Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O, ha iniciado su declaración en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes este martes con una cruda reflexión. “Aquí hemos sido gobernados por los peores hombres y las peores mujeres. Las muertes eran evitables, solo tenían que hacer su trabajo y mandar la alerta”, ha manifestado la portavoz de una de las tres asociaciones que han llevado el peso de la denuncia por la gestión que la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, hizo de la tragedia.
Mariló Gradolí, portavoz de otra asociación de víctimas de la dana, defiende que no habrá normalidad hasta que el expresidente deje su escaño
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O, ha iniciado su declaración en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes con una cruda reflexión. “Aquí hemos sido gobernados por los peores hombres y las peores mujeres. Las muertes eran evitables, solo tenían que hacer su trabajo y mandar la alerta”, ha manifestado la portavoz de una de las tres asociaciones que han llevado el peso de la denuncia por la gestión que la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, hizo de la tragedia.
Dirigiéndose al PP, les ha espetado: “¿Tienen algo que decir de que Carlos Mazón estuviera desaparecido aquel día desde el mediodía y luego llegara al Cecopi, dijera que había fallecidos, y ahora sepamos que cuando se apagaron las cámaras se fue a casa? No es que sea un mal político sino que es una mala persona y un desalmado y ustedes son cómplices por mantenerle», ha reclamado Álvarez al PP. La demanda de las dos principales asociaciones de víctimas mortales han exigido al PP que le pidan el acta de diputado y si no lo hace, lo expulsen.
Álvarez, que perdió a su padre durante la tragedia, ha expuesto que todas esas personas no murieron “por un hecho meteorológico imprevisible” sino por la “negligencia” del Gobierno valenciano, que “solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo”.
Tras afear a PP y Vox que hayan tardado más de un año en permitir que las asociaciones de víctimas comparezcan en “la casa de todos los valencianos”, ha defendido que “la ciencia es la única herramienta que salva vidas”; ha exigido que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón “pague por su incompetencia”, y ha reprochado al PP que siga protegiéndolo y escondiéndolo en el escaño 98 del hemiciclo. “Queremos justicia y no venganza”, ha subrayado.
En la calle, a las puertas del Parlamento valenciano, decenas de personas han coreado que el expresidente dimita y repetido lo que esperan también de Les Cortes: “Verdad, justicia y reparación”. Álvarez ha concluido su comparecencia con la lectura de los nombres de los 230 fallecidos en la dana y un audio de Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos en la riada.
Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O, la segunda en intervenir este martes, ha reiterado que no habrá normalidad mientras el expresidente Mazón continúe en su escaño. “Esta comisión no puede servir para diluir responsabilidades, y que PP y Vox la conviertan en un mecanismo de autodefensa”, ha apuntado la compareciente. Gradolí ha defendido ante los parlamentarios que todavía se está a tiempo de “evitar la mentira definitiva” y de que el presidente Juanfran Pérez Llorca deje de ser cómplice de Mazón y le reclame el acta.
“Esta comisión tiene una oportunidad, decidir si salva la verdad o al PP y Vox en la responsabilidad del desastre. Detrás de cada cifra hay una familia. Lo que pasó no se olvidará porque la vida no es un relato. No habrá normalidad mientras continúen protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas. Queremos responsabilidades políticas y penales”, ha concluido Gradolí.
Las decisiones políticas tienen consecuencias, como retrasar el envío del Es alert al valorar si enviarlo en valenciano “en vez de enviarlo de una puta vez”. Gradolí ha hecho así alusión a las palabras que dijo en el Cecopi el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, sobre el mensaje de alerta que la población recibió a las 20.11 horas.
Por todo ello, Gradolí ha defendido que “la cadena de decisiones es clara: las consultas se hicieron, las advertencias se recibieron y el marco legal existía”, mientras ha lamentado que “los responsables todavía están en el Consell y Mazón continúa como diputado protegido por PP y Vox”: “Lo que no existió fue valentía política de anteponer la vida a cualquier otro cálculo”, ha remachado.
El diputado del grupo popular Fernando Pastor han mostrado su respeto por las palabras de Álvarez, y ha dicho que la voluntad del PP es “no vetar a ninguna asociación o persona que quiera tener voz en esta sala”, al tiempo que le ha tendido la mano a todas para establecer un canal de comunicación.
El socialista José Muñoz (PSPV) ha reivindicado el trabajo de las asociaciones mayoritarias tras una “estrategia de violencia institucional” contra ellas, ha denunciado, por parte de la Generalitat. “A usted le han llamado víctima VIP y no se han disculpado”, ha dicho a Álvarez en alusión a las palabras que dijo el síndic del PP sobre algunas “víctimas VIP o de graderío” en el funeral de estado por la dana.
Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha agradecido las palabras de Rosa Álvarez, que le han “conmovido”, y ha señalado que “no cabe más” que decir.
José María Llanos (Vox) ha afirmado que las víctimas “tienen todo el derecho a manifestar sus opiniones” y ha defendido que en la comisión hablan todas las asociaciones “con total libertad” y ha reiterado que Vox quiere depurar “todas las responsabilidades, caiga quien caiga”.
La sesión de la mañana la ha cerrado Rubén Gisbert, abogado de ocho familias con víctimas, creador de la asociación Solo el pueblo salva al pueblo y conocido youtuber. En su turno de intervención, el socialista José Muñoz ha proyectado el polémico video en el que el joven se arrodilló para mancharse de barro antes de entrar en un directo con el programa de televisión Horizontes, producido por Iker Jiménez. Un gesto que los socialistas le han reprochado con dureza.
Gisbert ha asegurado que ha sido “el primero que ha pedido la imputación de Carlos Mazón pero también la de Pilar Bernabé [delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana]” y ha señalado que se ha querellado contra la jueza que instruye la causa de la dana.
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