Heridos, detenciones, vehículos incendiados, el ejército desplegado y una víctima mortal han convertido octubre en uno de los meses más violentos del año en Sudáfrica, país que este miércoles celebra elecciones municipales en medio de una escalada de ataques xenófobos contra migrantes y solicitantes de asilo de otros países africanos que se suceden desde la pasada primavera. Los disturbios han obligado al Gobierno de Cyril Ramaphosa a desplegar 510 militares en KwaZulu-Natal, la provincia con los episodios más graves. La violencia también ha provocado la intervención de los tribunales para tratar de frenar las marchas de protesta del movimiento March and March, entre ellas una celebrada el 22 de octubre en Durban en la que un hombre extranjero fue asesinado a palos. El viernes, un juez decidió mantener la suspensión hasta después de los comicios y ha condicionado su reanudación al cumplimiento de estrictas medidas de seguridad.
A un día de los comicios municipales, los ataques contra migrantes y solicitantes de asilo han obligado a desplegar a 510 militares y a los tribunales a frenar las marchas antiinmigración
Heridos, detenciones, vehículos incendiados, el ejército desplegado y una víctima mortal han convertido octubre en uno de los meses más violentos del año en Sudáfrica, país que este miércoles celebra elecciones municipales en medio de una escalada de ataques xenófobos contra migrantes y solicitantes de asilo de otros países africanos que se suceden desde la pasada primavera. Los disturbios han obligado al Gobierno de Cyril Ramaphosa a desplegar 510 militares en KwaZulu-Natal, la provincia con los episodios más graves. La violencia también ha provocado la intervención de los tribunales para tratar de frenar las marchas de protesta del movimiento March and March, entre ellas una celebrada el 22 de octubre en Durban en la que un hombre extranjero fue asesinado a palos. El viernes, un juez decidió mantener la suspensión hasta después de los comicios y ha condicionado su reanudación al cumplimiento de estrictas medidas de seguridad.
La violencia que se extiende por varias provincias sudafricanas, desde el Cabo Occidental hasta Gauteng, pasando por KwaZulu-Natal, se alimenta de un discurso que responsabiliza a los migrantes de otros países africanos de algunos de los mayores males del país, entre ellos el desempleo, la delincuencia y la saturación de los servicios públicos.
Esta escalada de violencia se produce en vísperas de las elecciones que se celebran este miércoles en los 257 municipios del país y en un momento de fuerte desgaste para el Congreso Nacional Africano (ANC), que en 2024 perdió por primera vez la mayoría absoluta que mantenía desde el fin del apartheid. La preocupación por la inmigración se ha incorporado al debate político en un país donde el desempleo, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos han ahondado el descontento de la sociedad.
Uno de los afectados es Raphael Bahebwa, refugiado congoleño que ayuda a otros compatriotas en Durban y que cuenta por teléfono que está escondido porque no deja de recibir amenazas. “No es seguro. Yo no estoy a salvo”, insiste. Bahebwa afirma que los ataques continúan, y que la llegada de los militares no le ha hecho bajar la guardia, aunque confía en que las elecciones municipales del miércoles contribuyan a rebajar la tensión.
Sudáfrica arrastra uno de los mayores niveles de desigualdad, según el Banco Mundial, y una tasa de paro especialmente elevada entre los jóvenes: el 47,4% de la población activa entre 15 y 34 años estaba desempleada en el segundo trimestre de 2026. Mientras, los extranjeros, que representan alrededor del 5% de los 63,5 millones de habitantes del país, se han convertido en cabezas de turco de ese malestar social.
Los grupos antiinmigración, entre ellos March and March, aseguran que su objetivo es expulsar a quienes carecen de papeles, y organizan marchas en las que sus miembros exigen documentación a quienes consideran extranjeros y en las que se han registrado palizas, saqueos y ataques contra viviendas y comercios. Los activistas recalcan que sus acciones se dirigen contra migrantes en situación irregular, pero existen numerosas evidencias de que las agresiones han alcanzado a personas con permisos de residencia y refugiadas.
En primavera, March and March y otros grupos afines dieron un ultimátum al Gobierno y fijaron como plazo el 30 de junio para que los migrantes indocumentados abandonaran el país. La fecha, que no tuvo ningún respaldo legal, marcó el inicio de una escalada de movilizaciones y amenazas contra la población extranjera que ha ido fluctuando: 39 episodios en julio, 12 en agosto, 5 en septiembre, 12 en octubre y 21 hasta el 28 de octubre, según la información recabada por el Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica. En este contexto, más de 178.000 inmigrantes han abandonado el país entre retornos voluntarios y repatriaciones, según un recuento de Associated Press.
El Gobierno ha vinculado los disturbios en octubre con una “campaña de desinformación” relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la ley de refugiados. El fallo, dictado el 7 de julio, declaró inconstitucionales algunas disposiciones que impedían a determinados solicitantes de asilo acceder al procedimiento por motivos como haber entrado de forma irregular al país o no haberse presentado inmediatamente ante las autoridades. La resolución no concede automáticamente el estatus de refugiado ni regulariza a los indocumentados, pero los sectores contrarios a la inmigración han difundido interpretaciones falsas.
En medio de ese clima de desinformación y hostilidad llegó el aumento de las protestas, en las que se contabilizaron hasta 24 coches calcinados y numerosos saqueos, principalmente en Durban (KwaZulu-Natal), uno de los peores escenarios de violencia del país. El suceso más grave ocurrió el 22 de octubre con el apaleamiento hasta la muerte de un ciudadano extranjero por unas 50 personas en el centro de la ciudad. Un día antes, un ciudadano ugandés de 45 años también fue perseguido y golpeado por una muchedumbre que participaba en una protesta organizada por March and March.
Un vídeo grabado por un vecino y verificado por varios medios sudafricanos e internacionales muestra cómo la víctima intentó refugiarse tras unos agentes municipales identificados con chalecos amarillos, pero estos no consiguieron detener las agresiones hasta la llegada de un vehículo policial. El hombre sobrevivió y fue atendido en un hospital de Durban, desde donde relató la agresión y mostró sus lesiones, entre ellas laceraciones en el torso y la espalda y dos grandes cortes cosidos con gruesos puntos de sutura en la cabeza.
La policía identificó a cinco personas “de interés” en relación con estos dos episodios, pero hasta ahora no ha confirmado públicamente el móvil del asesinato.
Este aumento de la violencia provocó la intervención de la justicia con una orden cautelar del Tribunal Superior de KwaZulu-Natal contra March and March, su líder Jacinta Ngobese Zuma y otras cinco personas vinculadas al movimiento. La resolución, que llegó tras la petición del ministro en funciones de Policía, Firoz Cachalia, y del comisario provincial, Nhlanhla Mkhwanazi, afecta a las convocatorias en Durban, mantiene suspendidas las manifestaciones hasta el 7 de noviembre y establece estrictas condiciones de seguridad para su reanudación. Algunas de estas son la obligación de seguir rutas designadas durante las marchas y la prohibición de cubrirse el rostro y portar cualquier tipo de arma, también palos y objetos punzantes.
La sucesión de agresiones ha dejado a numerosos migrantes sin ingresos y con miedo a salir de casa. Entre ellos, a Gabi Bikombo, congoleño llegado a Sudáfrica en 1997 y naturalizado desde 2022. Desde el pasado junio, asegura durante una conversación por WhatsApp, intenta protegerse y ayudar a sus compatriotas, muchos de ellos refugiados y solicitantes de asilo procedentes de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo, donde sucesivos conflictos armados desde los años noventa han provocado el desplazamiento de millones de personas.
“Seguimos aquí, aunque luchando por sobrevivir. Ese es el mayor desafío”, cuenta Bikombo. “La mayoría de la gente no cree que ni siquiera esos soldados vayan a hacer algo porque el odio está muy extendido”, dice en referencia a los efectivos desplegados la semana pasada. Bikombo asegura que muchos afectados han dejado de trabajar por miedo. “Si tuviera los medios para mudarme a otro lugar, me habría ido”, lamenta.
Precisamente, los refugiados congoleños constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Más de 400 personas, en su mayoría refugiados y solicitantes de asilo, aseguran que desde mediados de junio han sido expulsadas de sus casas y de sus negocios. Pasaron meses acampados en la acera de Che Guevara Road, frente a las oficinas del Departamento de Interior de Durban, pero allí también fueron objeto de ataques por su supuesta situación administrativa irregular, a pesar de que un proceso de verificación del Departamento del Interior publicado en junio confirmó que 454 de las 457 personas contabilizadas allí sí residían legalmente en el país.
La falta de una solución habitacional y de servicios básicos llevó al Gobierno a ofrecer dos alternativas a este colectivo: volver a sus comunidades —lo que estos aseguran que no pueden hacer porque en ellas es donde han sido atacados— o trasladarse a Lindela, un centro de detención de migrantes ubicado en Krugersdorp, en la provincia de Gauteng. Hasta 274 refugiados fueron allí enviados el pasado septiembre. Lindela es un lugar donde se alojan aquellos extranjeros pendientes de una orden de deportación; sin embargo, este grupo de congoleños está integrado por solicitantes de asilo y refugiados, por lo que su situación jurídica impide su devolución a un país donde puedan sufrir persecución o daños graves.
Wivine Bahati, portavoz del colectivo de refugiados congoleños, también está en Lindela desde hace aproximadamente un mes, y explica por teléfono que ahora su comunidad teme volver a quedarse en la calle porque han oído que les van a expulsar. “El refugio planea echarnos muy pronto y la gente sigue sin tener dónde ir”, asegura.
El Gobierno ha asegurado que negociará con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) el reasentamiento de estas personas en terceros países, pero los afectados siguen sin saber cuánto tiempo permanecerán en estas instalaciones ni cuál va a ser su destino.
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