La futura ley de vivienda de Castilla-La Mancha está a un paso de su aprobación parlamentaria. La Comisión de las Cortes regionales ha dado luz verde al dictamen de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, que ahora deberá debatirse y votarse en el pleno.
La iniciativa plantea cambios que podrían afectar a la construcción de viviendas en ciudades y pueblos de la región, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de suelo, el aprovechamiento de edificios públicos y la promoción de viviendas protegidas.
Durante la tramitación en comisión se han aprobado 13 enmiendas del PSOE, mientras que han sido rechazadas las 58 del PP y las 50 de Vox.
El diputado socialista Álvaro Toconar será el encargado de defender el dictamen ante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Edificios públicos vacíos que podrían convertirse en viviendas
Una de las medidas más relevantes para los ciudadanos es la posibilidad de destinar inmuebles de la Junta de Comunidades que actualmente están en desuso a viviendas de protección pública, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La propuesta también contempla facilitar la transformación de determinados terrenos en municipios rurales mediante un plan especial que permita pasar de suelo rústico a urbanizable.
El objetivo es aumentar las posibilidades de construir viviendas en localidades donde la disponibilidad de suelo o los trámites urbanísticos pueden dificultar nuevos proyectos.
No obstante, estas actuaciones dependerán de las condiciones previstas en la futura ley y de su aplicación en cada municipio.
Suelo público más barato para construir vivienda protegida
Otra de las novedades es que los ayuntamientos podrán licitar suelo público destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección a un precio equivalente al 50 % del valor de mercado, según ha explicado el diputado socialista.
La norma también plantea permitir una mayor construcción en determinados terrenos que ya hayan superado la evaluación ambiental.
Además, contempla ayudas para empresas y promotores que construyan vivienda protegida. Toconar ha justificado esta medida por el encarecimiento de los costes de construcción, que, según ha señalado, han aumentado un 40 % en los últimos cuatro años.
Para los vecinos, estas medidas podrían traducirse en nuevas promociones de vivienda protegida, aunque la ley no concreta en la información difundida cuántas viviendas se construirán, en qué municipios ni cuándo estarán disponibles.
Más facilidades para los ayuntamientos
La propuesta incluye otra medida dirigida especialmente a los municipios que tienen dificultades para elaborar o actualizar sus planes urbanísticos.
La Junta podrá conceder ayudas en especie para colaborar directamente en la redacción del planeamiento municipal.
Esta posibilidad puede resultar relevante para pequeños ayuntamientos con menos recursos técnicos, ya que la planificación urbanística condiciona dónde y cómo se puede construir.
El PP advierte de posibles problemas legales
El Partido Popular ha expresado sus dudas sobre la seguridad jurídica de la futura norma.
Su diputado Nacho Redondo ha señalado que algunos aspectos podrían entrar en conflicto con la legislación estatal o autonómica y acabar siendo recurridos ante los tribunales.
«No trato de venir aquí a decir que la ley es nula, sino que hay aspectos de esta proposición que si no se corrigen podrán acabar discutiéndose en los tribunales», ha advertido.
Entre las cuestiones que critica figuran el aumento de la edificabilidad, los cambios de usos urbanísticos y la posible reducción de determinados trámites de información pública a diez días, cuando, según el PP, la normativa estatal exige un mínimo de veinte.
Los populares también habían planteado reducir del 9 % al 6 % el tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas aplicable a inmuebles.
Otra de sus propuestas buscaba permitir la revisión de adjudicaciones de viviendas públicas concedidas para cubrir necesidades temporales, cuando desaparecieran las circunstancias que justificaron su asignación.
Estas enmiendas han sido rechazadas durante la tramitación en comisión.
Vox proponía exigir años de empadronamiento para acceder a vivienda pública
Vox también ha visto rechazadas sus 50 enmiendas.
Entre sus propuestas figuraba introducir requisitos de arraigo para acceder a viviendas públicas, mediante un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para viviendas en alquiler y diez años para viviendas en compra, dentro de los criterios de baremación.
La formación también defendía establecer planes periódicos de inspección del parque público de vivienda y garantizar información y asesoramiento jurídico a propietarios afectados por situaciones de ocupación ilegal.
Su diputado Francisco Cobo ha criticado las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y ha cuestionado las políticas desarrolladas hasta ahora.
¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?
Aunque la ley ha superado un paso importante, todavía no está aprobada definitivamente ni ha entrado en vigor.
El siguiente trámite será su debate y votación en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Si finalmente se aprueba, habrá que conocer el texto definitivo y las condiciones concretas de aplicación de cada medida.
La norma supera su tramitación en comisión y queda pendiente del pleno de las Cortes
La futura ley de vivienda de Castilla-La Mancha está a un paso de su aprobación parlamentaria. La Comisión de las Cortes regionales ha dado luz verde al dictamen de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, que ahora deberá debatirse y votarse en el pleno.
La iniciativa plantea cambios que podrían afectar a la construcción de viviendas en ciudades y pueblos de la región, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de suelo, el aprovechamiento de edificios públicos y la promoción de viviendas protegidas.
Durante la tramitación en comisión se han aprobado 13 enmiendas del PSOE, mientras que han sido rechazadas las 58 del PP y las 50 de Vox.
El diputado socialista Álvaro Toconar será el encargado de defender el dictamen ante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Edificios públicos vacíos que podrían convertirse en viviendas
Una de las medidas más relevantes para los ciudadanos es la posibilidad de destinar inmuebles de la Junta de Comunidades que actualmente están en desuso a viviendas de protección pública, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La propuesta también contempla facilitar la transformación de determinados terrenos en municipios rurales mediante un plan especial que permita pasar de suelo rústico a urbanizable.
El objetivo es aumentar las posibilidades de construir viviendas en localidades donde la disponibilidad de suelo o los trámites urbanísticos pueden dificultar nuevos proyectos.
No obstante, estas actuaciones dependerán de las condiciones previstas en la futura ley y de su aplicación en cada municipio.
Suelo público más barato para construir vivienda protegida
Otra de las novedades es que los ayuntamientos podrán licitar suelo público destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección a un precio equivalente al 50 % del valor de mercado, según ha explicado el diputado socialista.
La norma también plantea permitir una mayor construcción en determinados terrenos que ya hayan superado la evaluación ambiental.
Además, contempla ayudas para empresas y promotores que construyan vivienda protegida. Toconar ha justificado esta medida por el encarecimiento de los costes de construcción, que, según ha señalado, han aumentado un 40 % en los últimos cuatro años.
Para los vecinos, estas medidas podrían traducirse en nuevas promociones de vivienda protegida, aunque la ley no concreta en la información difundida cuántas viviendas se construirán, en qué municipios ni cuándo estarán disponibles.
Más facilidades para los ayuntamientos
La propuesta incluye otra medida dirigida especialmente a los municipios que tienen dificultades para elaborar o actualizar sus planes urbanísticos.
La Junta podrá conceder ayudas en especie para colaborar directamente en la redacción del planeamiento municipal.
Esta posibilidad puede resultar relevante para pequeños ayuntamientos con menos recursos técnicos, ya que la planificación urbanística condiciona dónde y cómo se puede construir.
El PP advierte de posibles problemas legales
El Partido Popular ha expresado sus dudas sobre la seguridad jurídica de la futura norma.
Su diputado Nacho Redondo ha señalado que algunos aspectos podrían entrar en conflicto con la legislación estatal o autonómica y acabar siendo recurridos ante los tribunales.
«No trato de venir aquí a decir que la ley es nula, sino que hay aspectos de esta proposición que si no se corrigen podrán acabar discutiéndose en los tribunales», ha advertido.
Entre las cuestiones que critica figuran el aumento de la edificabilidad, los cambios de usos urbanísticos y la posible reducción de determinados trámites de información pública a diez días, cuando, según el PP, la normativa estatal exige un mínimo de veinte.
Los populares también habían planteado reducir del 9 % al 6 % el tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas aplicable a inmuebles.
Otra de sus propuestas buscaba permitir la revisión de adjudicaciones de viviendas públicas concedidas para cubrir necesidades temporales, cuando desaparecieran las circunstancias que justificaron su asignación.
Estas enmiendas han sido rechazadas durante la tramitación en comisión.
Vox proponía exigir años de empadronamiento para acceder a vivienda pública
Vox también ha visto rechazadas sus 50 enmiendas.
Entre sus propuestas figuraba introducir requisitos de arraigo para acceder a viviendas públicas, mediante un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para viviendas en alquiler y diez años para viviendas en compra, dentro de los criterios de baremación.
La formación también defendía establecer planes periódicos de inspección del parque público de vivienda y garantizar información y asesoramiento jurídico a propietarios afectados por situaciones de ocupación ilegal.
Su diputado Francisco Cobo ha criticado las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y ha cuestionado las políticas desarrolladas hasta ahora.
¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?
Aunque la ley ha superado un paso importante, todavía no está aprobada definitivamente ni ha entrado en vigor.
El siguiente trámite será su debate y votación en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Si finalmente se aprueba, habrá que conocer el texto definitivo y las condiciones concretas de aplicación de cada medida.
Castilla-La Mancha – enTomelloso.com
