El incremento de las ayudas públicas que reciben miles de familias está ensombreciendo los sueldos de millones de trabajadores, que ven cómo los subsidios que perciben muchos hogares se encuentran por encima de sus sueldos sin tener que realizar ninguna actividad profesional. Con las últimas subidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) encima de la mesa, un 25% de los empleados cobra ya lo mismo o menos que una unidad familiar que perciba el IMV actualizado. La revisión al alza del ingreso vital, que ha dado un salto del 11,4% este año, tras ser validado por el Congreso esta semana, supone que una familia de dos adultos y dos menores pueda recibir 1.393 euros al mes . En paralelo, una cuarta parte de los trabajadores cobra un sueldo medio que se encuentra por debajo de esa cuantía, al no superar los 1.400 euros, según la estadística del INE. E incluso en los dos deciles más bajos de la estructura salarial, las remuneraciones apenas llegan a los 1.280 euros. Aunque la comparación de ambas situaciones es distinta, al tratarse de una renta familiar, por un lado, y del sueldo de una persona, por otro, la subida de esta ayuda pública que ofrece el Estado desde 2020, junto a otros muchos apoyos de todas las administraciones, revela la distorsión que provocan las subvenciones: son necesarias para los hogares más vulnerables pero cada vez se aproximan más a lo que cobran 5,5 millones de trabajadores. La prueba de que el sistema de protección español no es lo eficiente que debería se encuentra en la estadística de hogares que consiguen salir de la pobreza antes y después de recibir estos apoyos. España no logra reducir la pobrezaEspaña país se sitúa en los últimos lugares de ese ranking al conseguir que la tasa de hogares en situación vulnerable baje poco más de 6 puntos porcentuales tras recibir apoyos públicos, según la estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat. Una brecha muy lejana a la que consigue recortar la media de la eurozona, donde el porcentaje de familias que mejoran su situación es del 8,5%, por no hablar de Irlanda (logra mejorarla un 13%) o Francia (10%). Coincide en este análisis con Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas: «El objetivo no es solo proteger renta, sino facilitar transiciones efectivas al empleo».El problema del sistema de apoyos que hay en España es «la ausencia de un buen diseño», explica Gregorio Izquierdo, director general del IEE. «Eso es lo que nos diferencia realmente con Europa, porque aquí hay un sistema de prestaciones que se solapan y no tienen efectos en el mercado de trabajo, que es para lo que deberían estar pensadas», apunta. «Al solaparse unas con otras, dan lugar a un nivel de renta social superior al del propio mercado de trabajo, con riesgo del desincentivo» a ejercer una actividad. Aunque la mayor parte de estas ayudas están vinculadas al compromiso de buscar un trabajo, la realidad social y administrativa es mucho más compleja. El sello de las ayudas en España es que «se están desvinculando del trabajo y la situación inicial de vulnerabilidad se multiplica», apunta Izquierdo. En el caso del IMV, está asociado a un compromiso de empleo para participar en itinerarios de inclusión o mejorar su empleabilidad. Incluso en 2023 se cambió su diseño por el que tener determinados ingresos de trabajo no implica una reducción de la ayuda. Evitar un salto abruptoEl último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que el IMV presenta un desincentivo permanente al empleo y reduce la probabilidad de trabajar en un 12% . Esta institución indica que esa desmotivación aumenta a más del 20% entre menores de 30 años, los hogares monoparentales y cuando los titulares de la ayuda perciben prestaciones más altas. La complejidad de las ayudas públicas aumenta cuando a los apoyos estatales, como el IMV, se unen otros autonómicos, provinciales y locales, en un auténtico puzzle de subvenciones sin coordinación entre sí, como insisten los expertos consultados por ABC. Miguel Ángel García, de Fedea, recuerda que en España existe la posibilidad de cobrar un subsidio por desempleo y obtener otras ayudas de distinta índole en otras administraciones. Este experto recuerda, además, que «quien paga la prestación no es quien tiene la competencia de la política activa de empleo». Es decir, el Estado abona la ayuda, pero son los servicios laborales autonómicos, que no pagan esa ayuda ni asumen ese coste presupuestario, los que están obligados a guiar en la vuelta al trabajo del beneficiario de la misma.El subsidio, más atractivoEl caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una de las herramientas a las que se apunta para mejorar su eficacia para el objetivo de reincorporarse al mercado de trabajo y se siga cobrando hasta jubilarse. «El 50% de quienes cobran la prestación por desempleo son mayores de 52 años», recuerda Miguel Ángel García, quien insiste en la necesidad de una «coordinación global entre administraciones» para mejorar la eficacia de la vulnerabilidad, que no llega a resolverse. Esa dispersión de ayudas es la que señala Valentín Bote, director de Randstad Research como uno de los retos a resolver. «Muchas se pusieron en marcha a partir de la pandemia para ayudar a familias sin recursos para al final te pones a sumar y de repente las cuentas comienzan a cuadrar en algunas casas», indica este experto al referirse al IMV estatal, las autonómicas y muchas locales vinculadas a descuentos del IBI o alquiler. Los cambios introducidos hace dos años en el subsidio para mayores, por el que se abonan 480 euros al mes pero con una cotización que es del 125% sobre el salario mínimo, puede desincentivar a la búsqueda de trabajo a quienes les llegue una oferta de empleo en la que le ofrezcan menos de 1.350 euros al mes, porque les compensaría el subsidio de cara a la jubilación en términos de cotización social. Incluso si esa remuneración que les llega es de hasta 1.450 euros, puede ser una decisión económicamente óptima de cara a la pensión.El 80% de las necesidades básicas, vía subvención Aunque las circunstancias de cada hogar son distintas, hay un punto de inflexión económico en el que a una persona le pueda compensar cobrar una ayuda frente a un puesto de trabajo. «Es muy subjetivo», explica Valentín Bote, de Randstad Research, «pero cuando nos acercamos a que la suma de ayudas se acerca al 80% de lo que esa persona espera como salario, empiezas a estar en una situación de mucho desincentivo», calcula este experto. A partir de ahí, insiste, se genera un terreno donde una persona se pregunta si con ese 80% de sus necesidades cubiertas le da para vivir. Aunque también depende de otras circunstancias, como la zona geográfica donde resida. No es lo mismo la gran ciudad que un pequeño pueblo.Este año, al incrementarse de nuevo el salario mínimo hasta los 1.221 euros brutos al mes, se abre la puerta a que pueda haber más perceptores del subsidio para mayores porque se incrementan los límites para recibir este ingreso hasta 915,75 euros en rentas mensuales. También sube la base mínima de cotización asociada a esta ayuda, que se encuentra ya en los 1.780 euros.El problema de esta realidad que no se da en otros países de Europa es que «surge cuando la ayuda se pierde de forma brusca al aceptar un empleo y no existe una retirada gradual compatible con el salario», indica Jesús Fernández-Bravo . En esos casos, la mejora real de ingresos «puede ser muy limitada». Por eso, la clave es que el sistema garantice que trabajar siempre suponga una ganancia neta clara facilitando transiciones de la ayuda necesaria para muchos hogares al trabajo en un contexto en el que, además, la tasa de paro sigue cayendo y hay sectores que siguen sin poder cubrir parte de sus vacantes. El incremento de las ayudas públicas que reciben miles de familias está ensombreciendo los sueldos de millones de trabajadores, que ven cómo los subsidios que perciben muchos hogares se encuentran por encima de sus sueldos sin tener que realizar ninguna actividad profesional. Con las últimas subidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) encima de la mesa, un 25% de los empleados cobra ya lo mismo o menos que una unidad familiar que perciba el IMV actualizado. La revisión al alza del ingreso vital, que ha dado un salto del 11,4% este año, tras ser validado por el Congreso esta semana, supone que una familia de dos adultos y dos menores pueda recibir 1.393 euros al mes . En paralelo, una cuarta parte de los trabajadores cobra un sueldo medio que se encuentra por debajo de esa cuantía, al no superar los 1.400 euros, según la estadística del INE. E incluso en los dos deciles más bajos de la estructura salarial, las remuneraciones apenas llegan a los 1.280 euros. Aunque la comparación de ambas situaciones es distinta, al tratarse de una renta familiar, por un lado, y del sueldo de una persona, por otro, la subida de esta ayuda pública que ofrece el Estado desde 2020, junto a otros muchos apoyos de todas las administraciones, revela la distorsión que provocan las subvenciones: son necesarias para los hogares más vulnerables pero cada vez se aproximan más a lo que cobran 5,5 millones de trabajadores. La prueba de que el sistema de protección español no es lo eficiente que debería se encuentra en la estadística de hogares que consiguen salir de la pobreza antes y después de recibir estos apoyos. España no logra reducir la pobrezaEspaña país se sitúa en los últimos lugares de ese ranking al conseguir que la tasa de hogares en situación vulnerable baje poco más de 6 puntos porcentuales tras recibir apoyos públicos, según la estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat. Una brecha muy lejana a la que consigue recortar la media de la eurozona, donde el porcentaje de familias que mejoran su situación es del 8,5%, por no hablar de Irlanda (logra mejorarla un 13%) o Francia (10%). Coincide en este análisis con Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas: «El objetivo no es solo proteger renta, sino facilitar transiciones efectivas al empleo».El problema del sistema de apoyos que hay en España es «la ausencia de un buen diseño», explica Gregorio Izquierdo, director general del IEE. «Eso es lo que nos diferencia realmente con Europa, porque aquí hay un sistema de prestaciones que se solapan y no tienen efectos en el mercado de trabajo, que es para lo que deberían estar pensadas», apunta. «Al solaparse unas con otras, dan lugar a un nivel de renta social superior al del propio mercado de trabajo, con riesgo del desincentivo» a ejercer una actividad. Aunque la mayor parte de estas ayudas están vinculadas al compromiso de buscar un trabajo, la realidad social y administrativa es mucho más compleja. El sello de las ayudas en España es que «se están desvinculando del trabajo y la situación inicial de vulnerabilidad se multiplica», apunta Izquierdo. En el caso del IMV, está asociado a un compromiso de empleo para participar en itinerarios de inclusión o mejorar su empleabilidad. Incluso en 2023 se cambió su diseño por el que tener determinados ingresos de trabajo no implica una reducción de la ayuda. Evitar un salto abruptoEl último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que el IMV presenta un desincentivo permanente al empleo y reduce la probabilidad de trabajar en un 12% . Esta institución indica que esa desmotivación aumenta a más del 20% entre menores de 30 años, los hogares monoparentales y cuando los titulares de la ayuda perciben prestaciones más altas. La complejidad de las ayudas públicas aumenta cuando a los apoyos estatales, como el IMV, se unen otros autonómicos, provinciales y locales, en un auténtico puzzle de subvenciones sin coordinación entre sí, como insisten los expertos consultados por ABC. Miguel Ángel García, de Fedea, recuerda que en España existe la posibilidad de cobrar un subsidio por desempleo y obtener otras ayudas de distinta índole en otras administraciones. Este experto recuerda, además, que «quien paga la prestación no es quien tiene la competencia de la política activa de empleo». Es decir, el Estado abona la ayuda, pero son los servicios laborales autonómicos, que no pagan esa ayuda ni asumen ese coste presupuestario, los que están obligados a guiar en la vuelta al trabajo del beneficiario de la misma.El subsidio, más atractivoEl caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una de las herramientas a las que se apunta para mejorar su eficacia para el objetivo de reincorporarse al mercado de trabajo y se siga cobrando hasta jubilarse. «El 50% de quienes cobran la prestación por desempleo son mayores de 52 años», recuerda Miguel Ángel García, quien insiste en la necesidad de una «coordinación global entre administraciones» para mejorar la eficacia de la vulnerabilidad, que no llega a resolverse. Esa dispersión de ayudas es la que señala Valentín Bote, director de Randstad Research como uno de los retos a resolver. «Muchas se pusieron en marcha a partir de la pandemia para ayudar a familias sin recursos para al final te pones a sumar y de repente las cuentas comienzan a cuadrar en algunas casas», indica este experto al referirse al IMV estatal, las autonómicas y muchas locales vinculadas a descuentos del IBI o alquiler. Los cambios introducidos hace dos años en el subsidio para mayores, por el que se abonan 480 euros al mes pero con una cotización que es del 125% sobre el salario mínimo, puede desincentivar a la búsqueda de trabajo a quienes les llegue una oferta de empleo en la que le ofrezcan menos de 1.350 euros al mes, porque les compensaría el subsidio de cara a la jubilación en términos de cotización social. Incluso si esa remuneración que les llega es de hasta 1.450 euros, puede ser una decisión económicamente óptima de cara a la pensión.El 80% de las necesidades básicas, vía subvención Aunque las circunstancias de cada hogar son distintas, hay un punto de inflexión económico en el que a una persona le pueda compensar cobrar una ayuda frente a un puesto de trabajo. «Es muy subjetivo», explica Valentín Bote, de Randstad Research, «pero cuando nos acercamos a que la suma de ayudas se acerca al 80% de lo que esa persona espera como salario, empiezas a estar en una situación de mucho desincentivo», calcula este experto. A partir de ahí, insiste, se genera un terreno donde una persona se pregunta si con ese 80% de sus necesidades cubiertas le da para vivir. Aunque también depende de otras circunstancias, como la zona geográfica donde resida. No es lo mismo la gran ciudad que un pequeño pueblo.Este año, al incrementarse de nuevo el salario mínimo hasta los 1.221 euros brutos al mes, se abre la puerta a que pueda haber más perceptores del subsidio para mayores porque se incrementan los límites para recibir este ingreso hasta 915,75 euros en rentas mensuales. También sube la base mínima de cotización asociada a esta ayuda, que se encuentra ya en los 1.780 euros.El problema de esta realidad que no se da en otros países de Europa es que «surge cuando la ayuda se pierde de forma brusca al aceptar un empleo y no existe una retirada gradual compatible con el salario», indica Jesús Fernández-Bravo . En esos casos, la mejora real de ingresos «puede ser muy limitada». Por eso, la clave es que el sistema garantice que trabajar siempre suponga una ganancia neta clara facilitando transiciones de la ayuda necesaria para muchos hogares al trabajo en un contexto en el que, además, la tasa de paro sigue cayendo y hay sectores que siguen sin poder cubrir parte de sus vacantes.
El incremento de las ayudas públicas que reciben miles de familias está ensombreciendo los sueldos de millones de trabajadores, que ven cómo los subsidios que perciben muchos hogares se encuentran por encima de sus sueldos sin tener que realizar ninguna actividad profesional. Con las últimas … subidas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) encima de la mesa, un 25% de los empleados cobra ya lo mismo o menos que una unidad familiar que perciba el IMV actualizado.
La revisión al alza del ingreso vital, que ha dado un salto del 11,4% este año, tras ser validado por el Congreso esta semana, supone que una familia de dos adultos y dos menores pueda recibir 1.393 euros al mes. En paralelo, una cuarta parte de los trabajadores cobra un sueldo medio que se encuentra por debajo de esa cuantía, al no superar los 1.400 euros, según la estadística del INE. E incluso en los dos deciles más bajos de la estructura salarial, las remuneraciones apenas llegan a los 1.280 euros.
Aunque la comparación de ambas situaciones es distinta, al tratarse de una renta familiar, por un lado, y del sueldo de una persona, por otro, la subida de esta ayuda pública que ofrece el Estado desde 2020, junto a otros muchos apoyos de todas las administraciones, revela la distorsión que provocan las subvenciones: son necesarias para los hogares más vulnerables pero cada vez se aproximan más a lo que cobran 5,5 millones de trabajadores. La prueba de que el sistema de protección español no es lo eficiente que debería se encuentra en la estadística de hogares que consiguen salir de la pobreza antes y después de recibir estos apoyos.
España no logra reducir la pobreza
España país se sitúa en los últimos lugares de ese ranking al conseguir que la tasa de hogares en situación vulnerable baje poco más de 6 puntos porcentuales tras recibir apoyos públicos, según la estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat. Una brecha muy lejana a la que consigue recortar la media de la eurozona, donde el porcentaje de familias que mejoran su situación es del 8,5%, por no hablar de Irlanda (logra mejorarla un 13%) o Francia (10%). Coincide en este análisis con Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas: «El objetivo no es solo proteger renta, sino facilitar transiciones efectivas al empleo».
Pobreza en la UE, antes y después
de las ayudas públicas
En porcentaje
Riesgo de pobreza antes de inclusión
de prestaciones sociales
distintas de las pensiones
Riesgo de pobreza después
de las ayudas públicas
Reducción de la pobreza
después de las ayudas públicas
Grecia
Hungría
Rumanía
Portugal
Croacia
Letonia
España
Chipre
R. Checa
Luxemb.
Lituania
Eslovenia
Bulgaria
Eslovaquia
P. Bajos
Eurozona
Alemania
Italia
Estonia
Polonia
Austria
Suecia
Francia
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Irlanda
Fuente:Estimación del Instituto de Estudios Económicos
(IEE) a partir de los datos de Eurostat/ ABC
Pobreza en la UE, antes y después de las ayudas públicas
En porcentaje
Riesgo de pobreza antes de inclusión
de prestaciones sociales distintas de las pensiones
Riesgo de pobreza después de las ayudas públicas
Reducción de la pobreza después de las ayudas públicas
Grecia
Hungría
Rumanía
Portugal
Croacia
Letonia
España
Chipre
República Checa
Luxemburgo
Lituania
Eslovenia
Bulgaria
Eslovaquia
Países Bajos
Unión Europea
Eurozona
Alemania
Italia
Estonia
Polonia
Austria
Suecia
Francia
Finlandia
Dinamarca
Bélgica
Irlanda
Fuente:Estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat / ABC
El problema del sistema de apoyos que hay en España es «la ausencia de un buen diseño», explica Gregorio Izquierdo, director general del IEE. «Eso es lo que nos diferencia realmente con Europa, porque aquí hay un sistema de prestaciones que se solapan y no tienen efectos en el mercado de trabajo, que es para lo que deberían estar pensadas», apunta. «Al solaparse unas con otras, dan lugar a un nivel de renta social superior al del propio mercado de trabajo, con riesgo del desincentivo» a ejercer una actividad.
Aunque la mayor parte de estas ayudas están vinculadas al compromiso de buscar un trabajo, la realidad social y administrativa es mucho más compleja. El sello de las ayudas en España es que «se están desvinculando del trabajo y la situación inicial de vulnerabilidad se multiplica», apunta Izquierdo. En el caso del IMV, está asociado a un compromiso de empleo para participar en itinerarios de inclusión o mejorar su empleabilidad. Incluso en 2023 se cambió su diseño por el que tener determinados ingresos de trabajo no implica una reducción de la ayuda.
Evitar un salto abrupto
El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que el IMV presenta un desincentivo permanente al empleo y reduce la probabilidad de trabajar en un 12%. Esta institución indica que esa desmotivación aumenta a más del 20% entre menores de 30 años, los hogares monoparentales y cuando los titulares de la ayuda perciben prestaciones más altas.
La complejidad de las ayudas públicas aumenta cuando a los apoyos estatales, como el IMV, se unen otros autonómicos, provinciales y locales, en un auténtico puzzle de subvenciones sin coordinación entre sí, como insisten los expertos consultados por ABC. Miguel Ángel García, de Fedea, recuerda que en España existe la posibilidad de cobrar un subsidio por desempleo y obtener otras ayudas de distinta índole en otras administraciones. Este experto recuerda, además, que «quien paga la prestación no es quien tiene la competencia de la política activa de empleo». Es decir, el Estado abona la ayuda, pero son los servicios laborales autonómicos, que no pagan esa ayuda ni asumen ese coste presupuestario, los que están obligados a guiar en la vuelta al trabajo del beneficiario de la misma.
El subsidio, más atractivo
El caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una de las herramientas a las que se apunta para mejorar su eficacia para el objetivo de reincorporarse al mercado de trabajo y se siga cobrando hasta jubilarse. «El 50% de quienes cobran la prestación por desempleo son mayores de 52 años», recuerda Miguel Ángel García, quien insiste en la necesidad de una «coordinación global entre administraciones» para mejorar la eficacia de la vulnerabilidad, que no llega a resolverse.
Esa dispersión de ayudas es la que señala Valentín Bote, director de Randstad Research como uno de los retos a resolver. «Muchas se pusieron en marcha a partir de la pandemia para ayudar a familias sin recursos para al final te pones a sumar y de repente las cuentas comienzan a cuadrar en algunas casas», indica este experto al referirse al IMV estatal, las autonómicas y muchas locales vinculadas a descuentos del IBI o alquiler.
Los cambios introducidos hace dos años en el subsidio para mayores, por el que se abonan 480 euros al mes pero con una cotización que es del 125% sobre el salario mínimo, puede desincentivar a la búsqueda de trabajo a quienes les llegue una oferta de empleo en la que le ofrezcan menos de 1.350 euros al mes, porque les compensaría el subsidio de cara a la jubilación en términos de cotización social. Incluso si esa remuneración que les llega es de hasta 1.450 euros, puede ser una decisión económicamente óptima de cara a la pensión.
El 80% de las necesidades básicas, vía subvención
Aunque las circunstancias de cada hogar son distintas, hay un punto de inflexión económico en el que a una persona le pueda compensar cobrar una ayuda frente a un puesto de trabajo. «Es muy subjetivo», explica Valentín Bote, de Randstad Research, «pero cuando nos acercamos a que la suma de ayudas se acerca al 80% de lo que esa persona espera como salario, empiezas a estar en una situación de mucho desincentivo», calcula este experto. A partir de ahí, insiste, se genera un terreno donde una persona se pregunta si con ese 80% de sus necesidades cubiertas le da para vivir. Aunque también depende de otras circunstancias, como la zona geográfica donde resida. No es lo mismo la gran ciudad que un pequeño pueblo.
Este año, al incrementarse de nuevo el salario mínimo hasta los 1.221 euros brutos al mes, se abre la puerta a que pueda haber más perceptores del subsidio para mayores porque se incrementan los límites para recibir este ingreso hasta 915,75 euros en rentas mensuales. También sube la base mínima de cotización asociada a esta ayuda, que se encuentra ya en los 1.780 euros.
El problema de esta realidad que no se da en otros países de Europa es que «surge cuando la ayuda se pierde de forma brusca al aceptar un empleo y no existe una retirada gradual compatible con el salario», indica Jesús Fernández-Bravo . En esos casos, la mejora real de ingresos «puede ser muy limitada». Por eso, la clave es que el sistema garantice que trabajar siempre suponga una ganancia neta clara facilitando transiciones de la ayuda necesaria para muchos hogares al trabajo en un contexto en el que, además, la tasa de paro sigue cayendo y hay sectores que siguen sin poder cubrir parte de sus vacantes.
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