Alquiler Seguro acusa al Gobierno de montar un caso con «pruebas ilícitas» y acudirá a los tribunales

La guerra entre el Ministerio de Consumo y Alquiler Seguro por las supuestas «prácticas abusivas» de esta firma de gestión de arrendamientos, que motivaron una sanción de 3,6 millones de euros , está muy lejos de haber terminado. Apenas veinticuatro horas después de que el departamento que dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- finiquitara la parte administrativa del procedimiento con el rechazo del recurso de alzada que había presentado la empresa, esta ha anunciado que llevará el caso a los tribunales con un recurso que promete ser una enmienda a la totalidad del expediente, ya que acusan al Gobierno de conseguir pruebas mediante denuncias sin contrastar y una grabación encubierta , entre otras evidencias «ilícitas». Así lo han afirmado hoy los responsables de la compañía en una rueda de prensa en la que han descargado toda la artillería contra el ministro, al que exigen una rectificación pública por lo que consideran un «atropello jurídico» , ha denunciado su portavoz legal, Carlos Sánchez. Para explicar el caso hay que empezar por definir esas supuestas «prácticas abusivas» de Alquiler Seguro, que podrían resumirse en la imposición a sus clientes de una serie de productos no necesariamente deseados, como seguros y -sobre todo- un servicio de atención a la clientela (el llamado SAI) sobre el que el inquilino no tendría derecho a desistimiento y que cubriría gastos que según la Ley de Vivienda de 2023 deben ser gratuitos; concretamente, la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato. Noticia relacionada general No No «Agradecemos su colaboración» Consumo invita en su carta a los fondos a prorrogar el alquiler sin que lo pida el inquilino Antonio Ramírez CerezoEl quid de la cuestión está en que la firma niega que el SAI sea una argucia para cobrar por la gestión del arrendamiento y vulnerar la Ley de Vivienda; según Alquiler Seguro, no puede serlo porque ya existía antes de que entrara en vigor esa norma -desde 2010- y porque consiste en servicios voluntarios como mudanzas, gestión de incidencias -por ejemplo, incendios-, ventajas y descuentos en plataformas de ‘streaming’, asesoramiento jurídico, seguros, gestión de suministros y, lo más importante, protección frente a impagos. Con todo, y ahí radica una de las claves, la empresa niega ser una agencia inmobiliaria, a pesar de que Bustinduy sí se refiere a ellos como tal. La llamada «encubierta» Aseguran que el Ministerio contactó a un comercial haciéndose pasar por un cliente y trató de «inducir» la respuesta, que se añadió al expediente sin contextoSobre esto, el responsable jurídico de la compañía ha recordado que en 2024 gestionaron más de 42.000 incidencias como las ya descritas -y que la mayoría de inmobiliarias no cubren- y que desde 2023 hasta 267 inquilinos han rechazado el SAI (sobre un total de más de 26.000 clientes). También niegan que los seguros sean obligatorios, pues 4.000 de los 26.730 inmuebles que gestionan no cuentan con uno, aseguran. Para reforzar estas tesis, además, Alquiler Seguro cuenta con cuatro sentencias a su favor «por los mismos conceptos» que ahora son objeto de sanción, ha afirmado su presidente, Antonio Carroza. Dicen que Consumo vulneró la ConstituciónComo ya se ha avanzado, lo más grave de todo lo que se ha dicho esta mañana en la rueda de prensa no refiere a las supuestas «prácticas abusivas» en sí mismas sino al procedimiento administrativo, pues desde Alquiler Seguro afirman que todo el caso se construyó a partir de unas denuncias que «ni siquiera es posible comprobar» si se corresponden a clientes de la empresa ya que el Gobierno no ha facilitado esa información, además de cuatro quejas en la página web de la OCU , una de las cuales no correspondía a un cliente, denuncian. A esto se une una «llamada encubierta» -ha afirmado Carlos Sánchez- a un comercial de Alquiler Seguro por parte de un instructor que se hizo pasar por una potencial arrendataria bajo una identidad falsa, un hecho que según los denunciados vulnera el Artículo 24 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva- y choca con sentencias previas del Tribunal Supremo. Además, los portavoces han asegurado que en esa conversación el agente «trató de inducir una respuesta predeterminada que respalde su tesis» y que luego fue incorporada al expediente omitiendo declaraciones de contexto que no iban en la línea de lo que quería el equipo de Bustinduy. La guerra entre el Ministerio de Consumo y Alquiler Seguro por las supuestas «prácticas abusivas» de esta firma de gestión de arrendamientos, que motivaron una sanción de 3,6 millones de euros , está muy lejos de haber terminado. Apenas veinticuatro horas después de que el departamento que dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- finiquitara la parte administrativa del procedimiento con el rechazo del recurso de alzada que había presentado la empresa, esta ha anunciado que llevará el caso a los tribunales con un recurso que promete ser una enmienda a la totalidad del expediente, ya que acusan al Gobierno de conseguir pruebas mediante denuncias sin contrastar y una grabación encubierta , entre otras evidencias «ilícitas». Así lo han afirmado hoy los responsables de la compañía en una rueda de prensa en la que han descargado toda la artillería contra el ministro, al que exigen una rectificación pública por lo que consideran un «atropello jurídico» , ha denunciado su portavoz legal, Carlos Sánchez. Para explicar el caso hay que empezar por definir esas supuestas «prácticas abusivas» de Alquiler Seguro, que podrían resumirse en la imposición a sus clientes de una serie de productos no necesariamente deseados, como seguros y -sobre todo- un servicio de atención a la clientela (el llamado SAI) sobre el que el inquilino no tendría derecho a desistimiento y que cubriría gastos que según la Ley de Vivienda de 2023 deben ser gratuitos; concretamente, la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato. Noticia relacionada general No No «Agradecemos su colaboración» Consumo invita en su carta a los fondos a prorrogar el alquiler sin que lo pida el inquilino Antonio Ramírez CerezoEl quid de la cuestión está en que la firma niega que el SAI sea una argucia para cobrar por la gestión del arrendamiento y vulnerar la Ley de Vivienda; según Alquiler Seguro, no puede serlo porque ya existía antes de que entrara en vigor esa norma -desde 2010- y porque consiste en servicios voluntarios como mudanzas, gestión de incidencias -por ejemplo, incendios-, ventajas y descuentos en plataformas de ‘streaming’, asesoramiento jurídico, seguros, gestión de suministros y, lo más importante, protección frente a impagos. Con todo, y ahí radica una de las claves, la empresa niega ser una agencia inmobiliaria, a pesar de que Bustinduy sí se refiere a ellos como tal. La llamada «encubierta» Aseguran que el Ministerio contactó a un comercial haciéndose pasar por un cliente y trató de «inducir» la respuesta, que se añadió al expediente sin contextoSobre esto, el responsable jurídico de la compañía ha recordado que en 2024 gestionaron más de 42.000 incidencias como las ya descritas -y que la mayoría de inmobiliarias no cubren- y que desde 2023 hasta 267 inquilinos han rechazado el SAI (sobre un total de más de 26.000 clientes). También niegan que los seguros sean obligatorios, pues 4.000 de los 26.730 inmuebles que gestionan no cuentan con uno, aseguran. Para reforzar estas tesis, además, Alquiler Seguro cuenta con cuatro sentencias a su favor «por los mismos conceptos» que ahora son objeto de sanción, ha afirmado su presidente, Antonio Carroza. Dicen que Consumo vulneró la ConstituciónComo ya se ha avanzado, lo más grave de todo lo que se ha dicho esta mañana en la rueda de prensa no refiere a las supuestas «prácticas abusivas» en sí mismas sino al procedimiento administrativo, pues desde Alquiler Seguro afirman que todo el caso se construyó a partir de unas denuncias que «ni siquiera es posible comprobar» si se corresponden a clientes de la empresa ya que el Gobierno no ha facilitado esa información, además de cuatro quejas en la página web de la OCU , una de las cuales no correspondía a un cliente, denuncian. A esto se une una «llamada encubierta» -ha afirmado Carlos Sánchez- a un comercial de Alquiler Seguro por parte de un instructor que se hizo pasar por una potencial arrendataria bajo una identidad falsa, un hecho que según los denunciados vulnera el Artículo 24 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva- y choca con sentencias previas del Tribunal Supremo. Además, los portavoces han asegurado que en esa conversación el agente «trató de inducir una respuesta predeterminada que respalde su tesis» y que luego fue incorporada al expediente omitiendo declaraciones de contexto que no iban en la línea de lo que quería el equipo de Bustinduy.  

La guerra entre el Ministerio de Consumo y la firma de gestión de arrendamientos Alquiler Seguro por las supuestas «prácticas abusivas» de esta firma, que derivaron en una sanción de 3,6 millones de euros, está muy lejos de haber terminado. Apenas veinticuatro horas después … de que el departamento que dirige Pablo Bustinduy -de la parte de Sumar del Gobierno- finiquitara la parte administrativa del procedimiento con el rechazo del recurso de alzada que había presentado la empresa, esta ha anunciado que llevará el caso a los tribunales con un recurso que es una enmienda a la totalidad del expediente, ya que acusan al Gobierno de conseguir pruebas mediante grabaciones encubiertas y denuncias sin contrastar, entre otras pruebas «ilícitas».

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