Es martes, pero la clínica ambulante aprovecha una escuela vacía en la localidad cisjordana de Aktaba para instalarse durante unas horas. Hoy no hay niños porque la asfixia económica de Israel a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la ha obligado a reducir a la mitad el salario y tiempo de trabajo de los funcionarios, como los profesores, así que solo hay tres días de clase presencial por semana. Esa misma guerra silenciosa (Israel se ha quedado desde 2019 con unos 4.000 millones de euros de impuestos y aranceles que recauda en nombre de la ANP y estaría obligado a transferirle) también está impactando, de forma cada vez más peligrosa, en el acceso a la sanidad en Cisjordania. Tanto que esta mañana han acudido 520 personas (más que la media de 350) a la clínica móvil que ha instalado la ONG Médicos por los Derechos Humanos – Israel para compensar la carencia de citas, material y medicamentos en los centros públicos o de la ONU. Algunos logran aquí gratis los medicamentos que les resultan prohibitivos en las farmacias.
La población sufre cada vez más las carencias por la retención de fondos a la Autoridad Palestina, que acumula una deuda millonaria con hospitales y proveedores
Es martes, pero la clínica ambulante aprovecha una escuela vacía en la localidad cisjordana de Aktaba para instalarse durante unas horas. Hoy no hay niños porque la asfixia económica de Israel a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la ha obligado a reducir a la mitad el salario y tiempo de trabajo de los funcionarios, como los profesores, así que solo hay tres días de clase presencial por semana. Esa misma guerra silenciosa (Israel se ha quedado desde 2019 con unos 4.000 millones de euros de impuestos y aranceles que recauda en nombre de la ANP y estaría obligado a transferirle) también está impactando, de forma cada vez más peligrosa, en el acceso a la sanidad en Cisjordania. Tanto que esta mañana han acudido 520 personas (más que la media de 350) a la clínica móvil que ha instalado la ONG Médicos por los Derechos Humanos – Israel para compensar la carencia de citas, material y medicamentos en los centros públicos o de la ONU. Algunos logran aquí gratis los medicamentos que les resultan prohibitivos en las farmacias.
La crisis, opacada por la mayor y más sistemática destrucción de la sanidad en Gaza, se profundiza cada mes que pasa. El Ministerio de Sanidad de la ANP acumula una deuda con farmacéuticas nacionales, importadores y hospitales privados (adonde remite a quienes no da abasto para atender) de 2.600 millones de séqueles (747 millones de euros). Es casi tanto como su presupuesto del año pasado: 2.890 millones de séqueles. El informe de 2025 sobre Palestina de la Organización Mundial de la Salud (parte de la ONU), publicado el pasado abril, cifra en un 63% de los centros de atención primaria que funcionan parcialmente en Cisjordania, muchos de ellos solo un día por semana. Hasta 2023, abrían seis días por semana. Y los hospitales públicos solo están ofreciendo tratamientos para salvar vidas, sin suficiente personal o stock de medicamentos o material desechable, como guantes.
Todas las crisis están conectadas en un territorio donde vivir se hace cada vez más difícil. La ONG ha traído este martes la clínica a la localidad de Aktaba porque absorbe a unos 3.000 desplazados de Nur Shams y Tulkarem, los dos campamentos de refugiados de la cercana ciudad de Tulkarem que el ejército israelí tomó y vació completamente de su población en 2024. La operación militar, extendida también al campamento de Yenín, ha dejado el mayor éxodo forzoso de palestinos en el territorio desde la Guerra de los Seis Días de 1967, con unas 40.000 personas que han quedado sin casas (ni clínicas cerca) de la noche a la mañana. Malviven embutidos en casas de familiares o, en un 80%, acumulando deudas al alquilar casas “que no pueden pagar”, explica el responsable del Comité de Servicios Populares de Tulkarem, Faisal Salame.
Casi todos los que vienen hoy a la clínica vivían en Nur Shams y Tulkarem. El desplazamiento forzoso no les resulta ajeno: crecieron en los campamentos porque sus familias acabaron allí durante la Nakba (la huida o expulsión entre 1947 y 1949 de unos 750.000 palestinos, dos tercios de los que vivían en el actual Israel) y, como descendientes, mantienen el estatus de refugiados. La responsable de proveer educación y sanidad en los campamentos de refugiados es la UNRWA, la agencia de la ONU creada ex profeso para ellos. Ya no puede hacerlo en los hoy deshabitados campamentos, donde puede verse desde fuera cómo el ejército israelí ha ido demoliendo casas para formar avenidas, con la intención de poder circular con blindados y otros vehículos militares en un futuro.
El contexto se convierte en ejemplo en el andar cansado de Bassam Mosleh, que regresa de la clínica con seis de los ocho medicamentos que necesita en una bolsa de plástico. Tiene 70 años, un marcapasos y cuenta que lleva meses sin recibir cuidados, porque la consulta privada del cardiólogo cuesta 250 séqueles (71 euros) y la cirugía que necesita solo pueden hacérsela en Ramala o en la más cercana Nablus, separada por puestos militares de control que pueden alargar el viaje durante horas. “Yo ya me he rendido a la voluntad de Dios”, resume. “Nos hemos convertido en mendigos y no es como nos queremos ver”.
Mohamed Saris, jubilado con psoriasis, hipertensión y una diabetes que le afecta a la visión, ha pasado por los centros médicos públicos y de la UNRWA, pero no quedaban sus medicamentos. “Me paso cada semana y a veces hay, a veces no”. No puede permitirse comprarlos, a unos 160 séqueles, al precio de mercado en una farmacia. La ANP ha tenido que rebajar su pensión a 2.000 séqueles (574 euros) y, al echarle el ejército israelí de su casa en Nur Shams, alquila una por 1.200, así que le quedan 800 para todo lo demás. “Tengo que priorizar comer. Es degradante andar así para alguien que tiene una casa y ha trabajado”, admite.
Basma Yamdat, de 55 años, procede de Nur Shams y habla junto a la clínica con el periodista porque quiere airear su enfado. Ha venido a por medicamentos gratuitos:
— ¿No quedaban en el dispensario del hospital de la ANP?
— Sí, pero es mucho dinero
— Son cinco séqueles [1,4 euros], ¿no?
— Creo que para mí son veinte [5,7 euros]. Nuestra situación es difícil. No hay trabajo dentro [Israel] ni fuera [Cisjordania].
Le cuesta pagarlo por otra medida del Gobierno de Netanyahu que afecta a decenas de miles de familias en Cisjordania. Su hijo, que la acompaña, era uno de los 120.000 palestinos que tenía permiso para entrar a diario a Israel para trabajar como jornalero, generalmente en la construcción, la agricultura o la hostelería. Las autoridades militares mantienen anulados todos esos permisos desde el ataque de Hamás desde Gaza de octubre de 2023. Argumentan que podrían recabar información para organizar atentados, pero sí permiten entrar en cambio a las decenas de miles que trabajan en asentamientos judíos de Cisjordania, polígonos industriales o efectúan tareas consideradas vitales, como preparar comida para los soldados.
La clínica dependiente del Ministerio de Sanidad de la ANP en Aktaba solo cuenta con un médico dos horas a la semana, sufre una grave escasez de medicamentos y ya estaba saturada de antes. Otros desplazados pagan el trayecto en camioneta compartida hasta la ciudad de Tulkarem, donde la UNRWA ha reubicado la clínica de los campamentos hoy invadidos. El incremento de los puestos de control y las barreras al movimiento (sin un patrón ni aviso previo) hace además de cada desplazamiento una odisea que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
Un médico cisjordano desgrana la situación de la sanidad desde su experiencia cotidiana. Hace años, explica, habría hablado con nombre y apellidos, pero hoy prefiere hacerlo desde el anonimato. “Ahora, hasta los médicos podemos ser objetivo de Israel. Mira, si no, al doctor [Hussam] Abu Safiya”, el director de un hospital de Gaza que lleva más de 570 días encarcelado sin cargos en los que ha perdido decenas de kilos y denunciado maltratos.
El médico explica que el Estado les debe el equivalente a 18 meses de salario y no está cubriendo las vacantes que dejan las jubilaciones. Que algunas clínicas solo tienen personal para abrir una vez al mes. Y que faltan medicamentos contra la hipertensión u omeprazol. “Casi se nos ha olvidado cómo es el alopurinol [contra la gota]”, dice.
Con el recorte del 50%, los médicos están cobrando el equivalente a entre 575 euros y 860 euros al mes, en un territorio en el que los alimentos o el transporte cuestan como en España. En mayo, la Asociación Médica Palestina organizo una huelga con el lema: “El salario completo a cambio del trabajo a tiempo completo”. Se extendía a las consultas regulares, dejando fuera urgencias, oncología, nefrología, hematología y atención obstétrica. El parón tenía un problema básico: ponía la presión en la ANP, que no tiene materialmente en su mano resolver el problema, y no sobre su responsable, Israel. “Es verdad, pero sentimos que era la única opción que nos quedaba”, explica el médico. Al final, acabaron poniendo fin a la huelga un mes más tarde, sin resolverse la situación, que no ha hecho más que empeorar.
La enfermera Hala Abu Al Ayuz siente que mucha gente acude a la clínica ambulante porque necesita sentir que “alguien les atiende y escucha”, aunque sea “para escuchar sus quejas” sobre el estado de las cosas.
El cerebro del endurecimiento del cerco económico es Bezalel Smotrich, el ultranacionalista ministro de Finanzas de Benjamín Netanyahu que aspira abiertamente a desmantelar la ANP y anexionarse Cisjordania, que Israel ya ocupa militarmente desde hace más de medio siglo.
Hace dos meses, amplió aún más el mecanismo para quedarse con los fondos que, según los acuerdos de Oslo de 1993, corresponden a la ANP, pero es incapaz de recaudarlos porque no controla puertos, aeropuertos o cruces terrestres. Ha aprobado una ley para quitar un 25% de los pagos que desembolsa a las víctimas israelíes por daños físicos causados por palestinos y del 100% en el caso de propiedades. El Estado israelí empleará así dinero palestino para pagar las indemnizaciones que marca la ley.
Se suma a los 136 millones de euros que ya bloquea por deudas o en represalia por los subsidios que la ANP da a las familias de los miles de palestinos en cárceles israelíes. Netanyahu los llama un “premio por matar judíos” porque llegan también a las de autores de atentados en el marco del conflicto de Oriente Próximo.
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