El riesgo del barranco del Poyo, la rambla que, al desbordarse durante la dana de 2024, disparó el potencial mortífero de la tragedia al sepultar decenas de municipios en Valencia, comenzó a vislumbrarse siete horas antes de que la Generalitat enviara el mensaje Es-Alert para avisar a la población de la dimensión de esta catástrofe que dejó 232 muertos. El alcalde de Ribarroja (Valencia, 24.230 habitantes) ha defendido este jueves esta tesis en su comparecencia como testigo este jueves ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
Robert Raga, que ha comparecido como testigo ante la instructora Nuria Ruiz Tobarra: “Fue todo estratosférico”
El riesgo del barranco del Poyo, la rambla que, al desbordarse durante la dana de 2024, disparó el potencial mortífero de la tragedia al sepultar decenas de municipios en Valencia, comenzó a vislumbrarse siete horas antes de que la Generalitat enviara el mensaje Es-Alert para avisar a la población de la dimensión de esta catástrofe que dejó 232 muertos. El alcalde de Ribarroja (Valencia, 24.230 habitantes) ha defendido este jueves esta tesis en su comparecencia como testigo este jueves ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
Robert Raga, edil del PSPV, ha sostenido ante la magistrada que el 29 de octubre de 2024 detectó el riesgo en la rambla a las 13.00. “El Poyo, a esa hora, tenía una dimensión importante”, ha relatado ante la instructora, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración. La administración autonómica, pilotada entonces por Carlos Mazón, no envió la notificación masiva a los teléfonos hasta más de siete horas después, a las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. La demora se ha convertido en la clave de bóveda de las pesquisas de la instructora. La jueza sostiene que —si el mensaje se hubiera remitido antes— se habrían salvado vidas. “Cuando recibimos la notificación en los teléfonos, el polígono de Ribarroja ya estaba inundado”, ha precisado el alcalde.
El testigo ha remarcado que las víctimas mortales que dejó la riada quedaron atrapadas en coches y sótanos. El mensaje Es-Alert que envió el Cecopi —el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis— no instaba a los ciudadanos a subir a las primeras plantas. Raga ha reconocido, además, que, la tarde de la catástrofe, ya vislumbró que el temporal dejaría muertos. Y, por eso, en lo peor de la desgracia, improvisó un dispositivo de crisis. “Estuvimos trabajando como un call center [centralita telefónica]. Fue todo autogestión”, ha recordado este testigo que, el día de la inundación, recibió 121 llamadas.
El primer edil de Ribarroja, donde la dana dejó seis muertos y desplazó 7.000 vehículos, ha relatado que su municipio inició los preparativos para la catástrofe la víspera de la desgracia. El dispositivo contempló la convocatoria del Cecopal, el órgano local de emergencias; y el aviso a los vecinos de que no aparcaran cerca de los siete barrancos de la localidad. “Sabíamos que venía una dana con complicaciones”, ha relatado. El Ayuntamiento, además, alertó a mediodía del riesgo en el polígono local, que se extiende por seis millones de metros cuadrados, donde se erigen 1.000 naves con 20.000 trabajadores. “A las 15.00, empezaba a pintar todo muy mal”, ha recordado. “Contratamos autobuses para sacar a los empleados cuando bajara el agua. Sacamos a casi mil trabajadores. Los llevamos a colegios públicos. Algunos permanecieron tres días en estas instalaciones”, ha añadido Raga, que el día de la inundación —según ha precisado— no recibió ninguna llamada de Mazón ni del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Sí que se comunicó con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con quien intercambió wasaps a las 13.00 y 15.00, y una llamada a las 20.20, nueve minutos después del envío del primer Es-Alert.
El testigo ha rememorado cómo encaró lo peor de la desgracia, el desbordamiento del barranco del Poyo. “A las 18.20, la corriente del barranco iba a 10 y 12 kilómetros hora. Una hora después, el agua llegaba a los dos metros de altura. […] He residido en Ribarroja desde que nací. Nunca he vivido nada parecido. Fue todo de un nivel estratosférico”, ha zanjado.
La declaración de Raga desmonta la teoría del apagón informativo que, durante casi dos años, han sostenido con vehemencia la Generalitat Valenciana, el PP y los dos principales investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La tesis defendía que, si el Ejecutivo de Mazón no reaccionó al temporal fue porque organismos gubernamentales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no reportaron a tiempo el riesgo de la dana. La jueza, en decenas de autos avalados por la Audiencia de Valencia, ha refutado este principio y lo ha complementado con la idea de que la autonómica es la administración responsable en la gestión de una emergencia.
Feed MRSS-S Noticias
