Esta no es la primera vez que Ceuta, gobernada desde hace 25 años por el popular Juan Jesús Vivas, pide ayuda al Gobierno central ante la llegada de manera repentina de grandes grupos de inmigrantes adultos o menores de edad. Buena parte de esas crisis han coincidido con un enfriamiento de las relaciones con Rabat, cuando no con enfrentamientos abiertos con Marruecos a cuenta de la política exterior española. La segunda tanda de los acuerdos autonómicos entre el PP y Vox, que ha hecho de la oposición a la acogida de menores migrantes una de sus banderas, impone un nuevo marco a la gestión del problema ante el progresivo endurecimiento del discurso de los populares en materia de inmigración. Lo que sigue es un repaso a las crisis migratorias en Ceuta en el último lustro.
“Soy muy del PP, pero el ministro hizo lo que yo le pedí”, declaró el popular Vivas ante el aluvión de llegadas en 2021
Esta no es la primera vez que Ceuta, gobernada desde hace 25 años por el popular Juan Jesús Vivas, pide ayuda al Gobierno central ante la llegada de manera repentina de grandes grupos de inmigrantes adultos o menores de edad. Buena parte de esas crisis han coincidido con un enfriamiento de las relaciones con Rabat, cuando no con enfrentamientos abiertos con Marruecos a cuenta de la política exterior española. La segunda tanda de los acuerdos autonómicos entre el PP y Vox, que ha hecho de la oposición a la acogida de menores migrantes una de sus banderas, impone un nuevo marco a la gestión del problema ante el progresivo endurecimiento del discurso de los populares en materia de inmigración. Lo que sigue es un repaso a las crisis migratorias en Ceuta en el último lustro.
Mayo de 2021: la venganza de Marruecos
Cerca de 8.000 inmigrantes entraron en Ceuta en apenas dos días en mayo de 2021, una cifra inédita. El origen fueron los rumores desatados en Marruecos sobre la laxitud de la gendarmería del país en la costa. Las fuerzas de seguridad españolas confirmaron la “inusual pasividad” de sus homólogos marroquíes al otro lado de la frontera. Mustafá Ramid, entonces ministro de Estado encargado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento de Marruecos, admitió que su país había respondido de esa manera ante la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, hospitalizado en Logroño enfermo de covid: “¿Qué esperaba España de Marruecos, cuando vio a su vecino albergando a un responsable que tomó las armas contra el reino?”, declaró.
La crisis de 2021 dejó una imagen icónica, la del abrazo de Luna Reyes, voluntaria de la Cruz Roja, a Abdou, uno de los jóvenes inmigrantes llegados a Ceuta. Una cámara de la agencia Reuters grabó toda la secuencia, en la que se ve cómo ella le atiende junto a un militar, ayudándole a incorporarse para expulsar el agua que había tragado. En ese momento, él rompió a llorar, y Luna trató de consolarle. Posteriormente, Marruecos reconoció oficialmente, en un comunicado, que “el fondo de la crisis” obedecía a “segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara” y lo comparaba con el independentismo catalán: “No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino”.
Las autoridades de Rabat bloquearon la devolución de sus nacionales desde la ciudad autónoma. Ceuta se enfrentó al reto de acoger a casi mil menores llegados en los días más tensos de la crisis fronteriza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó la actitud del país vecino: “Es inaceptable que se ataquen las fronteras de España por desavenencias en política exterior”, declaró entonces. También el Parlamento Europeo rechazó que Rabat utilizase a menores no acompañados como método de presión a España. En una resolución aprobada por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones, la Eurocámara censuró “la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración y, en particular, de menores no acompañados como medio para ejercer presión política” poniendo “en peligro evidente” cientos de vidas.
Ante la compleja situación, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP) pidió por carta “socorro” a Pedro Sánchez. La situación, decía, era “absolutamente insostenible”. “Para volver a la normalidad”, declaró posteriormente, “necesitamos que salgan 2.700 personas que entraron”. En agosto de ese año, España y Marruecos acordaron el retorno de más de 700 menores. Pero esas listas de devolución de adolescentes a Marruecos apenas contenían datos básicos de los menores.
En una entrevista a EL PAÍS, mientras dirigentes de su partido reclamaban la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión de la crisis, Vivas declaró: “Yo soy muy del PP, pero represento a todos los ceutíes. Nosotros pedimos al Ministerio del Interior el retorno asistido de los menores porque estábamos desbordados y no puedo echarle la culpa al ministro por hacer lo que yo le pedí“. En septiembre de 2025, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa por la repatriación exprés de 55 menores a Marruecos en 2021. Previamente, el Tribunal Supremo ya había confirmado que las devoluciones de estos menores fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de Extranjería.
En marzo de 2022, el Gobierno de España tomó partido por Marruecos en el conflicto del Sáhara al considerar la propuesta de autonomía de Rabat como “la más seria, realista y creíble”. Sánchez se negó a considerar ese cambio de postura como un giro, pero tras visitar Ceuta, vinculó la nueva relación con Marruecos a un fortalecimiento de la seguridad y el control migratorio.
Agosto de 2024: “No podemos solos”
En agosto de 2024, el Gobierno de Ceuta volvió a pedir ayuda al Ejecutivo central y las comunidades autónomas para que se articulasen mecanismos que permitieran trasladar a los adolescentes llegados a la ciudad a otros puntos de la Península. “No podemos sostener solos esta situación”, declararon entonces las autoridades de la ciudad autónoma.
Un mes antes, Vox había cumplido su amenaza de romper sus pactos de gobierno autonómicos con el PP porque los populares habían aceptado la acogida voluntaria de un mínimo de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias. La segunda tanda de los acuerdos con el partido de extrema derecha que permitieron al partido de Feijóo conservar su poder territorial incluye cláusulas para frenar esa acogida.
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