Trama de las mascarillas

 Trama de las mascarillas  

Aquellas informaciones iniciales, que llegaban confusas y con cuentagotas, fueron el primer temblor del llamado caso Koldo, un terremoto de enormes dimensiones que se llevaría por delante no solo la carrera política de Ábalos, primer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, sino también la de su sucesor en ese puesto, Santos Cerdán, y que ha hecho tambalearse al principal partido del Gobierno. Ahora cuesta recordarlo, por el tiempo transcurrido y la envergadura que ha ido adquiriendo el caso, pero en el origen de esta causa está, una vez más, una maniobra del entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para desviar el foco cuando ella se encontraba en la picota por la adjudicación por parte de su Gobierno de un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas del que se benefició su hermano, una investigación que acabó archivada.

Aunque el sumario judicial que derivó en la detención de Koldo García partió de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el caso tuvo como punto de partida una denuncia presentada en 2022 en esa Fiscalía por Alfonso Serrano, entonces diputado del PP en la Asamblea de Madrid y ahora también senador, en respuesta a la que habían registrado los grupos de la oposición de la Asamblea regional (Podemos, el PSOE y Más Madrid) por el contrato al hermano de la presidenta. El partido conservador contraatacó con supuestas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la Administración General del Estado. La Fiscalía abrió diligencias e indagó sobre todos esos expedientes. Archivó prácticamente todas las pesquisas por falta de indicios de delito. Pero una prosperó: la relativa a una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada.

La primera fase de la investigación se desarrolló en exclusiva en la Audiencia Nacional, que ordenó la detención de una veintena de personas, entre ellas Koldo García, dentro de una operación bautizada como Delorme, en referencia a Charles De Lorme, médico que ideó en el siglo XVII una máscara con la que pretendía evitar el contagio de la peste negra. Cuatro siglos después, una pandemia mundial convirtió en objeto de primera necesidad la evolución de ese instrumento de protección, la mascarilla desechable, lo que generó un negocio especulativo facilitado por la flexibilización de los controles habituales debido a la situación de emergencia. Estas operaciones fueron legales en la mayoría de las ocasiones, pero las adjudicadas desde el Ministerio de Transportes y sociedades dependientes de este a la empresa Soluciones de Gestión hicieron saltar las alarmas de los investigadores tras detectar algunas irregularidades.

El foco se puso de inicio en el asesor del ministro, un tipo de casi dos metros de estatura que en el panorama político nacional era conocido por ser la sombra de Ábalos. Hasta que se destapó este caso, Koldo García era visto como la mano derecha del ministro, siempre servil y sin más empeño que atender y proteger a su jefe. “Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo”, afirmó al conocer su detención el entonces diputado socialista. La investigación ha ido descubriendo otro perfil del asesor, al que la Guardia Civil considera “el hilo conductor” que permite conectar todas las piezas de la trama. El papel de García, además, ha sido clave para la causa porque los mensajes y audios guardados en su teléfono y su obsesión por grabar reuniones y conversaciones con sus socios han apuntalado las sospechas de los investigadores.

Junto a Koldo García, fue detenido aquel miércoles de febrero de 2024 Víctor de Aldama, un empresario español con intereses en el sector inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos, pero que entonces era un desconocido para el gran público excepto en Zamora, cuyo club de fútbol presidía. Pronto se supo que la Guardia Civil le consideraba el “nexo corruptor” porque fue él quien tomó la iniciativa para entrar en contacto en el verano de 2018 con Ábalos, después de que a su hermano (Rubén de Aldama) lo nombraran escolta del recién elegido ministro.

Aunque el exdirigente socialista, aforado ante el Tribunal Supremo por su cargo de diputado, no figuraba entre los detenidos en la primera fase de la investigación, los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fueron estrechando el cerco en torno a él. Y en octubre de 2024, ocho meses después de que se destapara el caso, el instituto armado informó al instructor de la Audiencia, el juez Ismael Moreno, de que todos los caminos conducían a atribuir a Ábalos “un papel relevante” en la trama, por lo que creían necesario elevar el caso al Supremo. El alto tribunal encausó al exministro en noviembre y, poco después, asumió también la investigación sobre Koldo García y Aldama al considerar que los hechos cometidos por los tres tenían una relación “directa e inescindible”.

A partir de ahí, bajo la instrucción del magistrado Leopoldo Puente, los investigadores han armado un rompecabezas que empieza en agosto de 2018, apenas dos meses después de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno y confiara al entonces secretario de Organización del PSOE el Ministerio de Transportes. Según el relato con el que Anticorrupción afronta el juicio, Ábalos, que había defendido desde la tribuna del Congreso la moción de censura a Mariano Rajoy para desmontar “el círculo perfecto de la corrupción” del PP, no tardó en dejarse seducir por Aldama, al que fue encomendando gestiones de diversa índole aprovechando sus contactos en países como Venezuela o México. La Fiscalía considera que, a base de compartir actos, reuniones y algún viaje, Ábalos, Koldo García y Aldama estrecharon lazos y terminaron acordando sacar algún provecho extra de los cargos que ostentaba el primero en el Gobierno y el PSOE.

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La idea que describe el ministerio público es una red corrupta simple, pero eficaz: que Ábalos favoreciera, a cambio de un beneficio económico a repartir entre todos, la contratación con la Administración Pública por empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama, además de facilitar a este el acceso preferente a la Administración para las gestiones que necesitara hacer para sí mismo o para las empresas con las que se asociara. Bajo este esquema, según Anticorrupción, Aldama consiguió del ministro y su asesor “información previa y privilegiada” sobre la necesidad que tenía Transportes de adquirir mascarillas en los primeros días de la pandemia de covid-19.

Pero el empresario no tenía medios ni conocimientos de ese sector, por lo que contactó con Soluciones de Gestión, una empresa vinculada al Grupo Cueto, un conglomerado familiar dirigido por Juan Carlos Cueto Martín. Esto permitió a Aldama articular una oferta para una licitación que todavía no era pública, con la aquiescencia de Ábalos y Koldo García y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados. Unos días después, el ministro firmó una orden por la que se asignaban a Soluciones de Gestión contratos de compra de mascarillas en dos entes dependientes del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones).

Los investigadores consideran acreditado que, gracias a estos y otros favores, el exministro pudo lucrarse por diferentes vías: con un contrato de alquiler con opción a compra de un piso de lujo de Aldama ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, que la Fiscalía considera que era en realidad una garantía de futuras mordidas; el pago del alquiler de un inmueble para la entonces pareja del ministro, Jésica Rodríguez, por 2.700 euros mensuales (con una suma total de 82.298 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021); o la compra de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) durante el verano de 2021 para que lo disfrutaran Ábalos y su familia en vacaciones.

Durante la instrucción se han reunido también pruebas de la supuesta contratación irregular en empresas públicas de la que entonces era la pareja del ministro y de otra mujer vinculada a este, y del alquiler por parte de Aldama y sus socios de diferentes inmuebles para pagar los favores del exdirigente socialista. Entre otros, las supuestas gestiones que hizo Ábalos en el rescate de Air Europa, incluida la publicación de una nota de prensa anunciando el rescate para tranquilizar a los acreedores de la mercantil. Anticorrupción cree también acreditado que, al menos desde el mes de octubre de 2019, Aldama comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022. En ocasiones, según los investigadores, el asesor recibió el dinero en presencia de su jefe, con el que se repartía siempre ese importe.

Ábalos y Koldo García han rechazado esas acusaciones cada vez que han sido llamados a declarar en el Supremo, pero tenían al enemigo empotrado en su propia trama. Después de meses de silencio, el empresario Aldama decidió confesar su participación en la red corrupta como parte de un pacto con la Fiscalía que supuso su puesta en libertad tras haber sido encarcelado de forma preventiva por otra causa, un supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos. Desde entonces, Aldama ha ido desgranando, unas veces ante los jueces y muchas otras en entrevistas en medios de comunicación, acusaciones no solo contra Ábalos y su antiguo asesor, sino también contra otros miembros del Gobierno o el PSOE. Aunque la mayoría no se han acreditado, algunas sí coincidían con indicios que habían ido reuniendo los investigadores, como supuestas entregas de dinero al exministro y su asesor o alquileres de inmuebles para reuniones de los investigados.

Una de esas entregas de información por cuentagotas por parte de Aldama dio un vuelco al caso al revelar que el presunto amaño de contratos se extendió también a varias obras públicas adjudicadas por Transportes durante la etapa de Ábalos. A partir de una documentación entregada por el empresario y después de que este señalara a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, como beneficiario de una mordida, un informe de la Guardia Civil destapó que los contratos de mascarillas fueron solo una de las fuentes de enriquecimiento ilícito de Ábalos y Koldo García; y no la más importante. Antes de obtener beneficio de la necesidad de material sanitario para hacer frente a la pandemia, el exministro de Transportes, su asesor y Cerdán habían engrasado, supuestamente, una maquinaria delictiva consistente en adjudicar obras a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones.

Ese informe disparó la complejidad del caso hasta tal punto que el instructor del Supremo optó por dividir la causa en dos para evitar que la investigación vinculada a la obra pública lastrara el recorrido judicial de la trama centrada en las mascarillas, cuya instrucción estaba muy avanzada. De esa decisión parte el juicio que se celebrará este mes en la Sala Penal, al que Ábalos y Koldo García llegan con un panorama mucho más sombrío que Aldama. Nada queda ya de aquella amistad que los tres forjaron hace casi ocho años. La estrategia de defensa del empresario separó sus caminos y, de momento, quien ha salido beneficiado es él, que afronta el juicio en libertad y con una petición de cárcel de solo siete años por haber colaborado con la justicia. Ábalos y Koldo García, en cambio, afrontan peticiones de penas de hasta 30 años, lo que llevó al juez a enviarlos en noviembre a prisión preventiva por riesgo “extremo” de fuga.

El exministro y quien fuera su asesor serán trasladados al Supremo desde la cárcel de Soto del Real para seguir cada una de las 13 sesiones que se han previsto para el juicio. Enfrente tendrán un tribunal integrado por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández. Un tribunal veterano con pesos pesados como Arrieta, número uno del escalafón judicial; Marchena, que aunque ya no preside la sala sigue teniendo autoridad y gran ascendencia para la mayoría de sus miembros; y Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado durante los últimos meses del Gobierno de Mariano Rajoy. Polo, la única mujer, suscribió recientemente, junto a Ana Ferrer, un contundente voto particular en contra de la condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; mientras que Palomo, otro de los magistrados más antiguos de la sala, también acaparó el foco hace unos meses por oponerse a la decisión de sentar en el banquillo al jefe del ministerio público. De Porres y Hernández se han incorporado al alto tribunal en los últimos años y el de Ábalos será el primer juicio de gran relevancia en el que participan en el Supremo.

Para los tres acusados, este también será el primero, pero, previsiblemente no el último, de los juicios que tendrán que afrontar en los próximos años. Los demás, no obstante, se celebrarán en la Audiencia Nacional, a la que el Supremo derivó la investigación por la trama de los contratos de obras públicas cuando, en enero pasado, Ábalos perdió la condición de aforado tras renunciar al acta de diputado del Grupo Mixto. El grupo al que quedó adscrito después de desafiar al PSOE y negarse a dejar el escaño tras la detención de su asesor aquella mañana de febrero de hace ya dos años.

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