Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha valorado como “un avance” la propuesta de crear un centro público para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la región, pero advierte de que esta medida, sumada a los dos centros privados concertados existentes, “no garantizará por sí solo el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad y proximidad geográfica”.
La organización considera que el anuncio realizado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, “debe traducirse en una red pública accesible en todas las provincias y áreas sanitarias de Castilla-La Mancha, con recursos suficientes y garantías reales de atención cercana”. En una nota de prensa, Amnistía Internacional subraya que “el acceso al aborto es un derecho humano y no puede depender del lugar de residencia ni obligar a las mujeres a recorrer largas distancias para ejercerlo”.
Castilla-La Mancha, según la organización, sigue siendo una de las comunidades autónomas “con mayores barreras de acceso al aborto dentro de la sanidad pública”. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la región en 2024 se realizaron en clínicas privadas.
Además, Amnistía Internacional señala que “alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha en los últimos 15 años se han visto obligadas a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para poder ejercer este derecho”.
La situación contrasta con otras comunidades como Galicia, donde 21 centros públicos y 2 concertados realizaron IVEs en 2024, o Cataluña, con 69 centros públicos y 14 concertados. Amnistía Internacional insiste en que habilitar un único centro público no resolverá “las graves desigualdades territoriales existentes”. Actualmente, “muchas mujeres y personas gestantes continúan viéndose obligadas a desplazarse cientos de kilómetros, a otras provincias e incluso a otras comunidades autónomas, para poder acceder a esta prestación sanitaria”.
La organización considera que esta situación “supone una vulneración del principio de proximidad geográfica recogido en la legislación y genera obstáculos especialmente graves para mujeres jóvenes, con menos recursos económicos, migrantes sin redes de apoyo o residentes en entornos rurales”. Además, advierte de que no se garantizaría un “reparto geográfico adecuado”, como exige la reforma de 2023, en una comunidad extensa, rural y dispersa territorialmente.
En relación con la transparencia, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, junto a otros colectivos, recibió recientemente respuesta del Sescam a una solicitud de información presentada a través del Portal de Transparencia. En dicha resolución, el Servicio de Salud “evita” facilitar el número de profesionales objetores de conciencia registrados en Castilla-La Mancha, alegando la confidencialidad del registro, pese a que la solicitud no pedía datos personales sino únicamente cifras globales.
La organización considera que esta información “resulta especialmente relevante dado que el Gobierno regional ha venido justificando durante años la ausencia de IVEs en hospitales públicos afirmando que existía objeción de conciencia generalizada entre los profesionales sanitarios”.
Por otro lado, el Sescam tampoco concreta medidas, centros de referencia ni calendarios específicos para implantar la prestación en la red pública, limitándose a señalar que “continúa desarrollando actuaciones organizativas y de planificación necesarias” y que actualmente la prestación “se realiza a través de centros concertados”.
Amnistía Internacional afirma que “lleva años denunciando esta situación” y reclamando a la Junta de Comunidades que garantice el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente tras la reforma de 2023, que obliga a las administraciones sanitarias a asegurar esta prestación dentro de la red pública.
“Este trabajo se ha desarrollado en alianza con otros colectivos feministas, organizaciones sociales y sindicales comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Castilla-La Mancha, que vienen alertando desde hace años de las desigualdades territoriales y de los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para acceder a esta prestación sanitaria en condiciones dignas”, concluye la organización.
La organización reclama una red pública accesible en todas las provincias y denuncia que la mayoría de mujeres deben desplazarse fuera de la región para ejercer su derecho
Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha valorado como “un avance” la propuesta de crear un centro público para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la región, pero advierte de que esta medida, sumada a los dos centros privados concertados existentes, “no garantizará por sí solo el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad y proximidad geográfica”.
La organización considera que el anuncio realizado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, “debe traducirse en una red pública accesible en todas las provincias y áreas sanitarias de Castilla-La Mancha, con recursos suficientes y garantías reales de atención cercana”. En una nota de prensa, Amnistía Internacional subraya que “el acceso al aborto es un derecho humano y no puede depender del lugar de residencia ni obligar a las mujeres a recorrer largas distancias para ejercerlo”.
Castilla-La Mancha, según la organización, sigue siendo una de las comunidades autónomas “con mayores barreras de acceso al aborto dentro de la sanidad pública”. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad indican que el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la región en 2024 se realizaron en clínicas privadas.
Además, Amnistía Internacional señala que “alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha en los últimos 15 años se han visto obligadas a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para poder ejercer este derecho”.
La situación contrasta con otras comunidades como Galicia, donde 21 centros públicos y 2 concertados realizaron IVEs en 2024, o Cataluña, con 69 centros públicos y 14 concertados. Amnistía Internacional insiste en que habilitar un único centro público no resolverá “las graves desigualdades territoriales existentes”. Actualmente, “muchas mujeres y personas gestantes continúan viéndose obligadas a desplazarse cientos de kilómetros, a otras provincias e incluso a otras comunidades autónomas, para poder acceder a esta prestación sanitaria”.
La organización considera que esta situación “supone una vulneración del principio de proximidad geográfica recogido en la legislación y genera obstáculos especialmente graves para mujeres jóvenes, con menos recursos económicos, migrantes sin redes de apoyo o residentes en entornos rurales”. Además, advierte de que no se garantizaría un “reparto geográfico adecuado”, como exige la reforma de 2023, en una comunidad extensa, rural y dispersa territorialmente.
En relación con la transparencia, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, junto a otros colectivos, recibió recientemente respuesta del Sescam a una solicitud de información presentada a través del Portal de Transparencia. En dicha resolución, el Servicio de Salud “evita” facilitar el número de profesionales objetores de conciencia registrados en Castilla-La Mancha, alegando la confidencialidad del registro, pese a que la solicitud no pedía datos personales sino únicamente cifras globales.
La organización considera que esta información “resulta especialmente relevante dado que el Gobierno regional ha venido justificando durante años la ausencia de IVEs en hospitales públicos afirmando que existía objeción de conciencia generalizada entre los profesionales sanitarios”.
Por otro lado, el Sescam tampoco concreta medidas, centros de referencia ni calendarios específicos para implantar la prestación en la red pública, limitándose a señalar que “continúa desarrollando actuaciones organizativas y de planificación necesarias” y que actualmente la prestación “se realiza a través de centros concertados”.
Amnistía Internacional afirma que “lleva años denunciando esta situación” y reclamando a la Junta de Comunidades que garantice el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente tras la reforma de 2023, que obliga a las administraciones sanitarias a asegurar esta prestación dentro de la red pública.
“Este trabajo se ha desarrollado en alianza con otros colectivos feministas, organizaciones sociales y sindicales comprometidas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Castilla-La Mancha, que vienen alertando desde hace años de las desigualdades territoriales y de los obstáculos que enfrentan muchas mujeres para acceder a esta prestación sanitaria en condiciones dignas”, concluye la organización.
Castilla-La Mancha – enTomelloso.com
