Hay personas que trabajan con objetivos a corto plazo, como un cirujano al salvar una vida en el quirófano. Otras lo hacen con la mirada puesta en un horizonte que saben lejano, pero sin por ello detenerse, como quienes trabajan para mejorar la protección de los seres humanos a través de herramientas jurídicas cuya aplicación efectiva puede llevar años. Es el caso de RAGAA, una iniciativa de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) y de la asociación People Help (PH), que buscan impulsar el reconocimiento del apartheid de género como crimen internacional.
La directora ejecutiva de la Fundación Baltasar Garzón impulsa el reconocimiento del apartheid de género como crimen internacional que defiende la ONU, por la exclusión de las mujeres y niñas afganas de la vida pública
Hay personas que trabajan con objetivos a corto plazo, como un cirujano al salvar una vida en el quirófano. Otras lo hacen con la mirada puesta en un horizonte que saben lejano, pero sin por ello detenerse, como quienes trabajan para mejorar la protección de los seres humanos a través de herramientas jurídicas cuya aplicación efectiva puede llevar años. Es el caso de RAGAA, una iniciativa de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) y de la asociación People Help (PH), que buscan impulsar el reconocimiento del apartheid de género como crimen internacional.
Alessia Schiavon, jurista y directora ejecutiva de la fundación, lidera este proyecto y sabe que sus objetivos no darán frutos inmediatamente, pero no por ello cree que sea imposible restituir los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán, donde el régimen talibán volvió al poder hace cinco años, este agosto, y los cercenó drásticamente. “Parece un cuento distópico. Los talibanes están borrando, básicamente, una parte de la sociedad”, afirma durante una entrevista por videollamada este miércoles desde Venecia. “Pero no tenemos que pensar que no se pueda revertir, porque, si no, ya estamos perdiendo”, anima.
Pregunta: ¿A qué se refiere el término apartheid de género en Afganistán?
Respuesta: Es una situación de flagrantes violaciones de derechos humanos basadas en el género que, desde la toma del poder de los talibanes, se está produciendo con una frecuencia y una fuerza cada vez mayores. Si nos atenemos a los hechos, se puede considerar una represión institucionalizada, o política sistemática de exclusión y subordinación, basada en el género.
P. ¿Por qué es necesario su reconocimiento?
R. Ante la situación de Afganistán se han activado algunos mecanismos. Uno de ellos es el Tribunal Penal Internacional, que ha investigado y [cuyos fiscales han] solicitado órdenes de detención por el crimen de persecución de género, pero que no permite cubrir lo que está ocurriendo: la discriminación generalizada, impuesta e institucionalizada por parte de las autoridades. La falta de reconocimiento nos puede llevar a que el crimen se normalice y se limite la lucha contra la impunidad, en particular con respecto a la protección de las mujeres y de las niñas.
La falta de reconocimiento nos puede llevar a que el crimen se normalice y se limite la lucha contra la impunidad
P. ¿Qué tiene que pasar para que se declare el apartheid de género como crimen internacional en Afganistán?
R. Ahora tenemos una ventana de oportunidad, que es el debate en Naciones Unidas sobre la creación de una convención para la persecución y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Y ahí estamos; ojalá se pueda incluir [el apartheid de género] en el catálogo de la nueva convención. Hay países que están de acuerdo con esta inclusión, España entre ellos.
Tenemos una convención para el genocidio, tenemos las Convenciones de Ginebra para los crímenes de guerra, pero no tenemos una convención que establezca obligaciones para los Estados con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Están incluidos en el Estatuto de Roma, pero este solo se refiere a la responsabilidad penal, que es una responsabilidad personal. La convención implicaría obligaciones para los Estados, con lo cual tiene mucha más fuerza.
P. ¿Qué responsabilidades y consecuencias podría afrontar un Estado como Afganistán?
R. Lo que está en juego son obligaciones que asumirían los Estados. Los que lo hayan ratificado —porque, ojo, la convención solo compromete a quien la ratifica— tienen que asumir ese compromiso. Y este es el gran paso: no es solamente redactar un texto, sino lograr que los países se comprometan a tipificar los crímenes en sus leyes, perseguir judicialmente a los responsables o extraditarlos, cooperar entre sí en investigaciones y procesos de extradición, trabajar para prevenir que estos crímenes se repitan y ofrecer apoyo y reparación a las víctimas.
P. Y si Afganistán, o el régimen talibán, no firmase, ¿se le podría penalizar de alguna manera?
R. Mediante la jurisdicción universal. El reconocimiento del apartheid de género como crimen de lesa humanidad por parte de otros Estados abriría la puerta, si se cumplen el resto de los requisitos, a que terceros países apliquen la jurisdicción universal contra responsables talibanes.
P. ¿Qué cambiaría para una mujer afgana en la práctica, en el mejor de los escenarios?
R. Antes de todo, por responsabilidad ética, cuando se trabaja con las víctimas, hay que tener mucho cuidado para no prometer que las cosas puedan ocurrir dentro de muy poco tiempo. Hay que pensar además en la reparación. No solamente en la posibilidad de que esto se pueda aplicar en el futuro; para las mujeres afganas, la reparación es que lo que les ha ocurrido tiene un nombre y hay una herramienta más para que se pueda perseguir.
P. ¿El reconocimiento puede servir también como elemento de disuasión?
R. Sin duda, es un principio esencial del derecho. Reconocer el crimen implica comprometerse con el “nunca más”: evitar que vuelva a repetirse, y ahí es donde entra la prevención. Los Estados deben, ante todo, impedir que el crimen llegue a producirse y, cuando ocurre, corresponde perseguir a los responsables y reparar a las víctimas.
P. ¿Qué elementos permiten demostrar que el sistema impuesto por los talibanes responde a una estrategia deliberada de dominación y no a una interpretación ultraconservadora del islam, como el régimen argumenta?
R. Simplemente, enumerando todas las normas y decretos que han aprobado en los últimos años, que están dirigidos contra unas víctimas determinadas y que afectan a varios aspectos de la vida de las mujeres, desde el acceso a la salud, a la libertad sexual, a la libertad de expresión, a la libertad de poder tener un trabajo… a cualquier derecho. Resulta evidente. No es simplemente una visión conservadora. La interpretación conservadora es una justificación o una visión sociológica, pero otra cosa es un crimen.
No podemos permitir que nuestros representantes se reúnan con los de un país que no solamente permite, sino que viola de forma tan flagrante los derechos humanos
P. ¿Existe el riesgo de que la comunidad internacional esté normalizando, de facto, este sistema de apartheid?
R. Por parte de la comunidad internacional, sí. Y hablamos, además, de un país donde se están produciendo flagrantes violaciones de los derechos humanos contra toda persona, no solo mujeres. Dicho esto, lo que acaba de ocurrir con la Comisión Europea, que se reúna a escondidas con los representantes de un Estado que viola los derechos humanos, no debería ocurrir. No podemos permitir que nuestros representantes se reúnan con los de un país que no solamente permite, sino que viola de forma tan flagrante los derechos humanos, y que lo haga con tal falta de transparencia.
P: ¿La situación de Afganistán todavía puede revertirse o ya estamos ante una sociedad en la que las mujeres quedarán excluidas durante generaciones?
R. Parece un cuento distópico. Están borrando, básicamente, a las mujeres de la sociedad. Pero no tenemos que pensar que no se pueda revertir, porque, si no, ya estamos perdiendo. Siempre hay que pensar que se puede hacer algo, pero se necesita un esfuerzo de las instituciones y los ciudadanos y ciudadanas, y exigir que nuestros representantes se impliquen más en la lucha contra la impunidad, que no haya dobles estándares. Y, en particular, en esta situación, esto es creer en los valores fundamentales. La UE tiene en su Carta todos los derechos reconocidos, unos valores que son los que, además, permiten que uno entre o no. Deberíamos exigir que los que están dentro ahora los respeten.
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