La detención la noche del viernes alrededor de las 02.00 de un menor migrante residente en el centro de acogida de Hortaleza (Madrid) por la violación en el parque de Clara Eugenia, cercano a la institución, de una niña de 14 años, ha desatado un choque social, administrativo, y político en la Comunidad de Madrid. Social: un grupo de encapuchados agredió el domingo por la noche dos residentes de este centro del distrito de Hortaleza, según confirmó este lunes Francisco Martín, delegado del Gobierno. Uno acabó en el hospital. Administrativo: como consecuencia de la detención del viernes, que se produjo tras ser alertada la Policía de los gritos de la víctima, la Comunidad de Madrid ha anunciado que le pedirá al Estado que el presunto autor se sume a la lista de 37 menores migrantes a los que solicita repatriar a su país de origen por “inadaptados”. Y político: el Gobierno central (PSOE y Sumar) y Más Madrid denuncian que el Ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP), juega con fuego al darle aliento a los postulados de Vox en política migratoria.
La detención de un menor migrante por la violación de una niña de 14 años desata un choque político, social y administrativo entre el Gobierno, PP y Vox
La detención el viernes de un menor migrante residente en el centro de acogida de Hortaleza por la violación de una niña de 14 años ha desatado un choque social, administrativo y político en la Comunidad de Madrid. Social: un grupo de encapuchados agredió el domingo por la noche a dos residentes de esta institución, según ha anunciado este lunes Francisco Martín, delegado del Gobierno. Uno acabó en el hospital. Administrativo: como consecuencia de la detención del viernes, la consejera regional de Políticas Sociales, Ana Dávila, ha comunicado que Madrid ya ha solicitado al Estado en lo que va de año la repatriación de 37 migrantes menores a los que considera imposibles de adaptar a la vida en España. Y político: el Gobierno central (PSOE y Sumar) cree que el Ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP), juega con fuego al darle aliento a los postulados de Vox en política migratoria.
“En la ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año, y solo hemos escuchado a algunos interesarse por una”, ha afeado este lunes Francisco Martín, el delegado del Gobierno, durante una rueda de prensa en la que se ha referido así a PP y Vox. “Lamentablemente, lo que sucede es que solamente les interesa la violencia sexual cuando contribuye a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes”, ha añadido. “Es inaceptable. Es muy peligroso criminalizar a colectivos vulnerables”, ha subrayado. Y ha rematado: “Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio, que es lo que lamentablemente hemos podido constatar, porque unos encapuchados asaltaron y golpearon a unos menores en las inmediaciones del centro de Hortaleza”.
Para Martín, el PP sigue la línea marcada por Vox, que ha convertido el centro de acogida de Hortaleza en uno de sus escenarios políticos predilectos. “Esta es la consecuencia de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas”, escribió en X (antiguo Twitter) Santiago Abascal, el líder nacional del partido de extrema derecha. De hecho, a raíz de la violación, la formación ultra ha convocado este martes una concentración ante el centro liderada por su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez-Moñino.
La agresión sucedió el viernes alrededor de las 02.00, según adelantó el digital OkDiario, cuando los gritos de la niña provocaron que los vecinos llamaran a la Policía. Este lunes, un juzgado de Madrid ha acordado, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado del menor detenido como presunto autor de la agresión, según han trasladado a EFE fuentes jurídicas.
Por su parte, el Gobierno regional reaccionó a la noticia de la violación anunciando que el presunto autor, menor migrante residente en este centro de acogida, según el Gobierno regional y el central, se unirá a la lista de 37 cuya repatriación ha sido solicitada en 2025.
“Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones”, escribió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales. “Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes”.
“Adoptaremos las acciones que sean necesarias para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones legales”, avanzó Dávila, reflejando que la política migratoria es ahora mismo motivo de choque continuo entre las dos administraciones.
Porque Madrid ha registrado tres recursos judiciales contra distintos aspectos del reparto de niños migrantes impulsado por el Gobierno ante el colapso del sistema de acogida en Canarias, y advierte de que sus servicios sociales están saturados ante la previsión de que tenga que recibir a más de 600 como consecuencia del acuerdo. También ha solicitado que el Estado se encargue de 50 menores migrantes que piden asilo. Y ahora amplía el número de niños a los que pide devolver a sus países de origen: de los 19 casos que se conocían hasta ahora, a 37.
¿Cómo de excepcionales o frecuentes son esas repatriaciones que reclama Madrid? España ha aprobado repatriar a sus países de origen a 23 niños migrantes desde 2019 y hasta el 2 de abril de 2025, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia.
“En ningún caso la motivación puede ser el castigo”, advierte Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, en referencia a que Madrid centre sus peticiones en niños a los que considera inadaptados. “Nunca”, subraya. “Tampoco se puede usar [el mecanismo de la repatriación] como arma arrojadiza política, o para que nuestro sistema de protección eluda sus responsabilidades”, recalca esta experta en migraciones.
Los casos que ha podido comprobar este diario son el reflejo de situaciones sociales precarias, y de dramas de los que cambian una vida para siempre. Por ejemplo, en Galicia, en 2019, se decidió la repatriación de un bebé cuyos padres fallecieron, y que fue reclamado por su abuela, según explican en la Delegación del Gobierno. En Andalucía, en 2022, deshicieron el camino de ida dos hermanos que aún llevaban pañal: tenían 10 meses y tres años. Y en Castilla y León, en 2024, volvieron a su hogar dos menores, una de 17 años, y un bebé de 11 meses. Eran madre e hijo, y estaban solos en España.
Todas esas casuísticas retratan un sistema aplicado por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (las competentes en la materia) para solucionar situaciones de emergencia, y no para castigar a menores que las administraciones consideren inadaptados. Y esto último, precisamente, parece ser lo que pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid al solicitar la repatriación de 37 menores migrantes, en su mayoría adolescentes.
“En ningún caso se producen expulsiones o devoluciones de menores migrantes”, aclara el director general de la Policía, Francisco Pardo, en una comunicación enviada a EL PAÍS tras una petición de información registrada en aplicación de la ley de transparencia. “Ningún acuerdo bilateral puede obligar a la devolución de los menores extranjeros no acompañados (…) debiendo de tramitarse su retorno por la vía de la repatriación y siempre que quede acreditado que la misma responde al interés superior del menor”, sigue. “Solo existe la figura de la repatriación en referencia a la reagrupación o reunificación de los menores extranjeros con familiares o mediante su puesta a disposición de los servicios de protección del menor de su país de origen”.
La misiva de Interior se remite a las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, que recogen los datos relativos a los expedientes de reagrupación de menores extranjeros no acompañados. Ese balance no coincide con el enviado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a este diario, al ser menor (poco más de una decena de casos desde 2019). Ni el Gobierno central ni la Fiscalía han explicado la razón de esa diferencia. Los datos, en todo caso, de nuevo radiografían que la norma se está empleando para volver a unir a familias, y no para expulsar a adolescentes que cualquier Administración, como la madrileña, considere inadaptados.
Así, por ejemplo, en 2020 se detallan reagrupaciones familiares que afectan a tres menores argelinos de 17, 8 y 5 años, a cinco menores rumanos de 1, 6, 11, 14 y 16 años, acogidos por instituciones de protección de su país; de un menor de 5 años nigeriano reagrupado con su familia en Alemania, y de otro menor de 14 años que fue enviado a este país europeo. También, de un niño que viajó de Toledo a Colombia.
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