El Ayuntamiento de Madrid reconoció 273 millones de euros en multas de tráfico en 2025, un 31% más de lo presupuestado (208 millones). Esto corresponde a sanciones firmes a favor de la Administración, no a lo recaudado, porque pueden seguir pendientes al cierre y cobrarse en ejercicios posteriores. Pero es un indicador para planificar los ingresos de cara al ejercicio siguente. El Gobierno local, que lidera José Luis Martínez-Almeida (PP), estimó una cifra inferior a la del año previo pese a que entonces también se superó lo previsto: de 211 millones calculados a los 220 reconocidos al final de diciembre. Lo mismo sucedió en 2023. Son datos del boletín de ejecución presupuestaria, que el Consistorio publica cada mes y que ha analizado Dvuelta, empresa dedicada a la defensa jurídica de los conductores.
En los últimos tres años, el Consistorio madrileño ha estimado una cifra por estas sanciones inferior a la del ejercicio anterior y siempre se ha superado la previsión inicial
El Ayuntamiento de Madrid reconoció 273 millones de euros en multas de tráfico en 2025, un 31% más de lo presupuestado (208 millones). Esto corresponde a sanciones firmes a favor de la Administración, no a lo recaudado, porque pueden seguir pendientes al cierre y cobrarse en ejercicios posteriores. Pero es un indicador para planificar los ingresos de cara al ejercicio siguente. El Gobierno local, que lidera José Luis Martínez-Almeida (PP), estimó una cifra inferior a la del año previo pese a que entonces también se superó lo previsto: de 211 millones calculados a los 220 reconocidos al final de diciembre. Lo mismo sucedió en 2023. Son datos del boletín de ejecución presupuestaria, que el Consistorio publica cada mes y que ha analizado Dvuelta, empresa dedicada a la defensa jurídica de los conductores.
Desde que Almeida es alcalde, las multas de tráfico se han disparado: de los 142,6 millones de euros reconocidos en 2019 a los 273 millones el año pasado. Para elaborar las previsiones de ingresos en multas, el Ayuntamiento toma como referencia principal las sanciones reconocidas de ejercicios anteriores ―no las recaudadas, porque estas no siempre se han cobrado al cierre―, que constituyen el indicador habitual de ejecución del presupuesto de ingresos. El año pasado, por ejemplo, al cierre se reconocieron 273 millones en multas de tráfico, de los que se habían recaudado 112,4 millones. En 2024 se reconocieron 211 millones e ingresaron al cierre 93,3 millones de euros.
El Ayuntamiento indica que es relevante separar entre lo que se reconoce a final de año (los llamados derechos reconocidos netos), indicador para anticipar la actividad del periodo siguiente, de lo que se recauda. Para Dvuelta, que el Consistorio madrileño presupueste cada año menos de lo que resulta al cierre “ya no admite la explicación del error técnico”, porque, señalan, esa es la referencia habitual para planificar los ingresos públicos.
Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, considera preocupante el desajuste entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se reconoce, porque la tendencia de lo que se suma al cierre ―más cada año― va en la dirección contraria a lo que se cifra de entrada ―menos cada vez―. La empresa considera que las multas de tráfico en Madrid “han dejado de ser un instrumento de seguridad vial para convertirse en un mecanismo de financiación”.
“El Ayuntamiento de Madrid cerró 2024 con multas reconocidas [no necesariamente cobradas] que suman 220,15 millones de euros y, a la hora de elaborar los presupuestos para 2025, aprobó una previsión de 208,49 millones. Es decir, fijó como objetivo oficial una cifra inferior a lo que acababa de reconocer y, además, inferior incluso a los 211,4 millones que había presupuestado el año anterior. Esto, en cualquier análisis honesto, no es un error de cálculo, es una decisión política”, critica Javaloyes. En 2023 ocurrió lo mismo, según los boletines municipales. Entonces se presupuestaron 199,3 millones de euros y se reconocieron 213,4.
La entidad, que asesora a los conductores para recurrir las multas de tráfico por la vía administrativa y judicial, indica que el grueso de las sanciones se debe a entradas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la puesta en marcha de nuevas cámaras de detección de velocidad. “Cualquier técnico municipal sabía que esas incorporaciones iban a disparar el número de sanciones. Presupuestar 208 millones en ese escenario no es prudencia, es una estrategia deliberada de opacidad”, opina Javaloyes. La entidad añade que Madrid es la capital de provincia que más ingresa por multas de tráfico en España y que en 2025 superó 3,5 veces lo previsto en Barcelona, la segunda en la lista.
Actualmente, toda la capital se considera zona de tráfico restringido y la multa por entrar en una ZBE sin etiqueta ambiental es de 200 euros, a excepción de los empadronados en la capital. Hasta ahora, estos conductores con los coches más contaminantes se movían libremente gracias a una moratoria que el Ayuntamiento amplió hasta finales de 2026. Pero el mes pasado el PP introdujo una enmienda en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por ellos, con la que sustituyó esas moratorias anuales y liga las futuras restricciones a la calidad del aire y los parámetros establecidos por la Unión Europea.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló varios preceptos de las ZBE tras un recurso presentado por Vox. El Ayuntamiento recurrió. El fallo, aun así, no tiene carácter ejecutivo, por lo que las sanciones siguen en vigor. Esto tampoco cambia qué coches pueden circular por las llamadas ZBE de Especial Protección, el antes llamado Madrid Central y la zona de Plaza Elíptica: aquellos con etiqueta cero emisiones y eco, sí, y los vehículos etiquetados como C o B solo por la zona centro y si su destino es un aparcamiento público o garaje privado. Los que no tengan etiqueta, estén empadronados o no, tampoco pueden circular ni aparcar por esas zonas.
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