Aliança Catalana ha asegurado este martes que votó “por error” en el mismo sentido que Vox y el PP a favor de reconsiderar las amonestaciones impuestas al portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga. Una de ellas tiene su origen en los carteles que la formación colgó en la Cámara calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat Lluís Companys. Antes de que Aliança rectificara públicamente, el propio Garriga había agradecido en rueda de prensa el respaldo recibido de la formación independentista y del PP.
El portavoz Joan Garriga había agradecido públicamente a la formación independentista su apoyo en la Junta de Portavoces
El portavoz Joan Garriga había agradecido públicamente a la formación independentista su apoyo en la Junta de Portavoces


Aliança Catalana ha asegurado este martes que votó “por error” en el mismo sentido que Vox y el PP a favor de reconsiderar las amonestaciones impuestas al portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga. Una de ellas tiene su origen en los carteles que la formación colgó en la Cámara calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat Lluís Companys. Antes de que Aliança rectificara públicamente, el propio Garriga había agradecido en rueda de prensa el respaldo recibido de la formación independentista y del PP.
La diputada de Aliança Rosa Maria Soberana, que representaba al grupo en la Junta de Portavoces, ha asegurado posteriormente que se había equivocado en el sentido del voto sobre la sanción relacionada con Companys. “Aliança Catalana no está a favor de retirarla y condena los ignominiosos carteles contra el presidente Companys”, ha escrito en X. En un escrito ante la Mesa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Soberana sostiene que el voto emitido “no se corresponde con el posicionamiento” de Aliança y precisa que su grupo “no es favorable a retirar la sanción derivada de los carteles de Vox contra la figura del presidente Lluís Companys”. En el escrito pide que conste oficialmente que la posición de Aliança respecto al expediente es “contraria a la retirada de la sanción”.
Fuentes de ERC, sin embargo, sostienen que Soberana defendió verbalmente durante la reunión la retirada de la amonestación amparándose en la libertad de expresión; y la CUP ha acusado a la formación islamófoba de “legitimar la persecución españolista contra el honor de Companys”. Fuentes de Aliança responden que Soberana no se refería al caso de Vox, sino que hacía referencia a la multa impuesta a Sílvia Orriols de 10.001 euros por unas declaraciones donde relacionaba el islam con las violaciones en grupo, anulada recientemente por un juzgado de Girona.
La Junta de Portavoces abordaba este martes las peticiones presentadas por Vox para que la Mesa reconsidere las dos amonestaciones públicas que impuso a Garriga el pasado julio. Una corresponde al episodio de los carteles contra Companys y la otra a una intervención en un pleno de mayo de 2025 en la que el portavoz de Vox acusó a los socialistas de “gastarse el dinero en drogas y putas”. PP y Aliança Catalana apoyaron las solicitudes de reconsideración de Vox, y ahora corresponde a la propia Mesa una resolución definitiva.
El expediente de Companys se remonta a octubre de 2025. Durante el homenaje institucional al expresidente de la Generalitat, Vox colgó en las ventanas de sus dependencias del Parlament carteles con el mensaje “Companys asesino”. ERC y la CUP llevaron el episodio ante la Mesa y el caso acabó en la Comisión del Estatuto de los Diputados. La comisión examinó dos expedientes contra Garriga: el de los carteles y el correspondiente a las palabras sobre los socialistas, y concluyó que había incurrido en infracciones leves del Código de Conducta.
A partir de ese dictamen, la Mesa acordó el 28 de julio imponer dos amonestaciones públicas a Garriga, una por cada expediente, por vulnerar el artículo 7 del Código de Conducta. Ese precepto exige a los diputados mantener una conducta respetuosa y utilizar un lenguaje adecuado. En aquella misma reunión, la Mesa impuso también una amonestación pública a Sílvia Orriols por sus manifestaciones contra la diputada de ERC Najat Driouech.
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