Casi dos años y medio han pasado desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo empezó con una denuncia que presentó el pseudosindicato Manos Limpias. Y, desde entonces, se han ido sumando nuevas líneas de investigación impulsadas por Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír. La causa ha llegado a tener hasta siete investigados ―incluido el delegado del Gobierno en Madrid, que fue exonerado por la Audiencia de Madrid al no ver indicios en su contra― y ha abarcado hasta cinco delitos ―que finalmente han quedado en dos―. Este lunes, el instructor ha comunicado su decisión de enviar a un juicio con jurado popular a Gómez y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias y malversación.
El juez ha comunicado este lunes su decisión de enviar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno
Casi dos años y medio han pasado desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo empezó con una denuncia que presentó el pseudosindicato Manos Limpias. Y, desde entonces, se han ido sumando nuevas líneas de investigación impulsadas por Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír. La causa ha pasado a tener hasta cinco investigados y ha abarcado hasta cinco delitos. Este lunes, el instructor ha comunicado su decisión de enviar a un juicio con jurado popular a Gómez y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias y malversación.
Abril 2024. Se abre la investigación. Manos Limpias presenta el día 8 ante los juzgados de Madrid una denuncia contra Begoña Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. El secretario general de la organización, Miguel Bernad, admitió después la posibilidad de que la denuncia se basase en noticias falsas. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, abre diligencias contra Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a través de sus actividades profesionales en el Instituto de Empresa (IE) y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La Fiscalía Provincial de Madrid reclama el archivo de la denuncia al considerar que no hay indicios de delito.
Junio 2024. Imputación de Begoña Gómez. Peinado cita a Gómez a declarar en calidad de investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El instructor toma esta decisión tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le entregó a finales de mayo, en el que no halló pruebas de dichos delitos. El juez pospone la declaración al 19 de julio y ese día Gómez se acoge a su derecho de no declarar.
Junio de 2024. Imputación de Barrabés. El juez llama a declarar como testigos al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés, que se encuentra ingresado en el hospital. Cuatro días después de la testifical de Barrabés, Peinado le imputa como investigado. Ocurre lo mismo tras la declaración de Goyache. La Audiencia de Madrid anuló un año después la imputación de Goyache y de Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa.
Julio 2024. La UCO descarta irregularidades. La Guardia Civil presenta un nuevo informe y descarta ilegalidades en los contratos adjudicados al empresario Barrabés.
Julio 2024. Pedro Sánchez comparece como testigo. Peinado acuerda tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio en el Palacio de La Moncloa. Ese día, el instructor se desplaza hasta la sede de Presidencia y el jefe del Ejecutivo se acoge a su derecho a no declarar al ser cónyuge de la principal investigada de la causa.
Octubre 2024. Peinado suma dos delitos más a Gómez. El juez cita a declarar a Begoña Gómez en calidad de investigada por el delito de apropiación indebida e intrusismo profesional. Peinado amplía la causa tras admitir una querella de la organización ultracatólica Hazte Oír por la supuesta apropiación de un software desarrollado por la cátedra de la Complutense que codirigía la esposa de Sánchez; y por un supuesto intrusismo al firmar unos pliegos para los que no estaría cualificada.
Abril 2025. Bolaños declara como testigo. En el marco de la línea de investigación sobre la contratación de la asesora de Gómez, el juez ve pertinente tomar declaración como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Peinado se desplaza hasta la sede de La Moncloa.
Mayo 2025. Imputado el delegado del Gobierno en Madrid. El juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Cristina Álvarez al entender que fue su “responsable y superior jerárquico” cuando este trabajaba en La Moncloa. En su declaración, Martín Aguirre aclara que él llegó al puesto en 2021, después de la contratación de la asistente de Gómez en 2018, y asegura que por entonces el cargo de secretario lo ocupaba Bolaños.
Junio 2025. Peinado pide investigar a Bolaños. El juez envía una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pide que investigue al ministro Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Julio 2025. El Supremo rechaza investigar a Bolaños. El alto tribunal rechaza la petición de Peinado de investigar a Bolaños ante lo que califica como una “absoluta ausencia” de indicios. Los magistrados afean a Peinado que en su escrito contra el ministro hubiese “una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” sobre la participación del ministro en los hechos investigados.
Agosto 2025. Gómez, imputada por malversación. El juez acuerda investigar a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación en la contratación de esta última como su asistente. El instructor se apoya en una resolución que la Audiencia de Madrid dictó en junio, en la que avalaba esta nueva línea de investigación.
Octubre 2025. Causa con jurado popular. Peinado informa a Begoña Gómez de que, si llega a juicio la causa por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida, sería juzgada por un jurado popular. Con anterioridad, ya le había comunicado lo mismo para el supuesto delito de malversación.
Abril 2026. Peinado propone juzgar a Gómez por cuatro delitos. El juez decide terminar la investigación contra Gómez y propone juzgarla por cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca) tras dos años de una polémica instrucción. Peinado, que deja fuera un quinto delito (el de intrusismo profesional), señala que Gómez se prevalió presuntamente de su relación con Sánchez para influir en autoridades y funcionarios e impulsar su carrera privada con el desarrollo de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Julio 2026. La Fiscalía y las defensas reclaman la absolución. La acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír exige 13 años de prisión para Gómez.
Septiembre 2026. Peinado mantiene el guion marcado y, tras volver de unos días de vacaciones, comunica su decisión de enviar al banquillo a Begoña Gómez y a su asistente en La Moncloa.
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