La condonación de deuda autonómica pactada entre ERC y el Gobierno, que este remitió al Congreso a finales del año pasado para una votación que parece tener ganada después de que en julio la cámara tumbara sendas enmiendas en contra de PP y Vox, tiene un sesgo a favor de Cataluña. No solo porque es la segunda comunidad autónoma (después de Andalucía) que va a ver desaparecer un volumen mayor de pasivo ( 17.100 millones ) -pese a no estar entre las peor tratadas por el sistema de financiación autonómica cuyos perjuicios el Ejecutivo dice querer compensar-, sino también por el efecto que esto tendrá sobre el pago de los intereses devengados por esos préstamos. La autonomía gobernada por Salvador Illa es de lejos la que se expone a pagar una cantidad mayor por intereses de la deuda en los próximos años, según acredita un informe difundido este miércoles por el think tank Fedea. Si el legislativo no aprueba la quita propuesta por el Gobierno, en 2029 la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de 2.968 millones en intereses, según el informe, el doble de lo que pagará la Comunidad de Madrid (1.409 millones) y un 42% más que la Comunidad Valenciana, que es la segunda que más dinero tendrá que destinar a esta obligación. Los datos del informe de Fedea aportan contexto a un ‘perdón’ fiscal que el Gobierno comprometió en principio solo con sus socios catalanes, pero que en febrero del año pasado Hacienda extrapoló al resto de las comunidades de régimen común pese a la oposición unánime de los barones de los territorios gobernados por el PP; con todo, el montante de la asunción por parte del Estado de la deuda autonómica que ha llegado a la Cámara Baja para su votación asciende a 83.000 millones de euros entre las quince CC.AA. Más allá del caso concreto de la quita ‘a la catalana’, el estudio de Fedea advierte de que el creciente endeudamiento de las regiones amenaza con causar un efecto bola de nieve por la vía de los intereses. De tal magnitud que hasta podría anular el efecto positivo de la reducción del déficit y el crecimiento económico previstos en los próximos años, así como obligar a los gobiernos regionales a hacer ajustes y «redirigir recursos desde otras políticas públicas», señalan los redactores del informe. La clave está en el elevado volumen de pasivo existente, que sumaba 341.643 millones de euros en 2025 para las quince comunidades de régimen común tras aumentar en 24.000 millones en apenas tres años en un contexto de subida de tipos por la guerra de Ucrania y la pandemia de Covid-19; la única nota positiva es que la ratio sobre PIB se ha reducido en tres puntos desde 2022 (hasta el 20,2%) gracias al buen ritmo de la economía. Según la proyección de Fedea, en 2029 el endeudamiento bruto habrá escalado hasta los 347.012 millones, aunque la ratio seguirá reduciéndose hasta el 17,1%. Pero el crecimiento del PIB no hará desaparecer las obligaciones financieras de las CC.AA., menos aún en un contexto en el que los tipos apuntan a escalar hasta más allá del 3% de aquí a tres años (el triple que en 2022) por la guerra en Oriente Próximo, que ya obligó al Banco Central Europeo a aplicar una primera subida en el precio del dinero el pasado mes de julio. Desde Fedea advierten de que en el futuro cercano los tipos oficiales no volverán «ni mucho menos» a los valores cercanos al 0% en que estuvieron entre 2016 y 2022.Con estos datos en la mano, desde el ‘think tank’ estiman que el coste en intereses que tendrán que asumir los gobiernos regionales va a aumentar un 53% de aquí a 2029, hasta alcanzar los 11.528 millones de euros anuales (frente a los 7.487 millones que se dedicaron a esta partida en 2025). Si se toma 2022 como año de partida, a su vez, se obtiene que para 2029 el dispendio se habrá incrementado un sensacional 220%. Una previsión «optimista»Cataluña sería la más afectada por este círculo vicioso, entre otras cosas porque a cierre del año pasado era la región con un mayor volumen de deuda, con un total de 90.082 millones. Fedea calcula que al final del período 2022-2029 el gasto anual en intereses que tendrá que asumir la Generalitat habrá aumentado en 1.939 millones, muy por encima de la Comunidad Valenciana , que es la segunda en el ránking con 1.719 millones, o Madrid, que está en la cuarta posición con 648 millones. Cabe un matiz, y es que si el dato se toma en términos proporcionales al tamaño de cada región, las que más habrán visto aumentar sus gastos por este concepto al final del período 2022-2029 serán La Rioja (+804%) y la Comunidad Valenciana (+476%), mientras que el avance en Cataluña quedará en un 188%. Aviso a las CC.AA. Los expertos advierten de que los gobiernos regionales podrían tener que «redirigir recursos desde otras políticas públicas» para enfrentar su endeudamientoLos investigadores de Fedea advierten de que estos son cálculos «optimistas», ya que asumen las previsiones de PIB del Gobierno o que las CC.AA. cerrarán sus cuentas con un déficit del 0,1% del PIB en 2026, saldo equilibrado en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029, en línea con lo que establece una senda de estabilidad que rara vez han cumplido. Fedea también descuenta que los gobiernos autonómicos utilizarán esos eventuales excedentes para la reducción de su pasivo en 3.968 millones y, no menos importante, que habrá una reforma del sistema de financiación autonómica, extremo que se promete difícil después de que durante la última ronda de negociaciones Hacienda se topara con el ‘no’ de todos los gobiernos autonómicos a excepción del catalán; de nuevo, porque la mayoría considera que la propuesta está hecha a medida de la Generalitat. Los expertos advierten de que en este escenario las CC.AA tendrán que reducir gastos, aumentar ingresos o redirigir al pago de intereses recursos que ahora se destinan a otras políticas públicas. Para completar la fotografía, hay que recordar que, además de los costes derivados de la financiación del déficit, el informe también cuenta como pasivo el pago pendiente de los 3.774 millones en liquidaciones negativas aplazadas de 2008 y 2009. Los expertos llevan tiempo avisando de que la propia naturaleza del sistema de liquidación de los tributos estatales cedidos genera más irresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos autonómicos, ya que el Estado adelanta las transferencias a las CC.AA. dos años antes de calcular exactamente si la diferencia entre lo recaudado y lo cobrado se ajusta a la realidad, de modo que las regiones elaboran sus presupuestos sin saber si se les van a reclamar deudas. La condonación de deuda autonómica pactada entre ERC y el Gobierno, que este remitió al Congreso a finales del año pasado para una votación que parece tener ganada después de que en julio la cámara tumbara sendas enmiendas en contra de PP y Vox, tiene un sesgo a favor de Cataluña. No solo porque es la segunda comunidad autónoma (después de Andalucía) que va a ver desaparecer un volumen mayor de pasivo ( 17.100 millones ) -pese a no estar entre las peor tratadas por el sistema de financiación autonómica cuyos perjuicios el Ejecutivo dice querer compensar-, sino también por el efecto que esto tendrá sobre el pago de los intereses devengados por esos préstamos. La autonomía gobernada por Salvador Illa es de lejos la que se expone a pagar una cantidad mayor por intereses de la deuda en los próximos años, según acredita un informe difundido este miércoles por el think tank Fedea. Si el legislativo no aprueba la quita propuesta por el Gobierno, en 2029 la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de 2.968 millones en intereses, según el informe, el doble de lo que pagará la Comunidad de Madrid (1.409 millones) y un 42% más que la Comunidad Valenciana, que es la segunda que más dinero tendrá que destinar a esta obligación. Los datos del informe de Fedea aportan contexto a un ‘perdón’ fiscal que el Gobierno comprometió en principio solo con sus socios catalanes, pero que en febrero del año pasado Hacienda extrapoló al resto de las comunidades de régimen común pese a la oposición unánime de los barones de los territorios gobernados por el PP; con todo, el montante de la asunción por parte del Estado de la deuda autonómica que ha llegado a la Cámara Baja para su votación asciende a 83.000 millones de euros entre las quince CC.AA. Más allá del caso concreto de la quita ‘a la catalana’, el estudio de Fedea advierte de que el creciente endeudamiento de las regiones amenaza con causar un efecto bola de nieve por la vía de los intereses. De tal magnitud que hasta podría anular el efecto positivo de la reducción del déficit y el crecimiento económico previstos en los próximos años, así como obligar a los gobiernos regionales a hacer ajustes y «redirigir recursos desde otras políticas públicas», señalan los redactores del informe. La clave está en el elevado volumen de pasivo existente, que sumaba 341.643 millones de euros en 2025 para las quince comunidades de régimen común tras aumentar en 24.000 millones en apenas tres años en un contexto de subida de tipos por la guerra de Ucrania y la pandemia de Covid-19; la única nota positiva es que la ratio sobre PIB se ha reducido en tres puntos desde 2022 (hasta el 20,2%) gracias al buen ritmo de la economía. Según la proyección de Fedea, en 2029 el endeudamiento bruto habrá escalado hasta los 347.012 millones, aunque la ratio seguirá reduciéndose hasta el 17,1%. Pero el crecimiento del PIB no hará desaparecer las obligaciones financieras de las CC.AA., menos aún en un contexto en el que los tipos apuntan a escalar hasta más allá del 3% de aquí a tres años (el triple que en 2022) por la guerra en Oriente Próximo, que ya obligó al Banco Central Europeo a aplicar una primera subida en el precio del dinero el pasado mes de julio. Desde Fedea advierten de que en el futuro cercano los tipos oficiales no volverán «ni mucho menos» a los valores cercanos al 0% en que estuvieron entre 2016 y 2022.Con estos datos en la mano, desde el ‘think tank’ estiman que el coste en intereses que tendrán que asumir los gobiernos regionales va a aumentar un 53% de aquí a 2029, hasta alcanzar los 11.528 millones de euros anuales (frente a los 7.487 millones que se dedicaron a esta partida en 2025). Si se toma 2022 como año de partida, a su vez, se obtiene que para 2029 el dispendio se habrá incrementado un sensacional 220%. Una previsión «optimista»Cataluña sería la más afectada por este círculo vicioso, entre otras cosas porque a cierre del año pasado era la región con un mayor volumen de deuda, con un total de 90.082 millones. Fedea calcula que al final del período 2022-2029 el gasto anual en intereses que tendrá que asumir la Generalitat habrá aumentado en 1.939 millones, muy por encima de la Comunidad Valenciana , que es la segunda en el ránking con 1.719 millones, o Madrid, que está en la cuarta posición con 648 millones. Cabe un matiz, y es que si el dato se toma en términos proporcionales al tamaño de cada región, las que más habrán visto aumentar sus gastos por este concepto al final del período 2022-2029 serán La Rioja (+804%) y la Comunidad Valenciana (+476%), mientras que el avance en Cataluña quedará en un 188%. Aviso a las CC.AA. Los expertos advierten de que los gobiernos regionales podrían tener que «redirigir recursos desde otras políticas públicas» para enfrentar su endeudamientoLos investigadores de Fedea advierten de que estos son cálculos «optimistas», ya que asumen las previsiones de PIB del Gobierno o que las CC.AA. cerrarán sus cuentas con un déficit del 0,1% del PIB en 2026, saldo equilibrado en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029, en línea con lo que establece una senda de estabilidad que rara vez han cumplido. Fedea también descuenta que los gobiernos autonómicos utilizarán esos eventuales excedentes para la reducción de su pasivo en 3.968 millones y, no menos importante, que habrá una reforma del sistema de financiación autonómica, extremo que se promete difícil después de que durante la última ronda de negociaciones Hacienda se topara con el ‘no’ de todos los gobiernos autonómicos a excepción del catalán; de nuevo, porque la mayoría considera que la propuesta está hecha a medida de la Generalitat. Los expertos advierten de que en este escenario las CC.AA tendrán que reducir gastos, aumentar ingresos o redirigir al pago de intereses recursos que ahora se destinan a otras políticas públicas. Para completar la fotografía, hay que recordar que, además de los costes derivados de la financiación del déficit, el informe también cuenta como pasivo el pago pendiente de los 3.774 millones en liquidaciones negativas aplazadas de 2008 y 2009. Los expertos llevan tiempo avisando de que la propia naturaleza del sistema de liquidación de los tributos estatales cedidos genera más irresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos autonómicos, ya que el Estado adelanta las transferencias a las CC.AA. dos años antes de calcular exactamente si la diferencia entre lo recaudado y lo cobrado se ajusta a la realidad, de modo que las regiones elaboran sus presupuestos sin saber si se les van a reclamar deudas.
Cataluña se postula para ser la región más beneficiada por la condonación de deuda pública que el Gobierno remitió al Congreso a finales del año pasado para su votación, y cuya aprobación parece probable después de que la cámara tumbara sendas enmiendas en contra de … PP y Vox. Hay un sesgo a favor de la región presidida por Salvador Illa, y no solo porque es la segunda que va a ver desaparecer un volumen mayor de pasivo gracias al ‘perdón’ financiero (17.100 millones) -pese a no estar entre las más infrafinanciadas-, también por el efecto que esto tendrá en los intereses por la deuda, pues Cataluña es de lejos la que se expone a pagar una cantidad mayor por este concepto en los próximos años, hasta el punto de que, si no hay quita, en 2029 la Generalitat tendrá que satisfacer 2.968 millones en intereses, el doble que Madrid (1.409 millones) y un 42% más que la Comunidad Valenciana, que es la segunda comunidad que más tendrá que invertir en intereses en los próximos cuatro años.
Así se desprende de un informe publicado hoy por Fedea (el ‘think-tank’ patrocinado por varias empresas del Ibex), uno que da argumentos a los que se oponen a una condonación pactada en 2023 entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y que asciende a más 83.000 millones de euros después de que en febrero del año pasado Hacienda decidiera extrapolarla al resto de las comunidades de régimen común en un contexto de oposición unánime por parte de los barones populares.
Lo cierto es que, sin condonación de la deuda, el pago de intereses avanzará de forma sensacional para todas las CC.AA. en los próximos años, hasta el punto de que puede anular el efecto positivo de la reducción del déficit y el crecimiento económico previstos en los próximos años y obligar a los gobiernos regionales a hacer ajustes y «redirigir recursos desde otras políticas públicas», advierten los redactores del estudio. Para hacer sus cálculos, Fedea se ha basado en el elevado volumen de deuda autonómica existente, que sumaba 341.643 millones de euros en 2025 y apunta a escalar hasta los 347.012 millones en 2029. La única nota positiva es que la ratio sobre PIB se situó en el 20,2% el pasado ejercicio, una reducción de tres puntos desde 2022 que se explica por el crecimiento económico.
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En lo que refiere a deuda bruta, Cataluña también lidera la tabla con 90.082 millones en pasivos en 2025, una cifra que desde Fedea estiman que ascenderá hasta los 91.413 millones en 2029, aunque las previsiones de crecimiento económico en los próximos tres años anticipan que la ratio de la deuda catalana sobre el PIB nacional caerá hasta el 23,7% en 2029 frente al 28,2% registrado al cierre de 2025. Sea como fuere, el problema es que el crecimiento económico no sirve para maquillar los datos brutos de deuda o los intereses a pagar por la misma, que además -apuntan desde Fedea- apuntan a escalar hasta más allá del 3% en 2029 (el triple que en 2022), entre otras cosas por la guerra en Oriente Próximo, que ya obligó al Banco Central Europeo ha aplicar una primera subida de tipos el pasado mes de julio. Desde el ‘think tank’ advierten de que en el futuro cercano los tipos oficiales no volverán «ni mucho menos» a los valores cercanos al 0% en que estuvieron entre 2016 y 2022.
Con estos datos en la mano, desde Fedea estiman que el coste del pago de los intereses por la deuda de las CC.AA. va a aumentar un 53% de aquí a 2029, hasta alcanzar los 11.528 millones de euros anuales (frente a los 7.487 millones dedicados a esta partida en 2025). Si se toma 2022 como año de referencia, a su vez, se obtiene que para 2029 el dispendio se habrá incrementado un sensacional 220%, desde los 3.608 millones de ese año.
Como ya se ha avanzado, en términos brutos Cataluña es la región más afectada por el efecto ‘bola de nieve’ causado por la acumulación de deuda y el empeoramiento de las condiciones financieras, pues desde Fedea estiman que en el período 2022-2029, el gasto anual en intereses asumido por la Generalitat habrá aumentado en 1.939 millones, muy por encima de la Comunidad Valenciana, que es la segunda en el ránking, con 1.719 millones, o Madrid, que está en la cuarta posición con 648 millones. Cabe un matiz, y es que si el dato se toma en términos proporcionales a la riqueza de cada región, las que más habrán visto aumentar sus obligaciones en intereses al final del período 2022-2029 son La Rioja (+804%) y la Comunidad Valenciana (+476%), mientras que el avance en Cataluña queda en un 188%.
Hay que tener en cuenta, además, que Fedea advierte de que estos cálculos son «optimistas», dado que asumen las previsiones de PIB del Gobierno, que las CC.AA. cerrarán sus cuentas con un déficit del 0,1% del PIB para 2026, saldo equilibrado para 2027 y superávit del 0,1% para los años 2028 y 2029, en línea con la última estimación de la AIReF, y que los gobiernos regionales utilizarán estos valores para la reducción de su dpasivo en 3.968 millones. Además, y no menos importante, el estudio da por hecho que habrá una reforma del sistema de financiación autonómica, extremo que se promete difícil después de que durante la última ronda de negociaciones para tratar de llevar una propuesta de reforma al Congreso el Gobierno se topara con el ‘no’ de todos los gobiernos autonómicos a excepción del catalán; de nuevo, porque estos consideran que la propuesta diseñada por Hacienda está hecha a la medida de la Generalitat.
Con estos datos en la mano, Fedea concluye que las CC.AA tendrán que reducir gastos y aumentar ingresos si no quieren verse obligadas a redirigir recursos desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda. Para completar la fotografía, hay que recordar que, además de los gastos derivados de la financiación del déficit, el informe de Fedea también cuenta como pasivo el pago pendiente de los 3.774 millones en liquidaciones negativas aplazadas en 2009. Precisamente, hay que recordar que en numerosas ocasiones Fedea ha advertido que la propia naturaleza del sistema de liquidación de los tributos estatales cedidos genera más irresponsabilidad fiscal por parte de los Gobiernos autonómicos. El Estado adelanta las transferencias a las CC.AA. dos años antes de calcular exactamente si la diferencia entre lo recaudado y lo cobrado se ajusta a la realidad, de modo que las regiones elaboran sus presupuestos sin saber si se les van a reclamar deudas.
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