Zahra no era una activista cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, hace cinco años. Sin embargo, esta joven, cuya identidad se oculta con un nombre falso, entonces de 22 años, salió a la calle a manifestarse cuando esos fundamentalistas empezaron a arrebatar a las afganas sus derechos: primero el de la educación; poco después, el del trabajo. Según su relato, en una de las protestas, el 4 de septiembre de 2021, agentes de la inteligencia de los talibanes le pusieron una bolsa negra en la cabeza, la metieron en un coche, se la llevaron a un centro de detención y la tuvieron allí secuestrada tres días. “Le hicieron de todo”, resume contrita las torturas María López, jurista de Netwomening, una asociación de asistencia a las afganas con protección internacional en España.
Las embajadas españolas en Irán y Pakistán deniegan un número creciente de peticiones de víctimas de los talibanes, según varias ONG
Zahra no era una activista cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, hace cinco años. Sin embargo, esta joven, cuya identidad se oculta con un nombre falso, entonces de 22 años, salió a la calle a manifestarse cuando esos fundamentalistas empezaron a arrebatar a las afganas sus derechos: primero el de la educación; poco después, el del trabajo. Según su relato, en una de las protestas, el 4 de septiembre de 2021, agentes de la inteligencia de los talibanes le pusieron una bolsa negra en la cabeza, la metieron en un coche, se la llevaron a un centro de detención y la tuvieron allí secuestrada tres días. “Le hicieron de todo”, resume contrita las torturas María López, jurista de Netwomening, una asociación de asistencia a las afganas con protección internacional en España.
A Zahra la violaron y le saltaron a golpes cuatro dientes centrales. Al volver a casa y relatar lo que le habían hecho, su familia la repudió. La chica huyó después a Pakistán y, en marzo de 2022, presentó una petición de cita para una entrevista con la Embajada de España en Islamabad. Su propósito era solicitar un traslado a territorio español para pedir protección internacional, una posibilidad que recoge la ley española de asilo de 2009.
Tras cuatro años de espera, una demora habitual para las afganas que piden cita en esa Embajada, Zahra acudió el pasado marzo a la legación en Pakistán. Además de relatar la violación, la joven aportó fotografías de su cara sin los cuatro incisivos y un testimonio de una amiga a la que relató en 2021 la agresión sexual. A pesar de ello, se le denegó el traslado.
En la resolución negativa, a la que este diario ha tenido acceso, se alude, por ejemplo, a que no acudiera a un centro de salud tras la agresión, un argumento que obvia la imposibilidad en la práctica —al menos si se quiere seguir con vida— de denunciar una violación de agentes de los talibanes ni de obtener asistencia médica formal para ese delito en Afganistán. El texto ni siquiera menciona la violación y asegura que “la historia relatada por la solicitante no hace alusión a ninguna amenaza o persecución dirigida hacia su persona”. La Embajada asegura que una fotografía aportada por la joven de su cara sin los cuatro incisivos obedece a “un procedimiento dental para obtener carillas”.
Este caso, subraya María López, “es muy grave y paradigmático de la dificultad probatoria y la indefensión de estas afganas”, pero en absoluto constituye una excepción en la tendencia de denegar el traslado a España a víctimas de los talibanes, que varias asociaciones de apoyo a las afganas definen como creciente.
“Ahora mismo”, confirma Queralt Puigoriol, de la ONG Afghan women on the run (Afganas que huyen) las embajadas españolas en Pakistán e Irán “están dando esos traslados con cuentagotas”. Ello a pesar de que el Gobierno español mantiene un discurso de “apoyo continuo” y “firme compromiso (…) con la defensa de los derechos de las mujeres afganas”, subrayaron a este diario fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En 2026, explica López, Netwomening ha recibido ya diez casos de denegaciones de las embajadas españolas citadas a “mujeres que han solicitado visado a España porque su vida corre peligro”. Es una cifra pequeña, pero que es solo la “punta del iceberg”, advierte esta jurista, pues su organización, en la que se trabaja probono (gratis), solo tiene capacidad para asistir a un número reducido de víctimas. Lo mismo sucede con Afghan Women on the run y otra asociación, la ONG Esperanza de Libertad, que corroboran que la mayoría de los casos de visado de afganas de los que tienen conocimiento se están rechazando.
Esas denegaciones son una etapa más de lo que estas asociaciones describen como una “carrera de obstáculos”, que comienza con una petición de cita para una entrevista que se demora años. En Pakistán, hay afganas “que tienen el número [de solicitud] 7.000″, asegura Puigoriol, y el tiempo de espera medio es “de unos tres años”, independientemente de la gravedad del caso.
Cuando las mujeres llegan a esa entrevista en las embajadas, tras años de espera bajo la espada de Damocles de una expulsión a Afganistán —entre 2,6 y 2,8 millones de afganos fueron allí deportados desde Irán y Pakistán en 2025, según la ONU—, esa conversación con los funcionarios se produce a menudo en condiciones que han motivado una queja al Defensor del Pueblo de Netwomening y del Servicio Jesuita a Migrantes.
La queja detalla cómo las entrevistas y las preguntas denotan “un enfoque de sospecha” hacia las afganas, cuya credibilidad se cuestiona de entrada, y que “minimiza situaciones de riesgo” para incidir en aspectos económicos, como si se quisiera presentar a estas mujeres como migrantes económicas.
El texto afirma luego que, en las transcripciones de las entrevistas, las embajadas introducen “apreciaciones subjetivas, valoraciones especulativas y juicios de carácter disciplinario y moralizante que resultan determinantes para la propuesta de denegación”. Por ejemplo, en una de esas denegaciones se censura que la entrevistada interrumpiera a la traductora y al funcionario, como si el estado de nervios de una víctima de violencia o sus “faltas de respeto” —así se definían— anularan su condición de persona perseguida.
Algunas de esas transcripciones a las que tuvo acceso EL PAÍS tienen además en ocasiones un tono que recuerda al de un interrogatorio, con preguntas reiteradas que parecen dirigidas a detectar contradicciones.
En una de ellas, un funcionario de la embajada en Pakistán le pregunta a una afgana por qué no está casada y luego le hace notar que eso ”no es habitual” en Afganistán, como si esa circunstancia fuera de por sí sospechosa. En otra entrevista en la legación de Irán, apenas se pregunta sobre el riesgo que corren a una afgana y su hija que acababan de declarar que los talibanes querían someterlas a ambas a un matrimonio forzado, considerado una forma de esclavitud por las instituciones internacionales.
Este diario preguntó al Ministerio de Exteriores cuántas peticiones de traslado de afganas se han denegado en los últimos cinco años, desglosadas por años.
Fuentes de ese ministerio no contestaron a esa pregunta en su respuesta a este diario. Sí reafirmaron el compromiso del Gobierno con las afganas y aseguraron que las embajadas en Pakistán, Irán y Turquía “han autorizado el traslado a España de hasta 2.000 personas en busca de protección internacional. Más de 700 de ellas son juezas, fiscales, defensoras de los derechos humanos o periodistas”. Asimismo, “España ha concedido hasta 2.719 visados a ciudadanos afganos, de los cuales 1.430 eran para mujeres y niñas desde 2021″.
“Hablamos de mujeres que han conseguido que las embajadas españolas en Irán y Pakistan examinen su expediente tras años de espera”, explica López y que, después, ven cómo se les deniega el traslado. “No estamos pidiendo privilegios, sino que hablamos de la aplicación del derecho con coherencia y garantizando los derechos fundamentales, principalmente a la vida”, recalca esta jurista.
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguró que, dada la persecución que sufren las afganas ―no pueden estudiar, ni apenas trabajar, ni salir a la calle sin un pariente varón y ni siquiera hablar en público― estas tienen derecho a protección internacional, solo por su sexo y nacionalidad. Sin necesidad de demostrar una persecución individual. En sentencias posteriores, la Audiencia Nacional ha dictaminado que, en aplicación de esa sentencia europea, las afganas tienen derecho al traslado a España.
La realidad es que a esas mujeres no solo se les exige que demuestren ese riesgo individual sino que las denegaciones de los traslados se justifican muchas veces con lo que Inma Orquín, de Esperanza de Libertad, llama “peticiones imposibles”. Por ejemplo, un certificado que demuestre la estancia en prisión o un parte médico de una violación.
Un documento de la Abogacía del Estado al que tuvo acceso este diario eleva a 16.000 las afganas que han pedido cita en la Embajada de España en Pakistán.
El periplo que muchas afganas transitan para venir a España y que las “revictimiza” (es decir, reviven su trauma), destaca López, concluye muchas veces con la denegación del traslado. Otras, la mujer recurre la resolución con apoyo de ONG. Primero por vía administrativa y, si la embajada no contesta o rechaza la reclamación, con un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.
Así fue en el caso de Zahra, la joven violada, que presentó con ayuda de People Help un recurso administrativo, que acaban de denegar. El siguiente paso será la Audiencia Nacional, en la que Netwomening, con apoyo de despachos de abogados que colaboran gratis con esta ONG, presentará un recurso contencioso-administrativo. Como suele suceder, apunta López, es probable que la Abogacía del Estado, que representa a las autoridades y defiende el criterio de las embajadas, se oponga al traslado.
Las fuentes de Exteriores no contestaron a la pregunta de cómo se concilia esa oposición a los traslados de la Abogacía del Estado con el apoyo expresado por el Gobierno a las afganas en instancias internacionales. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, donde España presentó una petición en 2024 para que se examinarán los crímenes de los talibanes desde 2021.
Ni siquiera cuando la Audiencia Nacional ordena que se revoque la denegación del traslado y se emita a la afgana el visado, esa resolución se cumple siempre de forma inmediata. El pasado 2 de junio, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo presentado en nombre de cuatro hermanas afganas, que habían pedido en vano una cita a la Embajada en Pakistán en 2022. Una era periodista, otras dos, incluida una menor, futbolistas y la cuarta trabajaba para ONG extranjeras, profesiones todas de riesgo para las mujeres en Afganistán.
La Audiencia ordenó a la legación en Islamabad que les expidiera los visados. Más de dos meses después, esa Embajada aún no ha cumplido esa resolución, lamenta María López.
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