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Una alianza de más de 80 organizaciones pide el fin de actividades económicas y comerciales en asentamientos
Una alianza de más de 80 organizaciones de la sociedad civil ha reclamado este lunes el fin de las actividades comerciales y económicas por parte de empresas internacionales en los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha afirmado que estas acciones contribuyen de forma directa a la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados, en medio de la expansión de los proyectos de construcción de colonias en estos territorios.
El informe Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales: cómo los Estados y empresas extranjeras habilitan la empresa ilegal de asentamientos de Israel, destaca que “el proyecto de asentamientos ilegales de Israel ha fragmentado Cisjordania y destruido la economía palestina, causando una pobreza y un sufrimiento generalizados”.
“A pesar del devastador impacto humanitario y la ilegalidad de los asentamientos israelíes bajo el Derecho Internacional, los Estados extranjeros siguen apoyando los asentamientos”, afirma, antes de recordar que la UE y sus Estados miembros “representan el principal bloque comercial de Israel”, mientras que “las políticas de estos Estados siguen apoyando financieramente y normalizando la economía de los asentamientos”.
Así, subraya que estos países, actuando “en violación del Derecho Internacional”, “sostienen los asentamientos israelíes al importar bienes producidos en ellos y permitiendo que las corporaciones bajo su jurisdicción operan en ellos y comercien con los asentamientos ilegales”, lo que supone “una contribución directa a la negativa del derecho de los palestinos a la autodeterminación”, así como diversos abusos contra la población en Cisjordania.
“La ilegal ocupación militar israelí y el aumento de la economía de los asentamientos han devastado las comunidades palestinas. Los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados hacen frente a una discriminación sistemática y a violaciones de los Derechos Humanos por parte de las autoridades israelíes, con impactos especialmente agudos sobre poblaciones vulnerables, incluidos niños, mujeres y ancianos”, manifiesta.
De esta forma, reseña que “la violencia de los colonos contra comunidades palestinas es generalizada, incluyendo ataques físicos, acoso, destrucción de tierras de cultivo y ataques contra olivares y otros cultivos que sustentan a miles de familias”, antes de indicar que “estos ataques tienen lugar a menudo con impunidad”, en medio del repunte de la violencia tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
“El sistema legal israelí aplica un marco legal separado y desigual para los palestinos y los colonos que viven en el mismo territorio ocupado”, esgrime el documento, que señala que “la tasa de pobreza en Cisjordania ha aumentado de forma significativa, con condiciones particularmente graves en áreas cercanas a los asentamientos y en el Área C, bajo control total israelí”.
“En contraste, los asentamientos y las industrias en los asentamientos reciben subsidios lucrativos, beneficios impositivos y tratamiento preferencial del Gobierno israelí”, destaca, algo que se ve potenciado por los lazos comerciales con países y empresas extranjeras, algo que “ha apoyado y ayudado a facilitar la crisis humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados”.
Entre las empresas señaladas en el informe están la alemana TUI, un conglomerado de empresas turísticas que ofrece visitas a los asentamientos; la constructora británica JC Bamford Excavators, la alemana Siemens o la francesa Carrefour, entre otras.
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