin más retrasos la admisión a trámite de la solicitud de amparo. Paralelamente, se formalizará la decisión de no anular la citada orden de detención. De momento, estas resoluciones quedan paralizadas. La defensa de Puigdemont resta importancia a este retraso y considera que la recusación contra los mencionados magistrados era ineludible por estimar manifiesta su falta de imparcialidad. Se citan, en este sentido, pasajes del libro Tiempo de Constitución, en el que el autor, Enrique Arnaldo, —sostiene el escrito— muestra su “animadversión” hacia el líder de Junts. La recusación contra los magistrados Macías y Ëspejel alude a sus anteriores cargos, desde los que se argumenta que criticaron los planes independentistas como delictivos.

La defensa del líder de Junts ―ejercida por el letrado Gonzalo Boye― cuestiona en su recurso las tesis del Supremo para no aplicar la amnistía al delito de malversación, y entiende que contraviene la voluntad del Parlamento. De ahí que considere que el levantamiento de la orden de detención constituye “una exigencia constitucional vinculada a la defensa del modelo de democracia parlamentaria consagrado en la Constitución”.

La solicitud de amparo plantea que en el caso de Puigdemont se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la amnistía es plenamente aplicable al delito de malversación. Añade que se ha lesionado también el derecho de participación política del líder de Junts porque la “orden nacional de detención activa ya constituye por sí sola una coacción directa e inmediata que le impide entrar en territorio español, desarrollar actividades políticas en su país o ejercer la representación que tiene encomendada por sufragio universal ante el Parlament de Catalunya en condiciones de igualdad”.

El recurso, presentado en julio pasado, consideraba urgente que se anulase ese mandato a los cuerpos policiales tras la sentencia por la que el órgano de garantías avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía. La defensa pidió esta medida como cautelarísima para que el tribunal pudiera actuar “inaudita parte”, es decir, sin pedir alegaciones al resto de partes del proceso, pero esta solicitud será denegada.

La ponente del caso es la magistrada Laura Díez, del sector progresista del tribunal. En paralelo al recurso de Puigdemont, el tribunal estudiará los presentados por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y por los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Lluís Puig y Toni Comín.