La obra pública en España ha sido fundamental para nuestro crecimiento económico. Sin ella, no se habrían podido vehicular inversiones que han transformado nuestro país. Pensemos en carreteras, alta velocidad ferroviaria, puertos, depuradoras, hospitales…Traigo el tema a colación a raíz de los presuntos casos de corrupción asociados a la obra pública, con el propósito de romper una lanza en favor de un sistema de contratación que, no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas , lo que lo convierte en uno de los más avanzados en la materia. Establece exigentes mecanismos de transparencia, control y concurrencia con el objetivo primordial de garantizar los principios de igualdad, libre acceso, publicidad y objetividad, reduciendo así de forma significativa el margen de arbitrariedad o manipulación . Regula de manera detallada y rigurosa cada fase del procedimiento, desde la planificación hasta la ejecución del contrato, y cuenta con importantes herramientas antifraude y de protección del interés público.Cierto es que, en el modelo recogido por las leyes y las normas vigentes en España, el proceso de licitación es complejo: exige una oferta técnica, mal llamada a veces ‘subjetiva’, y una oferta económica. Pero más cierto aún es que en su valoración trabajan decenas de profesionales y funcionarios públicos de manera independiente y rigurosa sobre los que resulta difícil influir. El modelo español huye deliberadamente del modelo de subasta pura (ya se tuvo en el pasado y no funcionó). Por eso en muchas licitaciones no acaba ganando la oferta económica más ventajosa , lo que no implica que la valoración de los criterios técnicos esté necesariamente viciada. De hecho, según datos públicos, apenas en una cuarta parte de las adjudicaciones de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) las ganan las ofertas económicas más baratas, sin incurrir en baja temeraria.También hemos visto como se desconfía de las Uniones Temporales de Empresas (UTE). Sin embargo, lo cierto es que constituye una práctica profesional, legítima, habitual y, en muchas ocasiones, necesaria por las condiciones del mercado. Los datos dicen que, en las licitaciones del Mitma la inmensa mayoría de las adjudicaciones –ocho de cada diez– son concedidas a este tipo de asociaciones empresariales. Y cuando las licitaciones son de carácter territorial, los líderes por cuota de mercado son normalmente las empresas locales . Algo lógico por el conocimiento del mercado local y la siempre necesaria intención de las Administraciones por priorizar el crecimiento del territorio a través de sus propios actores. Quizás deberíamos profundizar más en el conocimiento de cómo funcionan las adjudicaciones tras el sinfín de noticias sobre el tema. Con el clima de opinión que se ha creado puede llegar a parecer que ganar una licitación sea casi un delito. No creo que sea el camino a seguir. Hay infinidad de excelentes empresas, grandes y pequeñas, que necesitamos que sigan apostando por nuestro futuro.Almudena Semur es secretaria general de AESP La obra pública en España ha sido fundamental para nuestro crecimiento económico. Sin ella, no se habrían podido vehicular inversiones que han transformado nuestro país. Pensemos en carreteras, alta velocidad ferroviaria, puertos, depuradoras, hospitales…Traigo el tema a colación a raíz de los presuntos casos de corrupción asociados a la obra pública, con el propósito de romper una lanza en favor de un sistema de contratación que, no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas , lo que lo convierte en uno de los más avanzados en la materia. Establece exigentes mecanismos de transparencia, control y concurrencia con el objetivo primordial de garantizar los principios de igualdad, libre acceso, publicidad y objetividad, reduciendo así de forma significativa el margen de arbitrariedad o manipulación . Regula de manera detallada y rigurosa cada fase del procedimiento, desde la planificación hasta la ejecución del contrato, y cuenta con importantes herramientas antifraude y de protección del interés público.Cierto es que, en el modelo recogido por las leyes y las normas vigentes en España, el proceso de licitación es complejo: exige una oferta técnica, mal llamada a veces ‘subjetiva’, y una oferta económica. Pero más cierto aún es que en su valoración trabajan decenas de profesionales y funcionarios públicos de manera independiente y rigurosa sobre los que resulta difícil influir. El modelo español huye deliberadamente del modelo de subasta pura (ya se tuvo en el pasado y no funcionó). Por eso en muchas licitaciones no acaba ganando la oferta económica más ventajosa , lo que no implica que la valoración de los criterios técnicos esté necesariamente viciada. De hecho, según datos públicos, apenas en una cuarta parte de las adjudicaciones de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) las ganan las ofertas económicas más baratas, sin incurrir en baja temeraria.También hemos visto como se desconfía de las Uniones Temporales de Empresas (UTE). Sin embargo, lo cierto es que constituye una práctica profesional, legítima, habitual y, en muchas ocasiones, necesaria por las condiciones del mercado. Los datos dicen que, en las licitaciones del Mitma la inmensa mayoría de las adjudicaciones –ocho de cada diez– son concedidas a este tipo de asociaciones empresariales. Y cuando las licitaciones son de carácter territorial, los líderes por cuota de mercado son normalmente las empresas locales . Algo lógico por el conocimiento del mercado local y la siempre necesaria intención de las Administraciones por priorizar el crecimiento del territorio a través de sus propios actores. Quizás deberíamos profundizar más en el conocimiento de cómo funcionan las adjudicaciones tras el sinfín de noticias sobre el tema. Con el clima de opinión que se ha creado puede llegar a parecer que ganar una licitación sea casi un delito. No creo que sea el camino a seguir. Hay infinidad de excelentes empresas, grandes y pequeñas, que necesitamos que sigan apostando por nuestro futuro.Almudena Semur es secretaria general de AESP
El sistema de contratación no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas
La obra pública en España ha sido fundamental para nuestro crecimiento económico. Sin ella, no se habrían podido vehicular inversiones que han transformado nuestro país. Pensemos en carreteras, alta velocidad ferroviaria, puertos, depuradoras, hospitales…
Traigo el tema a colación a raíz de los presuntos casos … de corrupción asociados a la obra pública, con el propósito de romper una lanza en favor de un sistema de contratación que, no solo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, sino que además está alineado con las directrices europeas, lo que lo convierte en uno de los más avanzados en la materia. Establece exigentes mecanismos de transparencia, control y concurrencia con el objetivo primordial de garantizar los principios de igualdad, libre acceso, publicidad y objetividad, reduciendo así de forma significativa el margen de arbitrariedad o manipulación. Regula de manera detallada y rigurosa cada fase del procedimiento, desde la planificación hasta la ejecución del contrato, y cuenta con importantes herramientas antifraude y de protección del interés público.
Cierto es que, en el modelo recogido por las leyes y las normas vigentes en España, el proceso de licitación es complejo: exige una oferta técnica, mal llamada a veces ‘subjetiva’, y una oferta económica. Pero más cierto aún es que en su valoración trabajan decenas de profesionales y funcionarios públicos de manera independiente y rigurosa sobre los que resulta difícil influir. El modelo español huye deliberadamente del modelo de subasta pura (ya se tuvo en el pasado y no funcionó). Por eso en muchas licitaciones no acaba ganando la oferta económica más ventajosa, lo que no implica que la valoración de los criterios técnicos esté necesariamente viciada. De hecho, según datos públicos, apenas en una cuarta parte de las adjudicaciones de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) las ganan las ofertas económicas más baratas, sin incurrir en baja temeraria.
También hemos visto como se desconfía de las Uniones Temporales de Empresas (UTE). Sin embargo, lo cierto es que constituye una práctica profesional, legítima, habitual y, en muchas ocasiones, necesaria por las condiciones del mercado. Los datos dicen que, en las licitaciones del Mitma la inmensa mayoría de las adjudicaciones –ocho de cada diez– son concedidas a este tipo de asociaciones empresariales. Y cuando las licitaciones son de carácter territorial, los líderes por cuota de mercado son normalmente las empresas locales. Algo lógico por el conocimiento del mercado local y la siempre necesaria intención de las Administraciones por priorizar el crecimiento del territorio a través de sus propios actores.
Quizás deberíamos profundizar más en el conocimiento de cómo funcionan las adjudicaciones tras el sinfín de noticias sobre el tema. Con el clima de opinión que se ha creado puede llegar a parecer que ganar una licitación sea casi un delito. No creo que sea el camino a seguir. Hay infinidad de excelentes empresas, grandes y pequeñas, que necesitamos que sigan apostando por nuestro futuro.
Almudena Semur es secretaria general de AESP
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