Agricultores y ganaderos están preocupados por el avance de la energía solar fotovoltaica en suelo productivo. La tensión entre el campo y los promotores renovables viene de lejos. Además, empieza a haber un problema para justificar el despliegue masivo de infraestructura verde cuando se va a alcanzar este verano un récord de electricidad desperdiciada por no poder entrar el sistema.El malestar es creciente en el medio rural. Más del 90% de los trabajadores del campo reclaman una regulación específica que proteja los suelos agrarios frente al avance de las instalaciones solares, según el estudio ‘Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).La magnitud del rechazo refleja la creciente tensión entre la transición energética y la actividad agraria. El 87% de los encuestados –entre agricultores, ganaderos, técnicos, empleados públicos y residentes de municipios afectados por proyectos renovables– considera que la planificación actual no protege adecuadamente los suelos de alto valor productivo. Ocho de cada diez defienden que las instalaciones se concentren en terrenos degradados o de menor valor agrícola.El informe no cuestiona la necesidad de las energías renovables para avanzar en la descarbonización , pero sí pone el foco en el modelo de implantación. La UPM advierte de que la expansión solar a gran escala está generando «tensiones significativas» allí donde existe una elevada vocación agraria y reclama priorizar suelos ya transformados o degradados.Una mayoría de los consultados alerta de que una vez instalados los paneles solares resulta muy difícil recuperar el uso agrícola original de las parcelas. Los encuestados también señalan otros impactos: el 82% percibe riesgos de erosión o degradación; el 79% considera significativo el impacto provocado por la maquinaria; y casi el 80% cree que las plantas alteran el microclima de las fincas próximas.Los agricultores considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para el campoEn este contexto, desde la organización SOS Rural –una de las plataformas más beligerantes en esta materia–, su portavoz nacional, Natalia Corbalán, va más allá y sostiene que las actuales políticas están favoreciendo «por la puerta de atrás» el desmantelamiento del campo productivo.El desencanto alcanza también al reparto de beneficios. El 79% de los encuestados considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para las poblaciones locales. En el medio rural crece así una reivindicación clara: renovables sí, pero no a costa de las tierras que producen alimentos.Problema de vertidosEste malestar por parte del campo convive con la paradoja de que las energías renovables baten récord de capacidad instalada, pero una parte de la electricidad que pueden generar no llega a utilizarse. Con más de 100 GW de potencia renovable, la red no consigue absorber al mismo ritmo el aumento de la producción, mientras la demanda eléctrica no acaba de despegar.El problema alcanzó un hito negativo en julio de 2025, cuando los vertidos llegaron al 11% de la energía renovable disponible, según APPA Renovables. Fueron 918 GWh que no se integraron en la red. La situación se ha intensificado este año: en junio, el porcentaje alcanzó también el 10%, frente al 3% registrado un año antes, con más de 700 GWh desperdiciados. En julio volvió a situarse en torno al 11%, lo que apunta a otro mes con más de 900 GWh de energía no aprovechada.Las previsiones para agosto tampoco son alentadoras. Si se repite el comportamiento de agosto de 2025, cuando los vertidos superaron el 6%, podrían perderse más de 400 GWh. Este contexto es el que puede llevar a pensar al sector agrario si es necesario que prosiga el avance del sector fotovoltaico cuando en muchos momentos del año no se necesita tanta energía. Y menos ahora que la central nuclear de Almaraz seguirá en funcionamiento hasta 2030. Agricultores y ganaderos están preocupados por el avance de la energía solar fotovoltaica en suelo productivo. La tensión entre el campo y los promotores renovables viene de lejos. Además, empieza a haber un problema para justificar el despliegue masivo de infraestructura verde cuando se va a alcanzar este verano un récord de electricidad desperdiciada por no poder entrar el sistema.El malestar es creciente en el medio rural. Más del 90% de los trabajadores del campo reclaman una regulación específica que proteja los suelos agrarios frente al avance de las instalaciones solares, según el estudio ‘Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).La magnitud del rechazo refleja la creciente tensión entre la transición energética y la actividad agraria. El 87% de los encuestados –entre agricultores, ganaderos, técnicos, empleados públicos y residentes de municipios afectados por proyectos renovables– considera que la planificación actual no protege adecuadamente los suelos de alto valor productivo. Ocho de cada diez defienden que las instalaciones se concentren en terrenos degradados o de menor valor agrícola.El informe no cuestiona la necesidad de las energías renovables para avanzar en la descarbonización , pero sí pone el foco en el modelo de implantación. La UPM advierte de que la expansión solar a gran escala está generando «tensiones significativas» allí donde existe una elevada vocación agraria y reclama priorizar suelos ya transformados o degradados.Una mayoría de los consultados alerta de que una vez instalados los paneles solares resulta muy difícil recuperar el uso agrícola original de las parcelas. Los encuestados también señalan otros impactos: el 82% percibe riesgos de erosión o degradación; el 79% considera significativo el impacto provocado por la maquinaria; y casi el 80% cree que las plantas alteran el microclima de las fincas próximas.Los agricultores considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para el campoEn este contexto, desde la organización SOS Rural –una de las plataformas más beligerantes en esta materia–, su portavoz nacional, Natalia Corbalán, va más allá y sostiene que las actuales políticas están favoreciendo «por la puerta de atrás» el desmantelamiento del campo productivo.El desencanto alcanza también al reparto de beneficios. El 79% de los encuestados considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para las poblaciones locales. En el medio rural crece así una reivindicación clara: renovables sí, pero no a costa de las tierras que producen alimentos.Problema de vertidosEste malestar por parte del campo convive con la paradoja de que las energías renovables baten récord de capacidad instalada, pero una parte de la electricidad que pueden generar no llega a utilizarse. Con más de 100 GW de potencia renovable, la red no consigue absorber al mismo ritmo el aumento de la producción, mientras la demanda eléctrica no acaba de despegar.El problema alcanzó un hito negativo en julio de 2025, cuando los vertidos llegaron al 11% de la energía renovable disponible, según APPA Renovables. Fueron 918 GWh que no se integraron en la red. La situación se ha intensificado este año: en junio, el porcentaje alcanzó también el 10%, frente al 3% registrado un año antes, con más de 700 GWh desperdiciados. En julio volvió a situarse en torno al 11%, lo que apunta a otro mes con más de 900 GWh de energía no aprovechada.Las previsiones para agosto tampoco son alentadoras. Si se repite el comportamiento de agosto de 2025, cuando los vertidos superaron el 6%, podrían perderse más de 400 GWh. Este contexto es el que puede llevar a pensar al sector agrario si es necesario que prosiga el avance del sector fotovoltaico cuando en muchos momentos del año no se necesita tanta energía. Y menos ahora que la central nuclear de Almaraz seguirá en funcionamiento hasta 2030.
Agricultores y ganaderos están preocupados por el avance de la energía solar fotovoltaica en suelo productivo. La tensión entre el campo y los promotores renovables viene de lejos. Además, empieza a haber un problema para justificar el despliegue masivo de infraestructura verde cuando se va … a alcanzar este verano un récord de electricidad desperdiciada por no poder entrar el sistema.
El malestar es creciente en el medio rural. Más del 90% de los trabajadores del campo reclaman una regulación específica que proteja los suelos agrarios frente al avance de las instalaciones solares, según el estudio ‘Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
La magnitud del rechazo refleja la creciente tensión entre la transición energética y la actividad agraria. El 87% de los encuestados –entre agricultores, ganaderos, técnicos, empleados públicos y residentes de municipios afectados por proyectos renovables– considera que la planificación actual no protege adecuadamente los suelos de alto valor productivo. Ocho de cada diez defienden que las instalaciones se concentren en terrenos degradados o de menor valor agrícola.
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El informe no cuestiona la necesidad de las energías renovables para avanzar en la descarbonización, pero sí pone el foco en el modelo de implantación. La UPM advierte de que la expansión solar a gran escala está generando «tensiones significativas» allí donde existe una elevada vocación agraria y reclama priorizar suelos ya transformados o degradados.
Una mayoría de los consultados alerta de que una vez instalados los paneles solares resulta muy difícil recuperar el uso agrícola original de las parcelas. Los encuestados también señalan otros impactos: el 82% percibe riesgos de erosión o degradación; el 79% considera significativo el impacto provocado por la maquinaria; y casi el 80% cree que las plantas alteran el microclima de las fincas próximas.
Los agricultores considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para el campo
En este contexto, desde la organización SOS Rural –una de las plataformas más beligerantes en esta materia–, su portavoz nacional, Natalia Corbalán, va más allá y sostiene que las actuales políticas están favoreciendo «por la puerta de atrás» el desmantelamiento del campo productivo.
El desencanto alcanza también al reparto de beneficios. El 79% de los encuestados considera que las políticas actuales no garantizan que la implantación fotovoltaica genere ventajas reales para las poblaciones locales. En el medio rural crece así una reivindicación clara: renovables sí, pero no a costa de las tierras que producen alimentos.
Problema de vertidos
Este malestar por parte del campo convive con la paradoja de que las energías renovables baten récord de capacidad instalada, pero una parte de la electricidad que pueden generar no llega a utilizarse. Con más de 100 GW de potencia renovable, la red no consigue absorber al mismo ritmo el aumento de la producción, mientras la demanda eléctrica no acaba de despegar.
El problema alcanzó un hito negativo en julio de 2025, cuando los vertidos llegaron al 11% de la energía renovable disponible, según APPA Renovables. Fueron 918 GWh que no se integraron en la red. La situación se ha intensificado este año: en junio, el porcentaje alcanzó también el 10%, frente al 3% registrado un año antes, con más de 700 GWh desperdiciados. En julio volvió a situarse en torno al 11%, lo que apunta a otro mes con más de 900 GWh de energía no aprovechada.
Las previsiones para agosto tampoco son alentadoras. Si se repite el comportamiento de agosto de 2025, cuando los vertidos superaron el 6%, podrían perderse más de 400 GWh. Este contexto es el que puede llevar a pensar al sector agrario si es necesario que prosiga el avance del sector fotovoltaico cuando en muchos momentos del año no se necesita tanta energía. Y menos ahora que la central nuclear de Almaraz seguirá en funcionamiento hasta 2030.
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