El plan piloto de la Generalitat de Cataluña para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra de manera permanente en institutos de secundaria conflictivos, adelantado por EL PAÍS, ha cosechado este jueves, con apenas alguna excepción, un claro rechazo de los representantes de la comunidad educativa, tanto catalana como del conjunto de España. Sindicatos de enseñanza, federaciones de familias de alumnos y asociaciones de estudiantes consideran que el Govern se equivoca de enfoque, y que debería dirigir los recursos a reforzar las plantillas de los centros educativos. Con el agravante, añaden, de que la Generalitat pone en marcha el plan tras haber recortado el personal dedicado a las labores de integración social en los centros educativos catalanes. De los 420 profesionales de perfil social que había el curso pasado en los centros catalanes, calculan, se ha pasado este curso a unos 300, según estimaciones de la Fundación Bofill. El Ministerio de Educación —que, como la Generalitat, dirigen los socialistas—, ha evitado pronunciarse sobre la medida argumentando que no conoce “su contenido concreto”.
El Govern elimina en un curso 120 profesionales de integración social en los centros educativos. Ahora hay uno por cada mil alumnos
El plan piloto de la Generalitat de Cataluña para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra de manera permanente en institutos de secundaria conflictivos, adelantado por EL PAÍS, ha cosechado este jueves, con apenas alguna excepción, un claro rechazo de los representantes de la comunidad educativa, tanto catalana como del conjunto de España. Sindicatos de enseñanza, federaciones de familias de alumnos y asociaciones de estudiantes consideran que el Govern se equivoca de enfoque, y que debería dirigir los recursos a reforzar las plantillas de los centros educativos. Con el agravante, añaden, de que la Generalitat pone en marcha el plan tras haber recortado el personal dedicado a las labores de integración social en los centros educativos catalanes. De los 420 profesionales de perfil social que había el curso pasado en los centros catalanes, calculan, se ha pasado este curso a unos 300, según estimaciones de la Fundación Bofill. El Ministerio de Educación —que, como la Generalitat, dirigen los socialistas—, ha evitado pronunciarse sobre la medida argumentando que no conoce “su contenido concreto”.
“Estamos completamente en desacuerdo. Va en la dirección contraria de lo que se necesita en los institutos”, afirma Lidón Gasull, directora de la federación de familias de Cataluña Affac. “Los centros con más conflictividad son aquellos donde se concentra una mayor proporción de alumnado en situación socioeconómica vulnerable. Y el Departamento de Educación tomó a principios de curso la decisión de recudir el número de integradores y educadores sociales que había en los centros, y estaban obteniendo unos resultados muy positivos. Dijo que los reducía por una cuestión presupuestaria, cuando tener mossos distribuidos por el territorio es mucho más caro”, añade Gasull.
El sindicato USTEC-STES, mayoritario en la enseñanza catalana, considera que la medida es “inaceptable” y “generará sensación de vigilancia y represión”. “En lugar de dar más recursos a los centros, reducir ratios, destinar más integradoras sociales o psicopedagogas para reconducir actitudes deciden meter policía en los institutos”, afirma su portavoz Iolanda Segura. “Hemos pedido enfermeras escolares porque hay alumnos con problemas de salud y no nos lo dan. En cambio, no se ha pedido nunca que entren los Mossos en los centros”, añade. Tampoco CC OO está de acuerdo. Edu Núñez, responsable de Enseñanza en Cataluña, reclama el aumento de los recursos de los centros educativos, y, en general, de las políticas públicas. “Son necesarias más políticas sociales en vivienda, salud mental, una acción comunitaria más fuerte en reforzar equipamientos juveniles y, por supuesto, más inversión decidida en educación”.
Una visión parecida tiene Jordi Satorra, presidente de Axia, la principal asociación de directores de centros públicos catalanes. “Es una medida excesiva e inviable económicamente en la práctica. La presencia policial ágil cuando se requiere, y las actividades de prevención y de apoyo son suficientes. Hacen falta enfermeros de forma presencial en los centros educativos, no mossos”, coincide Satorra.
Sus opiniones van en línea con lo que plantea Miquel Alegre, jefe de proyectos de Equidad.org (como se llama ahora la antigua Fundació Bofill, entidad dedicada al análisis de políticas educativas con sede en Barcelona). Sin negar “la existencia de índices crecientes de inseguridad, tanto real como percibida, por parte del alumnado y sobre todo del profesorado”, y de que llegado el caso la intervención policial es necesaria, el sociólogo considera que los agentes de policía no son la figura más adecuada para realizar las funciones de prevención y mediación que propugna el propio plan de la Generalitat. “Existen otras figuras del ámbito de las profesiones sociales, técnicos de integración social, orientadores y educadores sociales, que son mucho más apropiadas para realizar esas funciones de prevención, orientación y acompañamiento al alumnado y sus familias, mediación y resolución de conflictos. Y justamente este tipo de figuras se están retirando ahora mismo de los institutos y de las escuelas. En Cataluña se ha pasado en el último curso de 420 profesionales de figuras sociales dentro de los centros educativos como parte de plantilla a 300”.
1 por cada 1.000
La ratio de este tipo de profesionales se ha reducido a prácticamente 1 por cada 1.000 alumnos con necesidades educativas por razones socioeconómicas, señala Alegre.
Uno de los pocos posicionamientos favorables es el de la Asociación Sindical de Enseñanza Pública de Cataluña (ASPEC), que es el segundo sindicato más representativo en la enseñanza en Cataluña, pero el primero en los institutos públicos de secundaria, que es donde se focaliza el plan y donde mayor es el malestar por las agresiones y empeoramiento del clima escolar. Su secretario general, Ignasi Fernández, considera que la incorporación de los Mossos “ayudará a reducir la conflictividad, aunque primero debería haber protocolos de expulsión de alumnos”. La iniciativa, prosigue, es “un indicativo del ambiente” que existe en los institutos catalanes. “Las agresiones verbales son diarias. Y no solo de alumnos, sino también de padres. Siete de cada diez docentes han sido víctimas de algún tipo de agresión. Mientras tanto, los actuales protocolos acaban en nada, cuando hay alumnos que, llegado un punto, no deberían poder estar dentro del aula. Debe haber regímenes disciplinarios contundentes. Que entre la policía en los institutos debería ser la última opción, pero, de momento, los protocolos no funcionan”, añade.
Los sindicatos de alumnos también se oponen. José Luis L. Hernández, portavoz del Front d’Estudiants, critica que la iniciativa no actúa sobre las causas, sino sobre las consecuencias de los problemas que sufre el alumnado. “Los estudiantes queremos educación sexual para prevenir las agresiones, pero en ningún caso una presencia constante de la policía, al modo de tratar los centros escolares como si fueran penitenciarios. Es otra medida que criminaliza la pobreza y la precariedad”, afirma. La campaña Desmilitaricemos la Educación ha calificado, por su parte, el programa de “despropósito” y ha acusado al Govern de crearlo “de manera opaca”.
La medida tampoco convence, en el ámbito estatal, a CEAPA, la principal federación de familias de la enseñanza pública. Su presidenta, María Sánchez, ve positivo que se ponga el foco en los problemas de convivencia de los centros, “porque son una preocupación real de alumnos, familias y profesorado ante los datos sobre violencia y acoso en las aulas”. Pero considera que la solución pasa por “un enfoque más educativo y comunitario”. Francisco Venzalá, presidente del sindicato de profesorado ANPE, advierte de que la incorporación de policías en los centros educativos de forma permanente puede estigmatizarlos a ojos de las familias y el profesorado, agravando su situación. Y un portavoz del CSIF, Juanjo Sanmiguel, define el plan como “medida de cara a la galería”. “Ante los problemas de convivencia, hay que apoyar a los docentes con medidas de respaldo jurídico, protocolos claros y de ejecución inmediata y dotar a los centros de los apoyos y refuerzos necesarios para abordar las nuevas realidades de los centros”, señala.
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