Se acabó el bloqueo. Las comunidades gobernadas por el PP que el pasado 29 de julio impidieron el reparto de casi 150 millones de euros del Estado para que las universidades públicas pagasen el sueldo de 3.400 profesores han votado este viernes a favor de su entrega en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) celebrada de forma telemática. En julio arguyeron que su prioridad era la gestión de los incendios, que no depende de su departamento salvo en el caso de Murcia, donde Universidades se engloba en la consejería de Medioambiente. Diez autonomías del PP han respaldado el tramite, pero no Baleares por lo que consideran una deficiencia técnica.
A finales de julio, 11 consejerías bloquearon el trámite con el argumento de estar centradas en la gestión de los incendios
A finales de julio, 11 consejerías bloquearon el trámite con el argumento de estar centradas en la gestión de los incendios
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Se acabó el bloqueo. Las comunidades gobernadas por el PP que el pasado 29 de julio impidieron el reparto de casi 150 millones de euros del Estado para que las universidades públicas pagasen el sueldo de 3.400 profesores han votado este viernes a favor de su entrega en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) celebrada de forma telemática. En julio arguyeron que su prioridad era la gestión de los incendios, que no depende de su departamento salvo en el caso de Murcia, donde Universidades se engloba en la consejería de Medioambiente. Diez autonomías del PP han respaldado el tramite, pero no Baleares por lo que consideran una deficiencia técnica.
Por el mismo motivo, estos gobiernos autonómicos forzaron a suspender también ese día de julio la reunión sectorial de educación, en la que se tenía que aprobar la distribución de 31 millones para proyectos de innovación de FP o formación del profesorado y se iba a debatir sobre un plan de inclusión escolar. Sin embargo, la víspera habían celebrado con normalidad la sectorial de transportes.
El reparto de estos 150 millones se enmarca dentro del programa de financiación María Goyri que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades firmó en diciembre de 2024 con cada autonomía. El Estado destinará cerca de 900 millones en seis años a sufragar el sueldo de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor, el escalón más bajo de la pirámide académica. Y las comunidades, por su parte, van a invertir más de 600 millones en pagar el sueldo de otros 2.236 investigadores. Después, los gobiernos regionales se han comprometido a hacer fijos al total de 5.636.
Los 150 millones corresponden a los sueldos de 2026 por lo que las universidades, en su mayoría infrafinanciadas, han adelantado el dinero. La normativa establece que para constituir de forma válida el pleno se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades. Tras la aprobación de la conferencia de política universitaria, llega el turno del Consejo de Ministros y después cada gobierno autonómico transferirá los fondos a cada universidad. El proceso puede llevar semanas.
En 2024 las comunidades del PP se resistieron al pacto María Goyri con la argumentación de que el acuerdo comprometía sus políticas universitarias, pero terminaron no solo aceptando sino aumentando sus contratos de los 800 sueldos de investigadores inicialmente previstos a los más de 2.200. La ministra Diana Morant fue clara: no iba a ceder un ápice, las competencias de universidad están transferidas pero el Estado había decidido actuar ante el descomunal grado de precarización laboral de las universidades públicas, con una tasa media de temporalidad del 49% de los profesores. La Comunidad de Madrid, incluso, se adhirió fuera de plazo, pese a haber acusado al Gobierno central de “extorsión” y “convenio trampa”.
El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, envió una carta a los cuatro consejeros que anunciaron en julio que no asistirían a la conferencia ―el resto dio plantón sin informar antes― recordándoles que el reparto se había aprobado por unanimidad en la comisión delegada, la reunión se podía seguir de forma telemática, tendría una duración de 30 minutos (solo contaba con dos puntos del día) y que el reglamento permite que un alto cargo sustituya al consejero.
La coordinadora de estudiantes no tardó en denunciar en un comunicado la situación: “Si este bloqueo se mantiene, las universidades podrían verse obligadas a asumir con sus propios presupuestos unos costes que corresponden a las comunidades autónomas o, por el contrario, retrasar o paralizar contrataciones imprescindibles para garantizar una docencia de calidad”.
Y a las críticas se sumó la conferencia de rectores (CRUE) en otra nota: “El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas”. En los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, los rectores que se han reunido en su seminario anual por fin respiran. Recuperarán el dinero adelantado y tendrán fondos para pagar los próximos sueldos.
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