La semana pasada, Ceuta se quedó sin electricidad durante casi una hora. Una incidencia en una subestación de Red Eléctrica (REE) en Cádiz desencadenó una perturbación que dejó a oscuras a toda la ciudad. El suministro se recuperó, pero las preguntas persisten: ¿Qué falla en nuestro sistema eléctrico? ¿Quién responde cuando se interrumpe un servicio esencial?El recuerdo del apagón del 28 de abril de 2025 sigue presente. Aquel día comprobamos hasta qué punto nuestra sociedad y nuestra economía dependen de un suministro que damos por descontado. El informe europeo identificó problemas de control de tensión, oscilaciones y desconexiones de generación. Los incidentes de Ceuta y de abril tuvieron circunstancias diferentes; no cabe atribuirles una causa común sin pruebas. Pero ambos exigen transparencia, inversiones y responsabilidades claras.En España, REE concentra dos funciones: posee y gestiona la red de transporte de alta tensión y, al mismo tiempo, opera el sistema eléctrico. Quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interés: el operador identifica debilidades y necesidades de inversión que afectan al transportista con el que comparte estructura.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió en 2024 de riesgos vinculados a esta integración, especialmente en la planificación de redes, y pidió reforzar las garantías de independencia funcional. REE, sin embargo, mantiene el modelo integrado. ¿No ha llegado el momento de revisar esa concentración de responsabilidades?La contradicción resulta evidente al observar la actividad internacional de REE. El grupo participa en el transporte eléctrico de Perú, Chile y Brasil, países donde la operación del sistema corresponde a organismos separados de los propietarios de las redes. En Perú opera el COES; en Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional; y en Brasil, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico.Es un doble rasero difícil de explicar: REE desarrolla su negocio como transportista bajo modelos separados en Latinoamérica, pero en España conserva también la operación del sistema. Si esa separación es compatible con su actividad en aquellos mercados, ¿por qué aquí se presenta la integración como imprescindible?No es una propuesta extravagante. Estados Unidos cuenta con operadores independientes en amplias regiones; Irlanda separa operación y propiedad de las infraestructuras; y el Reino Unido creó en 2024 el National Energy System Operator (NESO), independiente de los propietarios de las redes. Portugal también debate una reforma inspirada en el modelo británico.En España, quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interésLa cuestión no es solo organizativa: afecta a la transparencia. Tras un apagón, ciudadanos y empresas necesitan saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y quién debe corregir las deficiencias. Cuando operación y transporte se concentran, resulta más difícil distinguir responsabilidades. Separarlos no evitaría automáticamente los fallos, pero facilitaría una supervisión independiente y una rendición de cuentas más clara.Además, urge un plan de choque de inversiones en redes. Tenemos generación renovable que no consigue conectarse y demanda industrial, residencial y tecnológica que encuentra obstáculos de acceso. Sin infraestructuras suficientes, la electrificación puede quedar bloqueada y España perder oportunidades de crecimiento.La respuesta debe combinar dos reformas: acelerar inversiones con plazos y prioridades verificables y separar jurídicamente al operador del sistema del transportista. El primero debe disponer de autonomía técnica, recursos propios y obligaciones estrictas de información pública. También necesitamos protocolos de investigación de incidentes que permitan conocer sus causas sin depender exclusivamente de los implicados.No se trata de cuestionar la profesionalidad de los técnicos de REE, sino de cambiar un diseño institucional que concentra funciones potencialmente contrapuestas. La seguridad eléctrica exige redes robustas y un operador cuya independencia no ofrezca dudas. Esa reforma debería abordarse con un calendario público, supervisión parlamentaria y participación de los agentes del sector.Quien vigila el sistema eléctrico no debería tener que vigilarse también a sí mismo.Maurice Trullas Presidente de Foro Mercado Libre La semana pasada, Ceuta se quedó sin electricidad durante casi una hora. Una incidencia en una subestación de Red Eléctrica (REE) en Cádiz desencadenó una perturbación que dejó a oscuras a toda la ciudad. El suministro se recuperó, pero las preguntas persisten: ¿Qué falla en nuestro sistema eléctrico? ¿Quién responde cuando se interrumpe un servicio esencial?El recuerdo del apagón del 28 de abril de 2025 sigue presente. Aquel día comprobamos hasta qué punto nuestra sociedad y nuestra economía dependen de un suministro que damos por descontado. El informe europeo identificó problemas de control de tensión, oscilaciones y desconexiones de generación. Los incidentes de Ceuta y de abril tuvieron circunstancias diferentes; no cabe atribuirles una causa común sin pruebas. Pero ambos exigen transparencia, inversiones y responsabilidades claras.En España, REE concentra dos funciones: posee y gestiona la red de transporte de alta tensión y, al mismo tiempo, opera el sistema eléctrico. Quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interés: el operador identifica debilidades y necesidades de inversión que afectan al transportista con el que comparte estructura.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió en 2024 de riesgos vinculados a esta integración, especialmente en la planificación de redes, y pidió reforzar las garantías de independencia funcional. REE, sin embargo, mantiene el modelo integrado. ¿No ha llegado el momento de revisar esa concentración de responsabilidades?La contradicción resulta evidente al observar la actividad internacional de REE. El grupo participa en el transporte eléctrico de Perú, Chile y Brasil, países donde la operación del sistema corresponde a organismos separados de los propietarios de las redes. En Perú opera el COES; en Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional; y en Brasil, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico.Es un doble rasero difícil de explicar: REE desarrolla su negocio como transportista bajo modelos separados en Latinoamérica, pero en España conserva también la operación del sistema. Si esa separación es compatible con su actividad en aquellos mercados, ¿por qué aquí se presenta la integración como imprescindible?No es una propuesta extravagante. Estados Unidos cuenta con operadores independientes en amplias regiones; Irlanda separa operación y propiedad de las infraestructuras; y el Reino Unido creó en 2024 el National Energy System Operator (NESO), independiente de los propietarios de las redes. Portugal también debate una reforma inspirada en el modelo británico.En España, quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interésLa cuestión no es solo organizativa: afecta a la transparencia. Tras un apagón, ciudadanos y empresas necesitan saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y quién debe corregir las deficiencias. Cuando operación y transporte se concentran, resulta más difícil distinguir responsabilidades. Separarlos no evitaría automáticamente los fallos, pero facilitaría una supervisión independiente y una rendición de cuentas más clara.Además, urge un plan de choque de inversiones en redes. Tenemos generación renovable que no consigue conectarse y demanda industrial, residencial y tecnológica que encuentra obstáculos de acceso. Sin infraestructuras suficientes, la electrificación puede quedar bloqueada y España perder oportunidades de crecimiento.La respuesta debe combinar dos reformas: acelerar inversiones con plazos y prioridades verificables y separar jurídicamente al operador del sistema del transportista. El primero debe disponer de autonomía técnica, recursos propios y obligaciones estrictas de información pública. También necesitamos protocolos de investigación de incidentes que permitan conocer sus causas sin depender exclusivamente de los implicados.No se trata de cuestionar la profesionalidad de los técnicos de REE, sino de cambiar un diseño institucional que concentra funciones potencialmente contrapuestas. La seguridad eléctrica exige redes robustas y un operador cuya independencia no ofrezca dudas. Esa reforma debería abordarse con un calendario público, supervisión parlamentaria y participación de los agentes del sector.Quien vigila el sistema eléctrico no debería tener que vigilarse también a sí mismo.Maurice Trullas Presidente de Foro Mercado Libre
La semana pasada, Ceuta se quedó sin electricidad durante casi una hora. Una incidencia en una subestación de Red Eléctrica (REE) en Cádiz desencadenó una perturbación que dejó a oscuras a toda la ciudad. El suministro se recuperó, pero las preguntas persisten: ¿Qué falla en … nuestro sistema eléctrico? ¿Quién responde cuando se interrumpe un servicio esencial?
El recuerdo del apagón del 28 de abril de 2025 sigue presente. Aquel día comprobamos hasta qué punto nuestra sociedad y nuestra economía dependen de un suministro que damos por descontado. El informe europeo identificó problemas de control de tensión, oscilaciones y desconexiones de generación. Los incidentes de Ceuta y de abril tuvieron circunstancias diferentes; no cabe atribuirles una causa común sin pruebas. Pero ambos exigen transparencia, inversiones y responsabilidades claras.
En España, REE concentra dos funciones: posee y gestiona la red de transporte de alta tensión y, al mismo tiempo, opera el sistema eléctrico. Quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interés: el operador identifica debilidades y necesidades de inversión que afectan al transportista con el que comparte estructura.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió en 2024 de riesgos vinculados a esta integración, especialmente en la planificación de redes, y pidió reforzar las garantías de independencia funcional. REE, sin embargo, mantiene el modelo integrado. ¿No ha llegado el momento de revisar esa concentración de responsabilidades?
La contradicción resulta evidente al observar la actividad internacional de REE. El grupo participa en el transporte eléctrico de Perú, Chile y Brasil, países donde la operación del sistema corresponde a organismos separados de los propietarios de las redes. En Perú opera el COES; en Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional; y en Brasil, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico.
Es un doble rasero difícil de explicar: REE desarrolla su negocio como transportista bajo modelos separados en Latinoamérica, pero en España conserva también la operación del sistema. Si esa separación es compatible con su actividad en aquellos mercados, ¿por qué aquí se presenta la integración como imprescindible?
No es una propuesta extravagante. Estados Unidos cuenta con operadores independientes en amplias regiones; Irlanda separa operación y propiedad de las infraestructuras; y el Reino Unido creó en 2024 el National Energy System Operator (NESO), independiente de los propietarios de las redes. Portugal también debate una reforma inspirada en el modelo británico.
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En España, quien administra una infraestructura esencial también decide cómo debe funcionar el conjunto del sistema. Esta integración plantea potenciales conflictos de interés
La cuestión no es solo organizativa: afecta a la transparencia. Tras un apagón, ciudadanos y empresas necesitan saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y quién debe corregir las deficiencias. Cuando operación y transporte se concentran, resulta más difícil distinguir responsabilidades. Separarlos no evitaría automáticamente los fallos, pero facilitaría una supervisión independiente y una rendición de cuentas más clara.
Además, urge un plan de choque de inversiones en redes. Tenemos generación renovable que no consigue conectarse y demanda industrial, residencial y tecnológica que encuentra obstáculos de acceso. Sin infraestructuras suficientes, la electrificación puede quedar bloqueada y España perder oportunidades de crecimiento.
La respuesta debe combinar dos reformas: acelerar inversiones con plazos y prioridades verificables y separar jurídicamente al operador del sistema del transportista. El primero debe disponer de autonomía técnica, recursos propios y obligaciones estrictas de información pública. También necesitamos protocolos de investigación de incidentes que permitan conocer sus causas sin depender exclusivamente de los implicados.
No se trata de cuestionar la profesionalidad de los técnicos de REE, sino de cambiar un diseño institucional que concentra funciones potencialmente contrapuestas. La seguridad eléctrica exige redes robustas y un operador cuya independencia no ofrezca dudas. Esa reforma debería abordarse con un calendario público, supervisión parlamentaria y participación de los agentes del sector.
Quien vigila el sistema eléctrico no debería tener que vigilarse también a sí mismo.
Maurice Trullas
Presidente de Foro Mercado Libre
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