El Consejo de Estado, en su informe sobre el proyecto extraordinario de regularización de migrantes, solicita al Gobierno mayor rigor a la hora de demostrar los antecedentes penales de los potenciales beneficiarios de los nuevos permisos de residencia en España. El procedimiento, dice, “deberá quedar en suspenso” si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del migrante. Eso mismo había pedido el Ministerio de Interior al de Migraciones, este último encargado de redactar la normativa, que en este aspecto es más laxa, puesto que prevé continuar con el proceso aun cuando el extranjero no haya podido recabar esos documentos en su país de origen. Basta, según la redacción, con que presente una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales.
El órgano consultivo pide incorporar mayores precauciones sobre los antecedentes penales de los migrantes y alerta de perjuicios para quienes tienen en marcha un proceso de asilo
El Consejo de Estado, en su informe sobre el proyecto extraordinario de regularización de migrantes, solicita al Gobierno mayor rigor a la hora de demostrar los antecedentes penales de los potenciales beneficiarios de los nuevos permisos de residencia en España. El procedimiento, dice, “deberá quedar en suspenso” si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del migrante. Eso mismo había pedido el Ministerio de Interior al de Migraciones, este último encargado de redactar la normativa, que en este aspecto es más laxa, puesto que prevé continuar con el proceso aun cuando el extranjero no haya podido recabar esos documentos en su país de origen. Basta, según la redacción, con que presente una declaración responsable de la inexistencia de antecedentes penales.
Fuentes del Gobierno señalan que todas estas recomendaciones son técnicas, pero no van al corazón del proyecto, y por tanto consideran que avala sobre todo el hecho de que se haga a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería, y por tanto sin necesidad de votarlo en el Congreso. Los técnicos del Ejecutivo están modificando el texto durante el fin de semana para incorporar todas estas recomendaciones del Consejo de Estado y así tener la redacción definitiva lista para aprobarla en el Consejo de Ministros del martes.
El texto legal establece también que si hay antecedentes penales susceptibles de cancelación en España, el interesado deberá solicitar al Ministerio de Presidencia dicha cancelación. Esto, subraya el Consejo de Estado, no se compadece con lo declarado en la norma, en la que se manifiesta la voluntad de no solicitar a los migrantes aquellos documentos que ya estén en poder de la Administración y además, dice el informe, “puede tener consecuencias procedimentales difícilmente compatibles con los exigentes plazos previstos para la tramitación de los expedientes”, 15 días para la admisión a trámite y tres meses para concluir el proceso.
El proyecto contempla dos excepciones que eximirían de presentar los antecedentes penales, con las que tampoco está de acuerdo el informe del Consejo de Estado. La primera es que el solicitante haya permanecido en España cinco años previos a la petición de regularización; y la segunda es que en ese periodo haya ya presentado en alguna ocasión un documento que demuestre que no ha cometido delitos. En el primer caso, dice el Consejo, es prácticamente imposible demostrar la permanencia en España durante ese tiempo, dado que se trata de personas que han estado en el país de forma irregular. La segunda excepción también plantea inconvenientes obvios, puesto que el extranjero podría haber demostrado que no tenía delitos en el primero de los cinco años y haberlos cometido después en España o en otro lugar, explica el informe. Por todo ello, dice, “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”. Y consideran que deben “suprimirse las dos excepciones”.
El Ministerio del Interior objetó también el uso de pasaportes, cédulas de inscripción o títulos de viaje caducados como prueba de que el extranjero ha permanecido en España cinco meses antes de su solicitud de regularización, uno de los requisitos para acceder a ella. El Consejo de Estado le da la razón y pide a Migraciones que “excluya” del proceso a quienes no tengan dichos documentos en vigor. Recuerda que la Administración tiene la obligación de proporcionar documentos a quienes vivan en España, por tanto deberían hacerlo ahora, algo prácticamente imposible si quiere acometerse en tiempo y forma una regularización masiva —se esperan 750.000 solicitudes— que, además, ha puesto de manifiesto las dificultades de “atender y procesar adecuadamente, en tiempos muy breves, un previsible ingente número de peticiones”.
El informe del Consejo también solicita la exclusión de este proceso de aquellas personas que hubieran solicitado la apatridia, es decir, quienes no son reconocidos como nacionales en ningún Estado. Entiende el Consejo que estas personas se están mezclando con quienes han solicitado Protección Internacional, dos circunstancias distintas en el ordenamiento jurídico español. El Ministerio del Interior había reclamado esto mismo a Migraciones, pero el departamento que dirige Elma Saiz contestó que se estaban pidiendo los mismos requisitos de regularización a los apátridas y a quienes solicitan asilo, una respuesta que no es suficiente para el Consejo de Estado.
El Gobierno ha calculado que alrededor de medio millón de migrantes tendrán finalmente acceso a esta regularización extraordinaria y ello es así porque el proceso incluye también a unas 300.000 personas que solicitaron protección internacional a su llegada a España. Se trata, en estos casos, de quienes huyen de situaciones de violencia o discriminaciones en sus países que comprometen su vida, entre ellos miles de malienses, por ejemplo. El tapón que se ha formado en la Administración para procesar estas solicitudes impulsa a muchos de ellos a optar por la vía de la regularización para formalizar su estancia en España. Pero quienes así lo decidan tendrán que renunciar a la protección internacional, que es más garantista. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado planteó objeciones a esto y el Consejo de Estado avala las críticas porque renunciar a la protección por un proceso que tiene un carácter excepcional y que podría ser denegado, “puede gravemente perturbar la tramitación de procedimientos de protección internacional en curso”.
Por último, el informe del Consejo de Estado plantea dudas sobre el papel que va a desempeñar la empresa pública Tragsa en las “muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes” de regularización. Es necesario, dice el informe, que las actividades que se encomienden a esta empresa “se ciñan a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental”, es decir, una mera “colaboración instrumental”. Alerta también el Consejo del uso previsto de las oficinas de Correos para la presentación de solicitudes de regularización, dada la dispersión de estas ventanillas por todo el territorio nacional y la habilitación del personal implicado, lo que representará “una dificultad” para que los procedimientos previstos se ajusten a los plazos fijados para los trámites. Debe valorarse, dice el Consejo, si las funciones generales que ya están legalmente atribuidas al servicio de Correos no son suficientes para encauzar su colaboración al proceso de presentación y tramitación de las solicitudes. “Sería”, dice, “una posibilidad más sencilla y operativa” que la recoge el texto de Migraciones.
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