Albacete, Ciudad Real y Chiloeches figuran entre los municipios españoles que mantienen ordenanzas con cláusulas que podrían resultar discriminatorias para las personas con VIH en el acceso a licencias de taxi.
Así lo denuncia la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por Cesida, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT, que ha identificado un total de 50 municipios en siete comunidades autónomas con este tipo de normativa.
En el caso de Castilla-La Mancha, los municipios señalados son Albacete, Ciudad Real y Chiloeches (Guadalajara).
La investigación surge a raíz de la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en varios municipios de la Región de Murcia, donde solicitó información sobre ordenanzas que podrían limitar el acceso de personas con VIH a las licencias de taxi tras una queja presentada por UGT.
La comisión considera que estas cláusulas utilizan una redacción «amplia, imprecisa y desactualizada» que puede convertirse en una barrera para las personas con VIH y perpetuar el estigma asociado a esta enfermedad.
Las organizaciones sostienen que mantener este tipo de requisitos puede vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, además de transmitir una imagen errónea sobre las formas de transmisión del virus.
Por ello, reclaman que la revisión de estas ordenanzas se extienda a todos los municipios de España y no se limite únicamente al sector del taxi, con el fin de eliminar cualquier barrera legal o administrativa que pueda afectar al acceso al empleo de las personas con VIH.
Una comisión integrada por sindicatos y entidades sociales reclama revisar estas ordenanzas por considerar que vulneran el principio de igualdad
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Albacete, Ciudad Real y Chiloeches figuran entre los municipios españoles que mantienen ordenanzas con cláusulas que podrían resultar discriminatorias para las personas con VIH en el acceso a licencias de taxi.
Así lo denuncia la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por Cesida, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT, que ha identificado un total de 50 municipios en siete comunidades autónomas con este tipo de normativa.
En el caso de Castilla-La Mancha, los municipios señalados son Albacete, Ciudad Real y Chiloeches (Guadalajara).
La investigación surge a raíz de la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en varios municipios de la Región de Murcia, donde solicitó información sobre ordenanzas que podrían limitar el acceso de personas con VIH a las licencias de taxi tras una queja presentada por UGT.
La comisión considera que estas cláusulas utilizan una redacción «amplia, imprecisa y desactualizada» que puede convertirse en una barrera para las personas con VIH y perpetuar el estigma asociado a esta enfermedad.
Las organizaciones sostienen que mantener este tipo de requisitos puede vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, además de transmitir una imagen errónea sobre las formas de transmisión del virus.
Por ello, reclaman que la revisión de estas ordenanzas se extienda a todos los municipios de España y no se limite únicamente al sector del taxi, con el fin de eliminar cualquier barrera legal o administrativa que pueda afectar al acceso al empleo de las personas con VIH.
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