La sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre como imputados al alcalde de la localidad desde 2023, Miguel Ángel Ruiz, del PP, por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria municipal. También están investigados los concejales José Antonio Barba (primer teniente de alcalde y edil de Seguridad ciudadana, planificación, urbanismo y limpieza) y Javier Trujillo (Obras, mantenimiento y deportes), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Una funcionaria denuncia al regidor del PP y los concejales de Urbanismo y Obras de someterla a un “hostigamiento reiterado”, “actitudes vejatorias” e “injerencias” en su trabajo
Una funcionaria denuncia al regidor del PP y los concejales de Urbanismo y Obras de someterla a un “hostigamiento reiterado”, “actitudes vejatorias” e “injerencias” en su trabajo
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La sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre como imputados al alcalde de la localidad desde 2023, Miguel Ángel Ruiz, del PP, por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria municipal. También están investigados los concejales José Antonio Barba (primer teniente de alcalde y edil de Seguridad ciudadana, planificación, urbanismo y limpieza) y Javier Trujillo (Obras, mantenimiento y deportes), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Inés Llerena, funcionaria de carrera en el ayuntamiento de la localidad de 45.000 habitantes y jefa del servicio municipal de Urbanismo los últimos ocho años, presentó en mayo 2025 una denuncia en la que sostiene que el regidor y los dos concejales “han venido realizando de manera sistemática acciones, comportamientos y actitudes vejatorias (…) que han supuesto un hostigamiento reiterado en el ámbito de su relación laboral” desde que la corporación local tomó posesión del cargo en junio de 2023.
El resultado fue “un estado de ansiedad y desasosiego” de la denunciante, que sintió “afectada gravemente su integridad moral y dignidad como trabajadora con la clara finalidad” de que “abandonase su puesto de trabajo para poner en su lugar a una persona de confianza afín a la corporación”. La funcionaria relata en la denuncia haber soportado “desacreditaciones continuas” del alcalde y los dos concejañes, que ponían “en duda su profesionalidad o capacidad para desarrollar su trabajo” y según su versión realizaban “injerencias en sus funciones, dándole órdenes contradictorias que suponían un boicot a su trabajo y que además posteriormente utilizaban para culpabilizarla”.
La funcionaria aportó en su denuncia informes redactados y firmados por ella en los que advertía al equipo de gobierno de la “falta de personal” en el Ayuntamiento, con su impacto en el retraso de trabajos municipales de los que el alcalde le responsabilizaba a ella. En la denuncia también incluyó audios que grabó en varias reuniones con los denunciados con el fin de documentar el “contexto de presiones y reproches, humillaciones, desacreditaciones continuas y referencias a su incompetencia para dirigir el servicio”. De la grabación de una reunión el 11 de enero de 2024, se pueden extraer frases contra Llerena como “tú reparte las tareas y si no ya las reparto yo”, “si hay un accidente la culpa es tuya” o “si no eres capaz me lo pones por escrito”. En audios de reuniones posteriores en abril y mayo el alcalde le dedica a su subordinada, según se destaca en la denuncia, frases como “vosotros salváis el puto culo y a los demás les puteáis”, “este departamento es un puto desastre”, “eso lo hago yo y no soy arquitecto”, “dame el puto diseño ya”, “esto es un puto cachondeo de servicio”, “es para crujiros a todos” y “no te salió de las narices firmar“.
Llerena fue suspendida de empleo y sueldo seis meses en marzo de 2025, después de que la empleada denunciara que había sufrido “un incidente de todo punto inadmisible” en el que el concejal de obras le habría criticado de forma inapropiada un trabajo supuestamente mal ejecutado por la denunciante. La funcionaria presentó el 7 de marzo un escrito al departamento de Recursos Humanos y a los sindicatos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local le abrió cuatro días después un expediente disciplinario en su contra por “faltas muy graves” en su puesto de trabajo como “el abandono del servicio” y “no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que se tengan encomendadas”. La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento castellanomanchecho consideró que era una “consecuencia directa” de la situación de acoso laboral.
El alcalde de Puertollano, el primero desde la restauración de la democracia que no es del PSOE -el PP gobierna con el apoyo de Vox-, se defendió en una comparecencia frente a la versión de la jefa de Urbanismo y arquitecta municipal. Ruiz sostuvo que “como ocurre en cualquier organización pueden producirse discrepancias o momentos de tensión derivados de la propia gestión”. “Son situaciones que deben entenderse dentro de la normalidad del día a día administrativo y siempre se abordan con el respaldo de los informes técnicos correspondientes”, añadió el regidor. El pasado mes de marzo, justo un año después, el Consistorio resolvió el expediente disciplinario con un apercibimiento y devolvió a la trabajadora el salario no percibido durante los seis meses de suspensión. La funcionaria se reincorporó a su puesto de trabajo.
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