El juicio por la muerte de dos colombianos que asaltaron una finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la que presuntamente se guardaba droga ha vuelto a sufrir un golpe de efecto este miércoles. La declaración de quien era un guardia civil en prácticas cuando ocurrieron los hechos, el 25 de abril de 2009, ha desmontado de lleno el relato del único acusado del doble homicidio, Manuel Alonso, de 65 años, que en todo momento ha alegado “legítima defensa”, es decir, que actuó en defensa propia. Los hombres a los que disparó eran Derian José Morales Feria, de 36 años, y Eduard Andrés Gómez Tabares, de 25 años.
El acusado, Manuel Alonso, que alega “legítima defensa” confesó al agente que le custodiaba en el lugar de los hechos: “Se me fue de las manos y les disparé”
El juicio por la muerte de dos colombianos que asaltaron una finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en la que presuntamente se guardaba droga ha vuelto a sufrir un golpe de efecto este miércoles. La declaración de quien era un guardia civil en prácticas cuando ocurrieron los hechos, el 25 de abril de 2009, ha desmontado de lleno el relato del único acusado del doble homicidio, Manuel Alonso, de 65 años, que en todo momento ha alegado “legítima defensa”, es decir, que actuó en defensa propia. Los hombres a los que disparó eran Derian José Morales Feria, de 36 años, y Eduard Andrés Gómez Tabares, de 25 años.
“Cuando llegamos al lugar, el ahora acusado estaba muy nervioso en casa de un vecino y decía: ”Los he matado”, comenzó a contar el agente, “mis compañeros iniciaron las pesquisas y a mí, como estaba en prácticas, me pidieron que me quedara custodiándole”, aclaró. “Cuando Manuel Alonso estuvo ya más tranquilo, me contó que le habían entrado esos dos hombres en la finca y que él había intentado mediar con una conversación, pero que se le fue de las manos la situación y les disparó”, explicó el agente, que aseguraba tener grabada en la memoria aquella situación por lo excepcional de la misma en su propia vida, ya que comenzaba por aquel entonces su trabajo como guardia civil.
Su declaración, ante el juez y los miembros del jurado, ha llamado la atención de la fiscal María Luisa Alés Gambero, que le ha recriminado que esa confesión no constara en el atestado de la Guardia Civil. “Yo creo que sí se lo diría a mis compañeros, pero no puedo saber por qué no consta en el atestado que elaboraron, lo que sí le digo es que recuerdo aquella conversación perfectamente”, ha insistido el agente.
Manuel Alonso, en su posterior declaración ante la Guardia Civil y en el proceso de instrucción, declaró que fueron los ladridos de su perro los que le alertaron de que había alguien merodeando en su finca, que salió de su casa armado con una de sus escopetas y que, al toparse con los asaltantes armados, respondió a sus disparos con dos tiros certeros de su escopeta que causaron la muerte casi inmediata de sendos hombres.
La segunda sesión, de las tres previstas para juzgar este doble crimen conocido como “el crimen de los colombianos”, también ha vuelto a poner de manifiesto la enorme trama de corrupción policial que circunda este doble crimen. Sobre todo con la declaración del agente 510, del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil. Su exposición, clara y clarificadora, ha comenzado explicando que su participación en la investigación surgió por el hecho de que había guardias civiles implicados en los hechos investigados. Posteriormente esos guardias corruptos, expulsados del cuerpo, han eludido el banquillo de los acusados por prescripción de los delitos que se les atribuían (robo con violencia e inducción al asesinato), aunque están procesados en otras causas. Este juicio oral se produce 17 años después de las dos muertes, y tras sortear tres archivos judiciales.
El agente 510 ha explicado que sus informes parten del hecho de que la finca de Manuel Alonso, llamada finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, era una guardería de droga. Un aspecto que había quedado acreditado en otras investigaciones paralelas —el asesinato de su propia esposa y otros casos de narcotráfico— en las que estaban implicados los mismos guardias civiles y los mismos grupos delincuenciales.
El agente 510 ha desgranado el procedimiento de su investigación y los resultados de la misma: “Lo primero era saber si la hipótesis de la legítima defensa era congruente con los hechos”, ha dicho. Para concluir que, analizados los informes de la autopsia, los de la inspección ocular y las declaraciones de los testigos protegidos (uno de ellos presencial), la versión de Manuel Alonso “es absolutamente incompatible con los datos que arrojan todos esos análisis científicos”.
La conclusión de su informe es que Manuel Alonso estaba esperando el asalto y no hizo nada para impedirlo, sino que se parapetó y armó fuertemente (otras dos escopetas cargadas y listas para disparar se encontraron en el salón y en el cabecero de su cama). Agazapado y oculto por la oscuridad de la noche, detrás de un banco de hormigón que había a la entrada de su finca, disparó a bocajarro a los dos asaltantes. “Él disparó primero”, ha asegurado el Agente 510. “Desde muy cerca”.
Los informes forenses y la inspección ocular muestran que en los cuerpos de los fallecidos se encontraron las vainas de la escopeta, que normalmente caen al suelo tras su detonación si hay distancia suficiente con el objetivo, ha recordado. “La distancia pudo ser de dos metros, muy cerca”. Además, los principales charcos de sangre están justo ahí, junto al banco. Y después, dos regueros de sangre, casi paralelos, marcan el trayecto de huida de los asaltantes que, heridos de muerte, disparan sus armas (una pistola y un revolver) erráticamente. Un proyectil fue encontrado en la fachada de la vivienda y otro en el invernadero. El resto de balas —se supone que dispararon seis en total— pudieron ir a parar hasta a un kilómetro de distancia y nunca se hallaron.
Este jueves es el último día de declaraciones y será el turno de los peritos forenses y de los expertos en criminalística. Después y finalmente, vendrá la declaración del acusado Manuel Alonso, que acude cada día a las vistas por su propio pie, pese a haber sido condenado en 2023 a 24 años de cárcel por encargar el asesinato de su esposa, Lucía Garrido, inmersa sin quererlo en toda esa maraña de narcotráfico y corrupción.
Alonso sigue libre, porque así lo decidió un juez, hasta que su sentencia sea firme, y pese a que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su último recurso contra la condena por el asesinato de su mujer está ahora en el Supremo. Entretanto —y tras ser también condenado por narcotráfico junto al jefe de la Policía Judicial de Málaga, el teniente Valentín Fernández Francisco—, transcurre este otro juicio por el crimen de los dos colombianos que, desvelando una telaraña de corrupción, quedará visto para el veredicto del jurado y posterior sentencia en tres días.
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